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El Ministerio de Minas y Energía y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) revisaron el estado de avance de las 20 medidas que el Gobierno trazó para garantizar oferta suficiente, confiabilidad del sistema y estabilidad de precios.
Según la cartera, más del 60 % de las medidas se encuentra en fase avanzada de trámite o próxima a expedición, esto implica reglas más claras para producir, transportar, importar y comercializar gas, en un país que desde finales de 2024 depende del gas importado no solo para generar electricidad, sino también para atender hogares y comercios.
El núcleo del plan: reglas antes que obras
El eje de las 20 medidas es la construcción de un marco normativo que reduzca incertidumbre. En la reunión, el Minenergía destacó avances en piezas clave del rompecabezas regulatorio:
- El decreto de continuidad y confiabilidad del abastecimiento, que busca evitar interrupciones en el suministro, se encuentra en su fase final tras recibir más de 350 comentarios en consulta pública.
- La regulación sobre el destino del gas importado —especialmente el que entra por terminales de regasificación— avanza para permitir un uso más flexible entre generación eléctrica y demanda regulada, un punto sensible en épocas de sequía.
- La resolución de la CREG que obliga a publicar ofertas oportunas de gas y actualizar información de producción apunta a reducir opacidad y comportamientos especulativos.
- La metodología para que oleoductos y poliductos puedan operar como gasoductos abre la puerta a aprovechar infraestructura existente, una forma de ganar capacidad sin construir desde cero.
Estas medidas buscan confianza regulatoria. Sin ella, la inversión se aplaza; con ella, al menos el sistema sabe a qué atenerse.
Uno de los énfasis del plan es el seguimiento técnico del mercado. El ministerio confirmó que se consolidan esquemas de monitoreo liderados por la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con verificaciones periódicas de producción y reservas en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
La intención es cruzar lo que las empresas declaran con lo que realmente producen y fiscalizan, un ejercicio básico en apariencia, pero crucial en un mercado donde la escasez eleva precios y tensiona la relación entre Gobierno, empresas y usuarios.
En paralelo, el Gobierno y Naturgas revisaron las acciones orientadas a aumentar la disponibilidad física de gas. Aquí el horizonte es menos inmediato. Avanza la regulación para nuevos servicios de regasificación, el seguimiento a futuros terminales de importación y la estrategia de ampliación de oferta conocida como 200 GBTU+, que combina optimización de infraestructura, reposición de producción y fuentes no convencionales como biogás y biometano.
El punto crítico es el tiempo. Según el Minenergía, el avance en materia normativa “permitirá contar, en el corto, mediano y largo plazo, con un marco institucional más robusto, mayor transparencia en el mercado y mejores señales para la inversión”. Pero no eliminan los riesgos de déficit que ya han sido advertidos por centros de estudio y gremios, especialmente para 2026 y 2027.
El encuentro ocurre apenas un día después de que Andesco y el CREE publicaran un informe que pone cifras a la inquietud del sector. Colombia pasó de tener 13,6 años de reservas de gas en 2010 a 5,9 años en 2024. Hoy, incluso en escenarios de alta hidrología, el riesgo de déficit supera el 30 % en 2026 y crece hacia 2027.
En esta coyuntura, el precio promedio del gas en el país ha aumentado y lo más probable es que se mantenga esta tendencia (al menos hasta que entre más gas local, por ejemplo, el proyecto Sirius). Traer gas del exterior es más caro, por el precio de la molécula y por la logística para transportarlo.
Así, las 20 medidas funcionan como un dique regulatorio frente a una realidad con vigas débiles: el país necesita más gas y, mientras no lo produzca localmente, deberá importarlo a mayor costo.
El balance entre el Ministerio de Minas y Energía y Naturgas deja una lectura doble. Por un lado, hay avances normativos concretos y una agenda de trabajo que reconoce la urgencia del problema. Por otro, el grueso de las soluciones sigue en el terreno de la regulación, mientras la oferta física adicional aún depende de proyectos que tardarán años en materializarse.
El gas, que se consume en tuberías y no en decretos, sigue en un tránsito frágil para los hogares, la industria y la generación eléctrica. El Ministerio afirma que la lista de medidas permitirá “asegurar el abastecimiento, dar confiabilidad al sistema y evitar cualquier forma de especulación que afecte a los usuarios”.
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