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Mientras el ministro de Hacienda salió a negar con vehemencia cualquier aumento del 4x1.000, otro miembro del Gobierno (ministro del Interior, Armando Benedetti) confirmó, días antes, que el gravamen sí estaría incluido en el decreto de emergencia económica ya firmado y enviado a la Corte Constitucional.
Germán Ávila, jefe de la cartera de Hacienda, fue categórico en entrevista con La W: el impuesto del 5x1.000 no está considerado y la información que circuló en ese sentido es “totalmente falsa”. Según explicó, la emergencia económica —que el Gobierno defiende como jurídicamente estudiada— se apoyará en otros frentes: un impuesto al patrimonio más alto para los patrimonios elevados y una sobretasa al sector financiero.
“Quiero claramente informar que esta medida no está considerada entre las medidas de la emergencia económica”, dijo el jefe de cartera.
Ávila detalló un esquema progresivo para el impuesto al patrimonio (es decir, que paga más quien más tiene): tarifas que arrancan en 1 % para patrimonios desde COP 3.600 millones y que escalan hasta el 5 % para fortunas superiores a COP 100.000 millones. A eso se suma una sobretasa de 10 puntos adicionales al impuesto de renta del sector financiero, bajo el argumento de equilibrar la carga fiscal en un momento de estrechez presupuestal.
Contexto: Emergencia económica, impuestos y un pulso que apenas comienza: estas son las reacciones
El meollo es la contradicción, y por ende, la incertidumbre.
Días antes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había confirmado en rueda de prensa que el decreto de emergencia económica —ya firmado por todos los ministros y por el presidente Gustavo Petro— sí incluye el aumento del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), que pasaría del 4x1.000 al 5x1.000.
El GMF es uno de los impuestos más sensibles para los ciudadanos porque no distingue ingresos ni capacidad de pago: lo paga quien mueve dinero, desde una gran empresa hasta una persona que transfiere para pagar el arriendo o el mercado.
Además del GMF, Benedetti señaló que el decreto contempla otras medidas: IVA del 19 % para licores y juegos de suerte y azar en línea, un impuesto del 1 % a la extracción de carbón, ajustes al impuesto al patrimonio, mayores cargas sobre ganancias ocasionales y nuevos gravámenes a la gasolina. Todo con un objetivo explícito: recaudar cerca de COP 16 billones para cerrar el hueco fiscal del presupuesto de 2026, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
El origen de la emergencia económica está ahí. El propio ministro Ávila lo ha dicho: ante la imposibilidad de tramitar nuevos impuestos por la vía ordinaria, el Gobierno optó por una figura excepcional para recaudar el monto requerido para completar el presupuesto del próximo año. El decreto ya está en manos de la Corte Constitucional, que deberá decidir si la emergencia cumple —o no— los requisitos del artículo 215 de la Constitución.
Mientras tanto, el ruido persiste. No tanto por el peso exacto de cada impuesto, sino por la señal que dejan las voces del Gobierno que no terminan de alinearse.
La última palabra no la tiene el Gobierno
Todos los decretos expedidos bajo la emergencia económica tendrán revisión automática de la Corte Constitucional. El análisis podría tardar entre dos y cuatro meses, tiempo durante el cual las medidas fiscales empezarían a producir efectos reales en la economía.
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