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En energía, los atascos no se sienten de un día para otro. Cuando el sistema se queda sin nuevas plantas, sin redes que transporten electricidad o sin líneas disponibles para evacuar la generación, el país no se oscurece de inmediato, pero sí entra en una zona gris.
Para el Gobierno, ese punto ya llegó, aunque venía avisado por los analistas y gremios del sector. Por eso decidió mover la asignación de capacidad eléctrica mediante la resolución 101 094 de 2025 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Puntos clave, por si tiene afán:
- Se libera capacidad retenida por proyectos que no cumplieron avances mínimos. Es, en términos simples, recuperar cupos ocupados por obras que nunca arrancaron.
- Se sube al frente de la fila a las plantas con obligaciones ya otorgadas, como proyectos de cargo por confiabilidad o asignaciones en subastas. Estos son los que respaldan el abastecimiento futuro.
- También se prioriza a quienes ya superaron el paso más difícil: las licencias ambientales, un cuello de botella típico.
- UPME y operadores de red deben acelerar evaluaciones y reportar avances a entidades de control.
- La Superintendencia de Servicios Públicos, la SIC, la CREG y la UPME recibirán reportes periódicos.
En nueva regla intenta resolver un problema que el sector llevaba años advirtiendo. Había proyectos que ocupaban espacio en la red sin avanzar; centrales que ganaron obligaciones en subastas, pero seguían esperando turno; líneas con capacidad atrapada en trámites; y generadores listos para enchufarse sin una ventana para hacerlo.
En paralelo, la demanda eléctrica está creciendo más rápido que la capacidad que Colombia es capaz de construir. En los últimos 25 años, la demanda avanzó a un ritmo anual del 4,1 %, mientras la capacidad instalada lo hizo al 2,6 %.
En paralelo, la demanda eléctrica está creciendo más rápido que la capacidad que el país es capaz de construir. En los últimos 25 años, la demanda avanzó a un ritmo anual del 4,1 %, mientras la capacidad instalada lo hizo al 2,6 %, según cifras del gremio Acolgen.
Este año el salto es aún más brusco: en noviembre el consumo crece 8,2 %, impulsado por la electrificación del transporte, los procesos industriales y el mayor uso residencial. Solo los vehículos eléctricos registran un aumento del 158 % frente al año pasado.
“Esta resolución es una señal clara de que estamos actuando con responsabilidad y rigor técnico, corrigiendo los errores de gobiernos anteriores, para proteger a los usuarios y garantizar energía suficiente en el mediano y largo plazo”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. “Colombia no puede permitirse cuellos de botella que frenen la transición y pongan en riesgo la seguridad energética”.
Durante los primeros meses del año, el sistema eléctrico mostró grietas. El fenómeno de El Niño presionó a las hidroeléctricas, el consumo repuntó en varias regiones y algunos proyectos renovables siguen estancados por trámites ambientales o conflictos territoriales. Además, la expansión de redes de transmisión avanza a un ritmo más lento que la generación, creando un desequilibrio: hay proyectos listos que simplemente no caben en el sistema.
El año pasado el país sorteó un escenario crítico gracias a un año inusualmente húmedo que elevó los embalses. Si el fenómeno hubiera sido el contrario, el margen habría sido mínimo. La columna vertebral de la matriz —la generación hidráulica, que aporta el 61,5 % de la capacidad— sigue siendo la más vulnerable a temporadas secas, lo que eleva la importancia de acelerar proyectos térmicos y renovables que den respaldo.
En los últimos cinco años, el país no ha logrado incorporar ni la tercera parte de la energía que proyectaba. Hubo años críticos. Por ejemplo, en 2021 apenas entró el 7 % de lo previsto; en 2023, el 17 %; en 2024, el 22 %. En 2025 el rezago volvió a ampliarse: de cada 100 megavatios que debían entrar, solo se materializaron 9,3.
Con esa velocidad, la energía firme ya muestra faltantes crecientes, que pasan de -1,6 % en 2025 a -3,5 % en 2027, un nivel que anticipa un riesgo real si el país enfrenta un periodo seco prolongado.
Por supuesto, el resultado se verá más allá de la resolución: proyectos que sí logren sortear las demoras en redes, consultas eternas y licencias lentas; la UPME y operadores cumplen los tiempos y reportes, y los proyectos rezagados salen del sistema sin provocar turbulencias contractuales.
Si funciona, la resolución podría acelerar la entrada de nuevas plantas solares, eólicas y térmicas; descongestionar líneas críticas; y mejorar la resiliencia del sistema.
Ahora, el sector coincide en depender únicamente de proyectos solares podría sumar restricciones si la expansión futura se sigue apoyando casi exclusivamente en estas energías. Aunque esta fuente ya representa el 10 % de la capacidad instalada, su aporte depende del clima y requiere respaldo térmico, eólico e hidráulico para cortar las limitaciones.
Según Acolgen, la transición demanda equilibrio tecnológico, inversiones anuales cercanas a COP 10 y 13 billones y una señal regulatoria estable que recupere la confianza de los inversionistas.
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