El ministro de Educación, Daniel Rojas, presentó junto a su equipo el IV Plan Decenal de Educación, la hoja de ruta que orientará la educación colombiana durante los próximos diez años. En el documento, de 143 páginas, el Gobierno propone una transformación amplia del sistema educativo, según explicó Rojas.
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El objetivo, señaló el ministro, es plantear la educación como un derecho humano fundamental, gratuito e irrenunciable, y convertirla en una política de Estado de largo plazo. “Queremos una educación donde cada niña y niño, sin importar dónde haya nacido ni de qué familia venga, tenga las mismas oportunidades de aprender, crecer y transformar”, señaló en entrevista con El Espectador.
Por esta razón, desde hace poco más de un año, se construyó el documento final mediante un proceso participativo. De acuerdo con el ministro, en su elaboración participaron comunidades educativas, organizaciones sociales, pueblos étnicos, sindicatos y entidades territoriales.
“Es un proceso que vincula a más de 5.000 instituciones educativas de todo el país, a 90 Secretarías de Educación (...) Además, se discutió en los 32 departamentos y con la presencia de más de 700 universidades entre públicas y privadas”, dijo.
Llegar a un consenso, confesó Rojas, no fue una tarea sencilla. “Cuando tú vinculas a sectores tan diversos de la sociedad colombiana, con distintos intereses y realidades, surgen muchas discusiones y por eso nos tomó un año construirlo”, añadió y explicó que precisamente esas discusiones llevaron a organizar la política educativa alrededor de tres ejes estratégicos y 20 rutas de acción. En ellos se abarca el derecho a la educación, se propone que el conocimiento sea una herramienta para la transformación social del país y se proponen los esquemas de financiación para cumplirlos.
¿Qué propone el Plan Decenal de Educación 2026-2035?
Este plan, anotó Rojas, se diferencia de los anteriores porque pretende que el derecho a la educación esté garantizado para todos los colombianos y, para ello, “acaba con la llamada focalización. Eso es restringir el derecho y este tiene que garantizarse en todo el sentido y para todo el mundo”, comentó.
Con este documento, entonces, la educación dejaría de depender exclusivamente de programas aislados o de las prioridades definidas por cada gobierno y pasaría a consolidarse como un derecho fundamental garantizado por el Estado, como se lee en el primer eje.
Pero, para conseguirlo, será necesario retomar una ley estatutaria que articule todos los niveles, desde la educación inicial hasta la superior, y asegure el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la culminación de las trayectorias educativas.
Durante esta trayectoria, se lee en el documento, estarán incluidas las personas que han sido históricamente excluidas, entre ellas las comunidades rurales y étnicas, las personas con discapacidad, los migrantes, las víctimas del conflicto, las mujeres y la población LGBTIQ+.
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Otro de los puntos clave del documento se centra en la gratuidad, que iría más allá de eliminar el pago de matrículas. La propuesta es garantizar una canasta educativa integral que incluya alimentación, transporte, materiales, mobiliario e infraestructura adecuada. Para ello, se propone la cobertura universal y continua del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la entrega de comida durante los recesos en algunos territorios y la incorporación de productos de la agricultura campesina.
El Gobierno, en el Plan Decenal, también plantea ampliar la educación inicial, fortalecer la educación media y consolidar programas que faciliten el tránsito hacia la educación superior. Durante todo este proceso, los profesores tendrán un papel central. Por eso, el documento propone crear un Sistema Nacional de Formación Docente, ampliar las plantas de profesores y fortalecer el bienestar y la salud mental tanto de los docentes como de los estudiantes.
Un segundo, agregó Rojas, “busca garantizar que el conocimiento sea la herramienta para la transformación social del país”. El punto de partida es que los currículos no se diseñen de manera uniforme desde el centro del país, sino que se construyan con las comunidades y respondan a las condiciones culturales, ambientales, sociales y productivas de cada territorio.
Para ello, el documento sugiere establecer un diálogo donde estén inmersos el conocimiento científico y los saberes indígenas, afrocolombianos, campesinos, populares, artísticos y comunitarios. Se trata de una transformación curricular que, a los ojos de Rojas Medellín, debe promover una formación más integral, en la que se articulen las ciencias, las humanidades, las artes, el deporte, la tecnología, el cuidado, la participación democrática y las capacidades socioemocionales.
En este eje también se abordan de forma explícita la educación ambiental, la memoria histórica, la construcción de paz, la inclusión, la igualdad de género y la educación campesina.
A juicio de Rojas Medellín, las metas planteadas en los dos primeros ejes solo podrán cumplirse si existen esquemas de financiación suficientes y sostenibles. “Necesitamos que esos planes de financiación tengan armonía con la planificación fiscal y presupuestal, tanto del nivel central como de los territorios”, anotó.
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Para ello, el Plan propone revisar la manera en que se financian la educación inicial, preescolar, básica y media. La idea es pasar de asignaciones basadas principalmente en cifras históricas o en el número de estudiantes a un modelo que calcule cuánto cuesta realmente garantizar el derecho a la educación en cada territorio.
Por ejemplo, aquellas regiones rurales, dispersas o étnicas requerirían mayores recursos que las zonas urbanas, principalmente por los costos de transporte, infraestructura, conectividad y planta docente.
Pero, ¿cómo conseguirá esto el Gobierno? En el documento explican que reglamentarán la reforma al Sistema General de Participaciones por medio de una ley de competencias. A esto se sumarían otras medidas, como incrementar progresivamente la inversión nacional y territorial, garantizar que los recursos lleguen a tiempo y fortalecer las auditorías y el control ciudadano.
En este punto serán clave los consejos directivos y las comunidades educativas, porque serán las entidades encargadas de vigilar asuntos importantes, como la alimentación escolar, el transporte, los nombramientos docentes y los proyectos de infraestructura.
Para el caso de la educación superior, la apuesta es fortalecer el financiamiento directo de las universidades públicas, sostener la gratuidad y ampliar su presencia territorial.
A juicio de Rojas Medellín, es fundamental seguir avanzando hacia una distribución territorial de los recursos que permita cerrar las brechas existentes y, agrega, que para ello el gobierno está dejando listos una serie de cambios normativos que apuntan a darle continuidad a ese propósito durante los próximos años.
“Las cifras me indican que, si el país avanza por la senda en la que vamos, al 2030 ya podríamos decir que estaríamos invirtiendo el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior, como lo hacen los países de la OCDE”, puntualizó.
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