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Cuando un proyecto de infraestructura o energía pasa por territorios de comunidades étnicas, debe hacer una consulta previa con ellas, y mientras esa consulta no se define o no termina, la autoridad ambiental no puede avanzar en el estudio de la respectiva licencia. Así es como funciona todo hasta ahora. La noticia es que el Gobierno quiere cambiar eso con un borrador de decreto que presentaron los ministerios del Interior y de Ambiente esta semana.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara citó a Sirius, el mayor hallazgo de gas de Colombia, y a la línea de transmisión Colectora, en La Guajira, como algunos de esos proyectos que ganarían tiempo. ¿Por qué el tema genera debate? Le explicamos.
¿Qué dice el borrador de decreto sobre la consulta previa?
Es un documento de 10 páginas, El Ministerio de Ambiente modifica el Decreto 1076 de 2015, donde se reúne buena parte de las reglas ambientales del país. Como lo publicó El Espectador en este artículo, la idea central es que la evaluación de la licencia avance al mismo tiempo que la consulta con las comunidades étnicas, y no una detrás de la otra.
La propuesta no es del todo nueva. A comienzos de septiembre, el vocero del Gobierno, Miller Soto, había dicho que buscaba que la licencia ambiental y la consulta previa "puedan avanzar de forma paralela y autónoma".
De convertirse en decreto, el primer cambio es la eliminación de un requisito que, en teoría, ya no se estaba aplicando: un certificado sobre la presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto. Desde 2019, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), del Ministerio del Interior, no expide ese documento. Lo que hace ahora es determinar si procede o no la consulta.
El segundo cambio tiene que ver con el momento. Hoy, hasta que la DANCP no decide si la consulta procede, o hasta que esta no se protocoliza, la evaluación de la licencia ambiental no puede avanzar. De acuerdo con el borrador, la ANLA o la Corporación Autónoma Regional (CAR) podrían iniciar el trámite, visitar el área, pedir información adicional y solicitar conceptos a otras entidades, aunque la consulta esté pendiente o en curso.
Pero la propuesta del Gobierno también contempla un límite. Ni la ANLA ni otra autoridad podrán otorgar o negar la licencia hasta que la DANCP defina si procede la consulta y, en caso de que sí, declare agotado el proceso. Y si la evaluación termina antes, el plazo para decidir quedará suspendido. En otras palabras, la consulta previa deja de frenar el estudio de la licencia, pero sigue siendo una condición para la decisión final.
El borrador también ordena que los acuerdos de la consulta sobre prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos ambientales, y que sean competencia de la autoridad ambiental, queden incluidos en la resolución que otorga la licencia. Esta no podrá "modificar, sustituir o reinterpretar" lo pactado con las comunidades. Una vez se cierre la consulta, la autoridad tendría diez días hábiles para ajustar su informe técnico con los aspectos ambientales que hayan surgido en ese diálogo, si lo considera pertinente.
Las mismas reglas se aplicarían a modificaciones de licencias ya otorgadas y a trámites especiales. Y los trámites que hoy están suspendidos a la espera de la consulta tendrían que reanudarse de oficio, es decir, por iniciativa de la propia autoridad, sin perder lo que ya se había avanzado.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el decreto no requiere consulta previa con las comunidades étnicas, porque solo fija reglas para articular y coordinar dos trámites y no afecta ninguno de sus derechos actuales.
¿Por qué la consulta previa genera debate?
Para el Gobierno, el problema es el tiempo. Como lo publicó El Espectador en este artículo, a finales de agosto el ministro Lara dijo que "la consulta previa no puede ser un riesgo para la inversión en infraestructura". El vocero Miller Soto, por su parte, planteó que debe dejar de ser "un requisito que impida iniciar, evaluar o decidir sobre un proyecto en específico".
A través de un trino en su cuenta de X, Lara aseguró que un proyecto ya no tiene que esperar años a que termine la consulta para empezar a tramitar su licencia, y puede avanzar en paralelo "sin rebajar la calidad técnica de los estudios". "La consulta previa se respeta. El tiempo perdido y el represamiento, no", añadió.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, se pronunció al respecto y, a través de su cuenta de X, dijo que sin términos definidos ni gestión eficiente, la consulta "se volvió un proceso interminable que frena proyectos estratégicos". Para Murgas, el plan de Lara introduce "orden, plazos definidos y gerenciamiento".
Hay cifras que alimentan esa discusión. Según los datos que presentó el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, autor de un proyecto de ley aparte sobre el mismo tema, entre 2011 y 2026 se iniciaron 12.588 procesos de consulta previa en el país y 5.817 siguen activos, sin concluirse.
Del otro lado están quienes ven la consulta como un derecho y no como un trámite. Julián Trujillo Guerrero, director de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, dijo a este diario que hay un error en ver la consulta como un simple trámite: para él, es un diálogo para conciliar dos ideas distintas de desarrollo.
María Camila Aponte, consultora de Holland & Knight, plantea que: "no debe verse la consulta como un trámite previo al licenciamiento, sino previo a la ejecución del proyecto obra o actividad". Recordó que, durante el boom de las vías 4G, la consulta se hacía de manera paralela, pero debía terminarse antes de que se otorgara la licencia. Aun así, advirtió que avanzar en paralelo puede dificultar el entendimiento de los impactos, porque la matriz de impacto de la consulta suele alimentar el estudio de impacto ambiental, un paso clave para pedir la licencia.
Estas críticas se hicieron sobre la propuesta que el Gobierno anunció en septiembre, antes de que se conociera el borrador. Entonces, las cuatro fuentes consultadas por El Espectador coincidieron en que la Corte Constitucional podría tumbarla si no pasaba por una consulta previa con las comunidades étnicas.
Sirius, el mayor hallazgo de gas y sus 120 consultas previas
Sirius es un proyecto de gas costa afuera, en el Caribe colombiano, que actualmente desarrollan Petrobras y Ecopetrol. Aumentaría las reservas del país en un 200 %, y por eso es la opción más clara para resolver, al menos en parte, el déficit de gas.
Colombia importa gas desde 2016 para respaldar las plantas térmicas que generan electricidad, y desde diciembre de 2024 también lo necesita para atender la demanda. Producirlo en el país sale más barato que traerlo, porque a la molécula importada hay que sumarle los costos logísticos. En la primera semana de junio, las importaciones llegaron a 32 % del consumo nacional, el nivel más alto registrado. Y el presidente de la ACP, Frank Pearl, advirtió en agosto que el país tendrá déficit durante los próximos cuatro años.
Sirius, por lo tanto, es la gran promesa de cara a tener gas propio en Colombia, pero no será algo inmediato. Según Petrobras y Ecopetrol, la decisión final de inversión se tomaría a finales de 2027, y con ella arrancarían la construcción, la perforación de pozos y la instalación de tubería. El gas llegaría al mercado en 2030, con una producción de 470 millones de pies cúbicos diarios durante diez años. Después de esa década, el pozo empezaría a declinar.
Aquí entra la consulta previa. El gas de Sirius tiene que viajar por un gasoducto hasta la infraestructura en tierra, y ese gasoducto requiere más o menos de unas 120 consultas previas. Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, explicó en abril de este año que lo anterior implica más de 1.500 reuniones con las comunidades. "En el tema de la línea submarina hemos avanzado en más del 90 % en la ruta crítica y en el protocolo con la dirección de consultas previas de estas comunidades", dijo entonces Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol.
En ese momento, el plan que comentaron las empresas era cerrar las consultas a finales de este año y radicar la licencia ambiental a comienzos de 2027. Ahora bien, lo que plantea el ministro Lara y el Gobierno es que Sirius pueda adelantar su licencia ambiental mientras esas consultas se cierran.
En octubre de 2024, cuando el hallazgo de gas todavía se conocía como Uchuva, un juez ordenó suspender las labores en el pozo porque, a su juicio, no se había respetado el derecho a la consulta previa de la Comunidad Indígena Tayrona. El Ministerio de Minas impugnó la decisión, con el argumento de que, por su ubicación, las labores no alcanzan a afectar a esa comunidad. Entre los compromisos que se aceptaron estuvo el cambio de nombre del pozo, porque para la comunidad "Uchuva" era una apropiación cultural.
Colectora, en La Guajira y sus más de 250 consultas previas
En su trino tras la presentación del borrador de decreto, Lara también mencionó a Colectora y a los proyectos de energía de La Guajira, que, según afirmó el ministro, pierden años por el "mismo cuello de botella": las consultas previas.
Colectora es una línea de transmisión eléctrica que llevaría al sistema nacional la energía de siete parques eólicos de La Guajira, unos 1.050 megavatios. La construye Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá, y las consultas previas han sido uno de sus mayores obstáculos.
Como publicó El Espectador en junio de 2025, el diálogo con las comunidades había enredado el proyecto desde 2023, porque se debían hacer más de 220 consultas previas con las comunidades étnicas que atraviesa la obra. Inicialmente se contemplaban 235, pero la cifra subió a más de 250 con corte a agosto de 2026. A eso se sumó cerca de un año para certificar a las comunidades que debían participar: fueron unas 260, la mayoría del pueblo wayuu, pero también yukpa, pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos consejos comunitarios.
Las consultas, sin embargo, no son la única razón del retraso. Enlaza había previsto poner la línea en operación en agosto de 2026 y ahora habla del segundo trimestre de 2027. Esa fecha inicial se fijó después de obtener la licencia ambiental, con un plazo de 100 semanas para ejecutar la obra. Pero como le dijo Fredy Zuleta, gerente general de Enlaza, a El Colombiano durante la construcción aparecieron entre 17 y 18 comunidades adicionales que debieron ser consultadas, y se sumaron problemas de seguridad en el territorio.
La obra, de unos 475 kilómetros y 516 torres de 500 kilovoltios, va en cerca de 80 %. El tramo sur, entre Cuestecitas y La Loma, está terminado y en las últimas pruebas eléctricas. En el norte, 425 de las 516 torres tienen avance constructivo y hay 56 kilómetros de línea tendidos.
Entre tanto, varios parques eólicos y solares de La Guajira siguen en etapas tempranas de financiación o construcción, y algunos no entrarían en operación antes de 2028.
Por ahora, la propuesta del Gobierno es solo un texto publicado para comentarios. Falta ver si llega a convertirse en decreto. Mientras tanto, los dos proyectos siguen su propio calendario. Según contaron Petrobras y Ecopetrol en abril, el plan para Sirius era cerrar las consultas previas a finales de este año y radicar la licencia ambiental a comienzos de 2027. La decisión final de inversión vendría a finales de 2027, y el gas llegaría al mercado en 2030. Enlaza, por su parte, espera poner Colectora en operación en el segundo trimestre de 2027.
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UJUD(9371)•Hace 12 horasUffffff….
