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La reforma tributaria radicada por el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 20 de julio sigue sumando reacciones. Esta vez fue la Unión Gremial Somos Uno, que agrupa a estaciones de servicio del país, la que advirtió que el componente relacionado con combustibles podría traducirse en un aumento acumulado de hasta COP 1.942 por galón para la gasolina corriente y de COP 1.331 por galón para el ACPM al cierre de 2028.
Según el gremio, el primer incremento llegaría el 1 de enero de 2027, cuando la gasolina pasaría de COP 16.291 a 17.151 pesos por galón, es decir, un aumento de 860 pesos. En el caso del ACPM, el precio subiría COP 841 y alcanzaría los 12.417 pesos por galón.
El resto del incremento se completaría en dos etapas adicionales: en julio de 2027, con el gravamen al alcohol carburante, y desde enero de 2028, cuando el IVA sobre el ingreso al productor pasaría del 10 % al 19 %, tal como plantea el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda.
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El pilar de la tributaria
Los combustibles representan uno de los pilares de la reforma tributaria. El Ejecutivo calcula que elevar gradualmente el IVA permitiría recaudar alrededor de COP 3,6 billones en 2027 y cerca de COP 7,58 billones en 2028.
La justificación viene en doble vía. Por un lado, el Gobierno sostiene que Colombia mantiene precios de gasolina y diésel inferiores al promedio de América Latina. Por otro, argumenta que los combustibles fósiles no incorporan plenamente los costos ambientales y de salud pública derivados de su consumo.
La iniciativa hace parte de un proyecto más amplio con el que el Gobierno espera obtener COP 21,9 billones adicionales en 2027 para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas. Según el Ministerio de Hacienda, el país enfrenta un desequilibrio fiscal estructural que obliga a aumentar los ingresos del Estado si se quiere recuperar el cumplimiento de la regla fiscal a partir de 2028.
La deuda del subsidio
Ese contexto cobra aún más relevancia porque el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) continúa bajo presión. Distintos análisis privados, entre ellos los de Moody’s Ratings y Anif, han advertido que mantener congelados los precios internos mientras el petróleo permanece elevado ampliaría nuevamente el déficit del fondo hasta los COP 10 billones en 2026. A principios de año, antes del conflicto en Oriente Medio, se estimaba que el rojo del FEPC sería de COP 1,9 billones.
Aunque desde que se creó en 2007 ha sumado cerca de COP 125 billones en déficit, con la nueva proyección la cifra rondaría los COP 136 billones.
El aumento en la estimación del déficit tiene motivos, sobre todo uno muy conocido: la montaña rusa del precio del petróleo. De hecho, el Brent volvió a acercarse a niveles históricamente altos tras las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y este 23 de julio cotiza alrededor de USD 93,80 por barril. Ese comportamiento incrementa la diferencia entre los precios internacionales y los valores internos de referencia, un factor que presiona las cuentas fiscales cuando el Gobierno decide no trasladar completamente esos aumentos al consumidor.
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Las tres alertas que plantea el gremio
Más allá del incremento en los precios, Somos Uno asegura que el proyecto de reforma tributaria presenta problemas técnicos que podrían tener efectos económicos adicionales.
El primero tiene que ver con el enfoque ambiental de la propuesta. Según David Jiménez Mejía, vocero nacional del gremio, aunque el Gobierno proyecta obtener COP 7,58 billones por concepto del IVA a los combustibles en 2028, el componente estrictamente ambiental representaría apenas alrededor de COP 218.000 millones.
A juicio del dirigente, eso pone en duda que el objetivo principal del impuesto sea ambiental. Además, cuestionó que el proyecto grave con IVA al alcohol carburante y a los biocombustibles, pese a que la misma iniciativa reconoce que estos productos no hacen parte de los combustibles fósiles.
La segunda preocupación apunta al tratamiento tributario del ACPM. El gremio sostiene que excluir la venta minorista del diésel rompería el esquema de IVA plurifásico y convertiría el impuesto en un costo adicional para transportadores, agricultores e industrias, que terminaría incorporándose al precio del transporte de carga y, posteriormente, al valor de numerosos bienes de consumo.
La tercera crítica está relacionada con el efecto ambiental esperado. Según Somos Uno, la evidencia reciente muestra que los incrementos en los precios de los combustibles no reducen de manera significativa el consumo, por lo que la medida tendría un alto potencial de recaudo, pero resultados limitados en materia de reducción de emisiones.
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Estaciones de servicio temen asumir parte del impuesto
Otro de los puntos que más inquieta al gremio tiene que ver con el IVA aplicado al margen regulado que reciben las estaciones de servicio por cada galón vendido.
Según el análisis presentado por Somos Uno, gravar ese margen representaría un costo cercano a COP 219 adicionales por galón, lo que equivaldría a alrededor de COP 928.000 millones al año para el sector.
La preocupación radica en que, según los distribuidores, la regulación vigente impediría trasladar completamente ese mayor costo al consumidor final. En consecuencia, numerosas estaciones tendrían que absorber el impuesto con sus propios márgenes de operación.
“Contrario a lo planteado por el Ministerio de Hacienda, numerosas estaciones no podrán trasladar ese mayor costo al consumidor debido a la regulación vigente de precios”, sostuvo Mejía, quien advirtió que esto podría afectar especialmente a las estaciones de servicio de menor tamaño y ubicadas en municipios donde la demanda es reducida.
El gremio recordó que en 226 municipios del país existe una única estación de servicio. En esas zonas, advirtió, una reducción significativa de los márgenes podría comprometer la viabilidad económica del negocio y, eventualmente, el abastecimiento permanente de combustibles.
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Las cuatro modificaciones que propone el sector
Somos Uno pidió al Gobierno y al Congreso introducir varios cambios al articulado antes de que continúe su trámite legislativo.
Entre las solicitudes están mantener el tratamiento actual del IVA para el ACPM, conservar la exclusión del IVA para el alcohol carburante y los biocombustibles, incorporar el IVA sobre el margen minorista como un componente independiente dentro de la estructura oficial de precios y aplazar la expedición del proyecto de resolución CREG 704-015 hasta que el Congreso defina el texto definitivo de la reforma.
Para el gremio, esas modificaciones permitirían evitar distorsiones tributarias sin impedir que el Estado recaude recursos adicionales.
Jiménez aseguró que las estaciones de servicio no rechazan la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, pero considera que el diseño tributario debe evitar que el peso del impuesto termine recayendo sobre actores para los cuales originalmente no fue concebido.
“No nos oponemos a contribuir, pero el diseño debe ser técnicamente correcto, el problema fiscal es real y no lo negamos. Estamos dispuestos a discutir cuánto debe aportar el sector. Lo que pedimos es que el impuesto se cobre donde el legislador decida cobrarlo y no donde una omisión de diseño lo termine depositando”, afirmó.
Por ahora, el proyecto apenas inicia su discusión en el Congreso y enfrenta un escenario político complejo.
Aunque el Gobierno insiste en que la reforma es necesaria para corregir el deterioro de las finanzas públicas y recuperar la sostenibilidad fiscal, distintos analistas consideran que la iniciativa tiene pocas probabilidades de ser aprobada tal como fue presentada, especialmente porque la nueva administración tendrá la posibilidad de impulsar su propia reforma tributaria en los próximos meses.
Mientras tanto, el debate sobre los combustibles seguirá ocupando un lugar central. No solo porque el Gobierno espera obtener de ese componente una parte importante del recaudo proyectado, sino porque coincide con un contexto internacional de alta volatilidad en los precios del petróleo.
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