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Si en Colombia premiaran la falta de ejecución, el sector de obras civiles sería uno en la lista. Según el más reciente informe de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), seis de cada diez proyectos del Instituto Nacional de Vías presentan un avance de ejecución presupuestal promedio menor al 20 %.
El gremio detalló que cerca de un billón de pesos se quedaron sin ejecución en medio de un mar de obras clave para la conectividad y la productividad de las regiones.
“Un nivel crítico en un año marcado por la restricción de liquidez del Estado y por el bajo desempeño del sector Transporte”, advirtió la CCI.
Las cifras generales evidencian el rezago. De los COP 15,67 billones para la vigencia 2025 apenas se alcanzó el 46,3 %, equivalente a 7,26 billones, por debajo del nivel de ejecución total del Presupuesto General de la Nación (87 %).
“Fue el sector productivo con peor desempeño del Estado”, afirmó el gremio. El Invías concentró los mayores niveles de subejecución. “Avances mínimos, pese a su carácter estratégico para la integración territorial”, reiteró.
“Para la CCI, resulta paradójico que la mayor subejecución de recursos se concentre justamente en las regiones más marginadas y rezagadas del país, aquellas que el propio Gobierno ha señalado como prioridad de su agenda social”, dijo Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la CCI.
De los 62 proyectos con bajo nivel de avance se encuentran corredores nacionales y regionales como la Troncal del Magdalena, la Transversal del Caribe, la vía Bogotá-Tunja-Duitama-Pamplona-Cúcuta y la carretera Altamira-Florencia.
Colombia Avanza, un programa crítico en el Pacífico “sufrió un recorte drástico”, aseguró el gremio: pasó de COP 156.000 millones previstos a cerrar el año con 140 millones.
Y la iniciativa Caminos Comunitarios, el programa estrella del Gobierno que pretendía intervenir 33.000 kilómetros de vías, dejó en vilo la ejecución de COP 63.200 millones el año pasado. Lo cierto es que las expectativas, ya de por sí desinfladas, han sufrido un revés tras otro. En diciembre la Contraloría anunció que el avance real es de apenas 117,2 kilómetros, el 0,36 % de lo prometido para los cuatro años del presidente Petro.
El ente de control, que revisó las vigencias 2023 y 2024, encontró 48 hallazgos fiscales por COP 1.513 millones, además de fallas estructurales que comprometen supervisión, capacidades técnicas, ejecución y manejo de recursos.
El organismo subrayó que el Instituto Nacional de Vías (Invías) terminó “delegando la autorización del gasto en los interventores y los presidentes de las JAC”. El cuello de botella se dio por la incapacidad técnica, organizacional y operativa de las Juntas de Acción Comunal, detalló la Contraloría.
Según el Ministerio de Transporte, para 2026, el programa tendrá una reactivación con COP 205.000 millones y otros COP 70.000 millones en convenio con el Fondo de Adaptación, para la placa huella en La Mojana. El mismo fondo que Angie Rodríguez, entonces encargada del DAPRE, cuestionó por la irregularidad en el manejo de recursos públicos.
Las megaobras también llevan del bulto. En medio de un panorama de incertidumbre, a principios de año el Gobierno redujo cerca de un billón en vigencias futuras comprometidas para la vía Mulaló-Loboguerrero y el Canal del Dique.
Las vigencias son pagos previamente pactados, con reglas claras y respaldo legal.
Actualmente, ambos proyectos están congelados, pero incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y financiados bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP), donde el Estado se compromete a pagar a largo plazo lo que el sector privado adelanta hoy.
En un país donde las carreteras siguen siendo una variable de productividad, cohesión social y presencia institucional, la subejecución es un freno al desarrollo. Cada proyecto detenido amplía brechas, encarece la logística y erosiona la credibilidad de la política pública
El resultado es un coctel de alto riesgo frente al manejo de la plata pública. Lo que queda es un vacío que se paga con menor crecimiento y mayor desigualdad.
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