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En la tarde de este martes 9 de septiembre, el Ministerio de Educación anunció que enviará un requerimiento a la Universidad Libre para que se pronuncie sobre los hechos relacionados con el concurso público de méritos para el nombramiento de notarios, que ha sido objeto de críticas por parte del presidente Gustavo Petro, así como de pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación.
Como El Espectador contó en esta nota a inicios de este mes, el concurso, que no se realizaba hace diez años, atraviesa una crisis por denuncias de falta de transparencia y de garantías que llevaron, dentro de otras cosas, a que dos funcionarios que hacían parte de la evaluación del proceso renunciaran y pidieran a la Procuraduría poner la lupa sobre el concurso.
De hecho, este lunes, la Procuraduría le pidió al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, evaluar la posibilidad de suspender la ejecución contractual del concurso de méritos.
Esta fue la base que tomó en cuenta el Ministerio de Hacienda para suspender el concurso. Así lo dio a conocer en las redes sociales de la cartera. “Teniendo en cuenta que la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha exhortado sobre la necesidad de suspender la ejecución contractual (...) y considerando las limitaciones presupuestales que para el año 2025 se presentan, se hace necesario suspender el concurso notarial convocado”, señaló el ministerio este martes.
¿Qué tiene que ver la Universidad Libre en este proceso? La institución educativa fue elegida como operador logístico del concurso. Justamente ese proceso contractual es el que solicitó suspender la Procuraduría.
Como contamos en otras notas, dos integrantes del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), el organismo que se encarga de hacer la vigilancia de todo el concurso y la evaluación de los perfiles, renunciaron a su lugar en la mesa y denunciaron que el actual concurso no ofrece las garantías ni la transparencia requeridas.
Parte de las alertas que elevaron Óscar Fernando Martínez, notario 26 de Bogotá, y Yasmín Soraya Franco, notaria única de Tenjo (Cundinamarca), tenían que ver, justamente, con el rol de la Universidad Libre.
En el acuerdo firmado en junio de este año, quedó estipulado que sería la Universidad la encargada de evaluar los perfiles de los aspirantes y determinar quiénes avanzan y quiénes no, así como de evaluar los recursos que presentaran quienes no fueran admitidos en el concurso.
“Resulta inevitable preguntarnos cómo podemos cumplir con nuestro deber de velar porque el concurso se desarrolle conforme a los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, si, de manera implícita, el Consejo se ha despojado del carácter de organismo rector de la carrera notarial, en tanto no podrá tomar decisiones frente a situaciones concretas que se puedan presentar de transgresiones a estos principios”, apuntaron Martínez y Franco en su carta de renuncia.
Es en el marco de estas polémicas, que el Ministerio de Educación anunció que enviará un requerimiento formal al plantel educativo, al tiempo que adelantará una visita preventiva a las instalaciones de la institución.
“El Ministerio tiene la facultad de solicitar, analizar y verificar información sobre aspectos jurídicos, académicos, administrativos y financieros de las instituciones de educación superior; dictar lineamientos para el cumplimiento de las normas y coordinar acciones de vigilancia que permitan corroborar su adecuado funcionamiento”, señaló la cartera a través de un comunicado.
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