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"Representa un paso significativo": FMI sobre ley fiscal que radicó Gobierno De la Espriella

El Fondo Monetario Internacional aseguró que el "importante paquete de medidas" es un paso para fortalecer la sostenibilidad fiscal de Colombia.

Imagen de referencia Fondo Monetario Internacional.
Foto: AFP - MANDEL NGAN
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Este lunes, el Fondo Monetario Internacional se pronunció sobre la ley fiscal, llamada por el Gobierno “ley de rescate económico”, con la que el Ejecutivo promete mejorar las finanzas del país en COP 51 billones en 2027 y en COP 122 billones para 2030.

El proyecto de ley combina un recorte de gasto, que según el vicepresidente José Manuel Restrepo representa el 70 % del ajuste, con modificaciones en impuestos. Hasta el momento, congresistas de todas las bancadas (incluyendo a las del oficialismo) han cuestionado los nuevos tributos y han dicho que los revisarán con cuidado para evitar afectar el bolsillo de los colombianos.

“Damos la bienvenida a la decisión de las autoridades de presentar ante el Congreso un importante paquete de medidas fiscales. Esto representa un paso significativo para hacer frente a los desafíos fiscales heredados por la nueva administración y fortalecer la sostenibilidad fiscal de Colombia”, afirmó Julie Kozack, portavoz oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Agregó que el organismo financiero multilateral espera seguir trabajando estrechamente con las autoridades colombianas.

En noviembre, una misión del organismo visitará el país en el marco de la solicitud que hizo el Gobierno de Abelardo de la Espriella de iniciar la consulta del Artículo IV, que es una evaluación de la situación económica y el primer paso para explorar otras opciones de financiación con el FMI.

El mes pasado, en una entrevista exclusiva con El Espectador, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, aseguró que Colombia tiene que realizar un ajuste fiscal considerable y dijo que las conversaciones con el Gobierno están en una “fase exploratoria”.

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“Estamos continuando ese diálogo con el Gobierno para examinar las distintas opciones y lograr que el ajuste fiscal no perjudique a los sectores más pobres, respalde el crecimiento a largo plazo, reduzca la deuda, o al menos la estabilice, y disminuya las necesidades de financiamiento. Todavía no hemos decidido exactamente cómo evolucionará el proceso, porque corresponde al Gobierno decidir cuál es la mejor manera en que podemos ayudarlo. Podemos hacerlo mediante nuestras labores de supervisión económica, a través de la consulta del Artículo IV; también estamos muy dispuestos a ofrecer asistencia técnica o podemos hacerlo mediante un acuerdo de financiamiento con el Fondo”, dijo a este diario.

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¿Qué propone la ley de ajuste fiscal?

Con el proyecto, el Gobierno promete reducir el tamaño del Estado en 15 %. Entre otras cosas, el Ministerio de Hacienda informó que, con la propuesta, en 2027 el gasto en contratos de prestación de servicios se reduciría en 50 % y para 2028 los gastos en salarios de todas las entidades que están en el Presupuesto, menos la Fuerza Pública, caerían 20 %. También afirmó que la “plata quieta” en fondos volverá a la caja. La ley, además, le da al presidente facultades extraordinarias por seis meses para suprimir y fusionar ministerios y entidades.

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Del lado de los impuestos, entre los cambios más profundos está en el famoso IVA: eliminar exclusiones y gran parte de las exenciones, lo que implica que varios bienes y servicios que tenían una tarifa del 0 % o del 5 % quedarán gravados con el 19 %, algunos cuando entre en vigencia la ley y otros a partir del 2028.

Para mitigar los impactos, el Gobierno propone el programa "EfectIVA": 19 millones de colombianos, los más pobres y vulnerables, recibirían la devolución total del IVA que pagan y otros 16 millones tendrían una devolución parcial, de hasta el 50 %.

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El Gobierno propone bajar los impuestos a las empresas para impulsar el crecimiento económico (puntualmente pasar de una tarifa general del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028) y crear el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que rebaja la tarifa para grandes proyectos de inversión que arranquen entre 2027 y 2029, pero cobrar más a las personas naturales.

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Para calcular el impuesto de renta, a los ingresos de cada persona se les restan las deducciones y beneficios que permite la ley. Hoy, si lo que queda después de esa resta (base gravable) no supera las 1.090 UVT (COP 57,1 millones al año en 2026), no se paga impuesto. Con la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella, ese límite bajaría a 720 UVT (COP 37,7 millones en 2026). La tarifa para el tramo entre 720 UVT y 1.090 UVT sería del 9 %.

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Desde ya está claro que el camino de la iniciativa en el Legislativo será cuesta arriba.

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