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El Congreso aprobó la reforma tributaria que llevó el gobierno incluyendo varios programas de apoyo social para favorecer a la clase media y a las familias pobres afectadas por los efectos de la pandemia. Igualmente, se aprueba un auxilio para las empresas afectadas por el paro nacional y los bloqueos de las vías, para los restaurantes, bares, micro, pequeñas y medianas empresas.
Aquí puede ver cómo fue el minuto a minuto de la aprobación de esta ley.
La reforma tributaria no toca a la clase media ni a los sectores populares, menos el IVA de la canasta familiar, pero sí aumenta en algunos casos las ayudas para las personas de menores ingresos del país.
Tampoco incluye el impuesto a las bebidas azucaradas, propuesta que tuvo un intenso debate en la Cámara de Representantes cuando ésta se aprestaba a votar los 108 artículos nuevos que fueron propuestos y estudiados por una comisión accidental (y negados, al final). En su momento, el representante Juan Pablo Celis, miembro de esta comisión, aseguró que la discusión se había dividido en tres bloques: proyectos que tienen que ver con iniciativas que ya iban en curso en el Congreso. El segundo, que tiene que ver con las bebidas azucaradas. Y el tercero, que contiene propuestas sin aval del Ministerio de Hacienda.
La intervención de Celis fue en el sentido de negar los artículos incluidos en estos tres bloques. Sobre los artículos que tenían relación con las bebidas azucaradas, el representante se limitó a decir que se excluían “por respeto al trabajo de los ponentes”.
Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, entre otros representantes, demandaron al instante que aclararan por qué se negaban esos artículos porque, en realidad, una discusión sobre salud pública no puede saldarse con “pobrecitos los ponentes”.
Celis aclaró que hay dos artículos que sí tuvieron aval, de los 108, “uno que tiene que ver con motos y otro con las APP”. En concreto, el primero de estos tiene que ver con herramientas para facilitar el pago a deudores de multas por infracciones a las normas de tránsito que se hayan hecho exigibles con anterioridad al 30 de junio de 2021, con énfasis especial en los conductores de motos. Lo cierto en este punto es que la iniciativa debe pasar a conciliación entre Senado y Cámara.
Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó la aprobación de la reforma tributaria y señaló que lo vivido es “un momento histórico en el sentido de que se ve una reforma de inversión social en la que han participado distintos actores de la sociedad. Con la votación alcanzada se demuestra que los partidos depusieron sus intereses particulares en favor de una sola causa que es la causa de los más vulnerables de nuestro país. La causa de los 29 millones de colombianos que desde hoy se benefician de programas sociales. La causa del micro y del pequeño empresario, de las necesidades urgentes de las entidades territoriales. La causa de los desempleados, de los estudiantes que quieren tener matrícula gratuita”, dijo el funcionario al concluir el debate en la Cámara de Representantes. Y por último agradeció al sector privado del país que “con sentido de generosidad ha dicho aquí estamos listos y dispuestos a contribuir a este propósito social”.
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En definitiva, el Gobierno espera recaudar un poco más de $15,2 billones, elevando la tarifa corporativa del impuesto de renta del 30 % al 35 %, con lo cual obtendrá $6,7 billones. Con el plan de austeridad en el gasto público busca $1,9 billones, con la reducción del descuento del ICA del impuesto de renta del 100 % al 50 % espera $3,9 billones y el fortalecimiento de la lucha contra la evasión fiscal debería entregar unos $2,7 billones.
Los artículos dedicados a la normalización tributaria contemplan elevar el impuesto del 15 % al 17 % con plazo para acogerse en febrero de 2022 y los activos omitidos hasta el 1° de enero de 2022. La lucha contra la evasión ha dejado buenos ingresos adicionales al Gobierno en 2020: ese recaudo ascendió a $13 billones y a julio de este año va en $9,6 billones.
Sobre la tarifa de renta a las personas jurídicas se pasa de una tasa del 30 % al 35 % y el del sector financiero se eleva del 31 % al 38 %.
El Congreso aprobó que, en seis meses, los bienes que les fueron incautados a las bandas del narcotráfico pasen a CISA (Central de Inversiones S.A.) para poder ser comercializados.
Al promediar el debate los congresistas opositores anunciaron no seguir en la discusión. Varios legisladores reclamaron por el escaso tiempo para estudiar la reforma entre la presentación y la aprobación del proyecto: la ponencia fue radicada el lunes en la tarde y el debate fue programado para las 8:00 a.m. de este martes.
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Los estimativos del gobierno del presidente Duque es que el proyecto de inversión social va a beneficiar a cerca de catorce millones de colombianos.
La reforma está lejos de ser un proyecto estructural como el que necesita el país para garantizar los ingresos tributarios y buscar sanear fiscalmente las cuentas de la nación. Este proyecto les hace frente a los efectos más inmediatos de la grave crisis y coyuntura originada por la crisis sanitaria del COVID-19. Esta situación llevó a la quiebra de miles de empresas, otro tanto de negocios y dejó sin empleo a millones de colombianos. Y se hace necesario tomar medidas para seguir impulsando el gasto social, que hoy es la piedra angular del sostenimiento de miles de hogares.
Las ayudas sociales
La renta básica de emergencia otorgada mediante el Programa Ingreso Solidario estará vigente hasta diciembre de 2022 en las mismas condiciones y términos previstos, en especial las condiciones tarifarias y tributarias.
Dice la norma que la Mesa de Equidad, atendiendo a los indicadores más recientes de pobreza, podrá modificar los criterios de focalización del Programa Ingreso Solidario, considerando en todo caso los datos registrados en el Sisbén IV.
Con el objeto de generar mejoras en el impacto del programa en la población en condición de pobreza y pobreza extrema, a partir de julio de 2022, el monto de la transferencia deberá considerar el número de integrantes que componen cada hogar y el grupo de clasificación del Sisbén IV, de conformidad con lo que se establezca en el manual operativo del programa y de acuerdo con las directrices de la Mesa de Equidad.
El Gobierno Nacional, en diciembre de 2022, podrá evaluar el programa y, según los resultados obtenidos, podrá establecer su continuidad e incorporar, de manera justificada, la exigencia de condiciones para el acceso al mismo, con el objeto de generar mejoras en su impacto, así como establecer la forma en la que se articulará y complementará con los otros programas de transferencias económicas existentes.
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Los beneficios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) se otorgarán a las personas que para el período de cotización de marzo de 2021 contaran con un máximo de cincuenta empleados. Se amplía desde mayo hasta diciembre de 2021.
Para incentivar la creación de empleos se aprueba que para los empresarios que contraten trabajadores adicionales de 18 a 28 años de edad el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 25 % de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de estos trabajadores adicionales.
Para otros trabajadores que no correspondan a los jóvenes y devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 10 % de un salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) por cada uno de estos trabajadores adicionales.
Las cooperativas de trabajo asociado podrán ser beneficiarias del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y del incentivo a la creación de nuevos empleos.
Para las empresas afectadas por el paro nacional y los bloqueos de las vías se otorgará a los empleadores personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos un aporte estatal para contribuir al pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021.
La cuantía del aporte estatal a otorgar corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta el 20 % del valor del salario mínimo legal mensual vigente. Para acceder a este aporte los potenciales beneficiarios deberán demostrar la necesidad del mismo certificando una disminución del 20 % o más en sus ingresos frente a los ingresos obtenidos en marzo de 2021.
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En cuanto a la matrícula cero, fue aprobado que el Gobierno destinará recursos para atender las necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables socioeconómicamente de los estratos 1, 2 y 3. A partir de 2023, estos recursos deberán destinarse a los jóvenes de las familias más vulnerables de acuerdo con la clasificación del Sisbén IV o la herramienta de focalización que haga sus veces.
Se avaló que el monto del subsidio que otorga Colombia Mayor deberá incrementarse gradualmente hasta alcanzar un monto equivalente a la línea de pobreza extrema nacional calculada por el DANE.
Sobre los tres días sin IVA, se aprobó que podrán ser hasta tres en el año, y con la posibilidad de emplear efectivo, además de las tarjetas de crédito y débito.
Se podrán adquirir hasta tres elementos de un mismo producto y comprende electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $2,9 millones, también se incluyen elementos deportivos; juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $363.080, y útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $181.540.