¿Qué pasó con el agro en 2025 y que viene para 2026?

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Foto: Getty Imag

A finales de 2025, el sector agrario colombiano cierra un ciclo marcado por un crecimiento económico sin precedentes, un impulso institucional sin igual en la reforma agraria y una notable estabilización de los precios de los alimentos.

Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y los tableros de datos Macroeconómicos de la UPRA, el agro no sólo ha sido el principal motor del crecimiento nacional, sino que ha logrado reducir la pobreza y el desempleo rural. No obstante, persisten desafíos estructurales en materia de ordenamiento territorial, infraestructura y equidad. En este contexto, 2026 se perfila como un año clave para consolidar los avances y abordar las notables brechas persistentes. Hagamos un breve balance pasando por 5 pilares estratégicos.

1. Reforma Agraria, formalización y ordenamiento social de la propiedad: una agenda en aceleración

El Gobierno ha registrado avances históricos en la creación del Fondo Nacional de Tierras. A noviembre de 2025, se han gestionado 703.661 hectáreas: 446.766 por compra directa por COP 4,2 billones, 235.185 mediante procesos agrarios especiales (recuperación de baldíos, extinción, deslinde) y 21.710 por transferencias gratuitas. Se han titulado 97.432 familias, formalizando 1.883.079 hectáreas y se han constituido 19 nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que suman 980.566 hectáreas, elevando el total nacional a 26 ZRC.

Además, se han creado instrumentos de soberanía alimentaria con la creación del primer Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM) y se han declarado múltiples Áreas de Protección para la Producción de Alimentos - APPA en regiones como Cundinamarca, Tolima y Antioquia bajo la misma prerrogativa.

Bajo este contexto no hay que olvidar que aún queda un importante volumen de tierras en estado de “compra finalizada” o “comprometida” que requiere un plan de choque a inicios del año próximo para perfeccionar negocios jurídicos y entregar tierras con acompañamiento integral. Sin embargo, creo que el gran desafío para 2026 continúa siendo la articulación institucional entre ANT y ADR.

La sostenibilidad de los predios de reforma agraria depende de vincular la dotación de tierra con asistencia técnica, infraestructura, crédito y acceso a mercados. Así mismo, la consolidación de distritos integrados (como los de Córdoba–norte de Antioquia o Sucre–Bolívar) permitiría fortalecer economías de escala, promover cadenas de valor locales y servir de sustento a verdaderas agroindustrias campesinas.

2. Desarrollo rural e infraestructura: del apoyo a la producción a la agroindustrialización

El Fondo de Fomento Agropecuario (FFA) ha sido clave para articular la producción con el desarrollo. En 2025, se ejecutaron varios proyectos estratégicos en arroz, cacao, palma, pesca artesanal y plátano. Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) aprobados durante el gobierno sumaron COP 971.013 millones, lo cual significa un aumento del 328 % frente al gobierno Santos y del 183 % respecto a Duque.

Sin embargo, según los tableros de la UPRA, persisten brechas en infraestructura postcosecha (centros de acopio, secado y frío), especialmente en regiones del Caribe y la Orinoquía, lo que limita la agregación de valor y aumenta las pérdidas. Asimismo, el acceso al riego sigue siendo limitado: solo el 12 % del área cosechada cuenta con sistemas de riego, según datos del Censo Nacional Agropecuario 2014, citado en los tableros UPRA.

Sin embargo, la sostenibilidad financiera de proyectos sigue siendo el gran reto en este ítem. Muchos PIDAR dependen de cofinanciación estatal y requieren articulación con mercados garantizados. De igual manera, el modelo de cofinanciación del FFA puede escalar hacia clústeres agroindustriales campesinos o comunitarios. En este campo, luego de las crisis globales de los insumos agropecuarios, se ha avanzado mucho en inversión en biofábricas (COP 36.861 millones en 2025), la cual deberá seguir ampliándose para reducir la dependencia de insumos importados y costosos en un contexto de alta volatilidad internacional.

3. Agrocadenas de exportación: entre la diversificación y la competitividad

Las exportaciones agropecuarias y agroindustriales registraron un récord histórico en 2024, alcanzando USD 11.478 millones, un crecimiento del 13,9 % frente a 2023. En enero–septiembre de 2025, las exportaciones alcanzaron USD 11.389 millones, el valor más alto para ese periodo desde 1991, con un crecimiento del 36,7 %. Este crecimiento ha sido liderado por productos tradicionales (café, flores, banano), pero también por no tradicionales como aguacate (+54,3 %) y cacao (+106,1 %). Según los tableros de la UPRA, el volumen exportado en 2024 fue de 5,73 millones de toneladas, el más alto en la serie histórica.

Aunque se han abierto mercados en Asia y Medio Oriente, la mayoría de las exportaciones aún se concentran en Estados Unidos y Europa. En este aspecto, costos logísticos y sanitarios son grandes retos que superar, en la medida que las exigencias sanitarias internacionales se vuelven más estrictas, y los costos de transporte marítimo representan una barrera para pequeños exportadores. Sin embargo, el país tiene un As bajo la manga que es necesario potenciar: el enfoque en producción sostenible, libre de deforestación y con estándares sociales puede convertirse en un sello distintivo.

4. Producción para el mercado interno: estabilizando precios y asegurando el abastecimiento

En 2024, el abastecimiento de alimentos a los mercados mayoristas fue el más alto desde 2013, con incrementos en todos los grupos: granos (+19,2 %), frutas (+7,5 %), carnes (+5,2 %) y lácteos (+6,4 %). La inflación de alimentos pasó de 25,57 % en agosto de 2022 a 5,74 % en noviembre de 2025, una caída de 19,8 puntos porcentuales. Según los tableros de la UPRA, en octubre de 2025 el abastecimiento fue 6,5 % superior al de octubre de 2024, y acumula un incremento de 4,7 % en enero–octubre.

Los datos anteriores no pueden ocultar que aún queda mucho por hacer con referencia a las asimetrías de información y poder que se mantiene en nuestro abastecimiento interno. Es vital que la política pública corrija las desventajas para acceder a mercados formales y negociar precios justos a las que se enfrentan los pequeños productores. Igualmente, estratégico es que el país disminuya su dependencia de las importaciones de maíz amarillo y soya para la agroindustria.

5. Indicadores socioeconómicos de la ruralidad: reduciendo brechas desde el empleo y la pobreza

Por último, aunque los indicadores sociales muestran avances, aún se mantienen brechas estructurales. La pobreza monetaria rural bajó del 45,9 % en 2022 al 42,5 % en 2024, lo que equivale a 339.000 personas menos en pobreza. El desempleo rural en enero–septiembre de 2025 fue del 7,1 %, el más bajo en siete años, y el empleo agropecuario alcanzó los 3,4 millones de ocupados. Según los tableros de la UPRA, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) rural se redujo de 25,1 % a 24,3 %, lo que representa 77.000 personas menos en privaciones múltiples.

Sin embargo, y aunque la pobreza monetaria disminuye, el IPM rural sigue siendo alto, reflejando carencias en salud, educación y servicios básicos. Así mismo, la inseguridad alimentaria rural es uno de los grandes lunares de balance del sector.

Conclusión

El balance del sector agrario en 2025 arroja un escenario de crecimiento económico robusto, pero con profundas asimetrías territoriales y sociales. Los avances en reforma agraria, formalización y crédito rural son históricos, pero su sostenibilidad dependerá de la capacidad del Estado para articular políticas en lo local, garantizar la seguridad jurídica de los predios, y vincular la producción con la transformación y el mercado. En 2026, Colombia tiene la oportunidad de consolidar un modelo de desarrollo rural que no solo produzca alimentos y divisas, sino que construya paz, equidad y resiliencia frente al cambio climático. El éxito no se medirá solo en hectáreas distribuidas o toneladas exportadas, sino en la calidad de vida de los 12 millones de personas que viven en el campo.

* Miembro del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la U. Javeriana de Cali

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