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Colombia cerró 2024 con mejores indicadores sociales. La pobreza monetaria y la pobreza multidimensional volvieron a bajar, según el DANE, y el país tocó nuevos mínimos en varias mediciones. Pero ese avance no se distribuye de manera pareja. Cuando se mira el mapa desde las víctimas de la violencia, el retrato es otro: casi la mitad sigue viviendo por debajo de la línea de pobreza, y cerca de una de cada cinco en pobreza extrema.
Ese contraste es el eje del nuevo informe del DANE sobre pobreza monetaria y pobreza multidimensional en población víctima del conflicto armado y del desplazamiento forzado.
En 2024, el 44,6 % de las personas víctimas de la violencia fue clasificado como pobre monetario. Es una reducción de 4,2 puntos porcentuales frente a 2023. En la población víctima de desplazamiento forzado, la incidencia fue incluso mayor, del 45,8 %, con una caída similar frente al año anterior.
Mientras el promedio nacional de pobreza monetaria fue de 31,8 %, las víctimas del conflicto estuvieron casi 13 puntos por encima. Es decir, aun cuando el país mejora, las víctimas parten desde mucho más atrás.
Las cifras muestran avances reales, pero también dejan claro que la violencia sigue operando como un ancla estructural que ralentiza —y en algunos casos bloquea— la mejora de las condiciones de vida.
La brecha se mantiene tanto en ciudades como en zonas rurales. En cabeceras urbanas, el 43,3 % de la población víctima fue pobre monetaria; en centros poblados y rural disperso, la proporción subió a 46,7 %. En el caso de desplazamiento forzado, la diferencia territorial es casi idéntica. El lugar importa, pero la condición de víctima pesa incluso más.
Pobreza extrema: el piso sigue siendo demasiado bajo
La mejora también llegó a la pobreza monetaria extrema, pero a un ritmo menor. En 2024, el 18,1 % de las víctimas vivía con ingresos insuficientes incluso para cubrir una canasta básica de alimentos (es decir, por debajo de la línea de pobreza extrema). En el caso del desplazamiento forzado, la cifra fue del 18,5 %.
La ruralidad vuelve a marcar la diferencia. Mientras en cabeceras la pobreza extrema entre víctimas fue del 14,9 %, en centros poblados y zonas rurales dispersas alcanzó el 23,5 %.
La pobreza también tiene rostro de mujer
El cruce por sexo confirma un patrón persistente. En todos los años analizados, la pobreza monetaria y la pobreza extrema son más altas entre las mujeres víctimas que entre los hombres. Aunque entre 2023 y 2024 hubo reducciones para ambos, la brecha no desaparece.
En pobreza monetaria, la caída fue de 4,3 puntos porcentuales para los hombres víctimas y de 4,0 para las mujeres. En pobreza extrema, la reducción fue de 1,3 puntos para ellos y de 1,8 para ellas.
Etnicidad: donde la violencia se acumula
Las cifras más duras aparecen cuando se cruza la pobreza con el autorreconocimiento étnico. Entre las víctimas indígenas, el 61,9 % vivía en pobreza monetaria en 2024. En zonas rurales, la proporción sube al 66,3 %. En pobreza extrema, el 38,1 % de las víctimas indígenas estaba en esa condición a nivel nacional, y el 46,1 % en áreas rurales.
Para las víctimas que se reconocen como negras o afrocolombianas, la incidencia de pobreza monetaria fue del 48,9 % y la de pobreza extrema del 22,8 %. En contraste, las víctimas que no se reconocen como pertenecientes a ningún grupo étnico registraron una pobreza monetaria del 42,1 % y una pobreza extrema del 15,3 %.
Cuando la pobreza no es solo ingreso
El informe también mira la pobreza desde otro ángulo: el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que no mide dinero, sino carencias en educación, trabajo, salud, niñez y vivienda. Aquí el panorama es distinto, aunque no necesariamente más optimista.
En 2024, la pobreza multidimensional entre personas que viven en hogares con víctimas del conflicto fue del 18,4 %, y del 19,1 % en hogares con víctimas de desplazamiento forzado. Son cifras que han caído con fuerza desde 2019, con reducciones superiores a ocho puntos porcentuales, pero que siguen estando por encima del promedio nacional, que se ubicó en 11,5 %.
Trabajo informal y educación
Más allá de los porcentajes globales, el IPM permite ver qué está fallando. En 2024, las privaciones más frecuentes entre los hogares con población víctima fueron:
- Trabajo informal: 82,4 %
- Bajo logro educativo: 51,4 %
- Rezago escolar: 31,0 %
El trabajo informal —empleos sin estabilidad, seguridad social ni protección— aparece como el principal cuello de botella, tanto en ciudades como en zonas rurales. En estas últimas, afecta al 93,2 % de la población víctima. La educación sigue siendo el segundo gran factor estructural, con avances lentos y desiguales.
En 2024, Colombia redujo su pobreza multidimensional, bajó la pobreza monetaria y se alejó de los niveles críticos de la pandemia. Pero los datos del DANE muestran que ese progreso no logra absorber del todo las cicatrices del conflicto armado.
Las víctimas de la violencia están mejor que hace cinco años (pasó de 50,1 % a 44,6 %), pero siguen sistemáticamente peor que el promedio nacional (31,8 %).
La pobreza, en estos casos, es una herencia prolongada de desplazamientos, rupturas familiares, pérdida de activos y exclusión territorial. Entender esa diferencia es una condición mínima para que las políticas públicas dejen de medir avances generales y empiecen a cerrar brechas reales.
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