En los enfrentamientos que hubo en el Catatumbo, en Norte de Santander, desde el 16 de enero de este año, hay una cifra, además de los 40 mil desplazados y 117 asesinatos, que ayuda a dimensionar la gravedad de lo ocurrido: más de 46.000 niños y niñas se quedaron sin clases. Es una población tan grande como para llenar el estadio El Campín, de Bogotá.
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No asistir a las aulas tiene unas consecuencias desastrosas para cualquier menor de edad. En palabras de Catalina Duarte, especialista en Educación de UNICEF Colombia, “en la medida en que se interrumpe el derecho a la escuela, se interrumpen otros derechos. Cuando los niños y niñas son desplazados, también se desplazan las prácticas de enseñanza, la protección que brinda la escuela y los entornos seguros”. Por eso, dice, “es difícil encontrar un nuevo lugar y empezar otra vez a construir vínculos”.
Para reparar ese enorme vacío, desde que ocurrió aquella tragedia en el Catatumbo, el gobierno Petro prometió priorizar la educación en esa región. Parte de su solución empezó con un decreto del Ministerio de Educación, en el que autorizó el desembolso de COP 77.000 millones al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). El propósito era construir, ampliar, mejorar y dotar sedes educativas en los municipios del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y las localidades de Río de Oro y González, en el Cesar.
Hoy, después de meses de espera, esa promesa está a punto de hacerse realidad, pues el gobierno está a un paso de entregar dos nuevos colegios. La gente, cuenta Sebastián Caballero, gerente del FFIE, veía, al principio, la declaratoria de la conmoción interior como una amenaza. “Tenían miedo, pues la experiencia les enseñó que este tipo de medidas solían venir acompañadas de persecuciones, capturas, judicializaciones y estigmatización”, recuerda. Pero su meta era abrir espacios de diálogo y lograr acuerdos para ampliar la oferta educativa.
El resultado de ese trabajo es una obra en el municipio de El Tarra que llamaron Ciudadela del Conocimiento, la cual integrará educación básica, media y superior. En el centro también se levantará el Colegio Bracitos, que beneficiará a 1.500 estudiantes de El Tarra y de otros municipios cercanos como El Carmen, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
Según Caballero, el avance de la obra es del 80 % y emplea una técnica conocida como steel framing, que permite levantar estructuras en pocas semanas. Este colegio, además, se está construyendo en el mismo lote donde se levanta la Universidad Nacional del Catatumbo, cuya entrega está prevista para finales del próximo año.
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Mientras recorre el lugar, Caballero se detiene frente a los bloques recién pintados y señala varios de los espacios. “Este es uno de los ocho bloques que conforman el colegio”, murmura, para no interrumpir la conversación de los ingenieros que están ultimando detalles. “En total, tendrá once aulas, laboratorios de microbiología, biología, física y química, además de salas de informática, zonas deportivas, comedores y cocinas”, agrega. Los cerramientos, las zonas verdes y las otras obras complementarias, se están adelantando con la Gobernación y la Secretaría de Educación del departamento.
Paralelamente, la renovación de la Institución Educativa Alirio Vergel Pacheco, en Sardinata, a una hora y media de Cúcuta, también avanza hacia su entrega final, con una inversión cercana a COP 4.500 millones.
En la comunidad, sin embargo, persiste una inquietud: ¿Cómo funcionarán estas nuevas instituciones? ¿De dónde saldrán los docentes para dar clase? La estrategia, responde el ministro de Educación, Daniel Rojas, es que en la Ciudadela los estudiantes puedan hacer toda su trayectoria, desde preescolar hasta educación superior. En cuanto al cuerpo docente, se prevé vincular profesores del Instituto Superior de Educación Rural (ISER), la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de Pamplona y la Universidad Industrial de Santander (UIS).
Manuel Lázaro, profesor de la Institución Educativa Monseñor Díaz Plata, en Ocaña, espera que esta vez se resuelva uno de los principales problemas que ha detectado en el Catatumbo: la alta rotación de maestros. “Ha sido una situación que se intensificó en enero. Hubo una oleada fuerte de traslados. Algunos no quisieron volver por el miedo que enfrentaron”, señala. Es una inestabilidad que, a su parecer, rompe los procesos educativos y obliga al Ministerio a contratar docentes temporales. Al final, la continuidad pedagógica termina siendo una odisea.
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“¿Es que quién puede estudiar mientras huye del fuego cruzado? ¿O mientras escucha bombardeos?”, se pregunta Ómar Garzón, economista, investigador del Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana (LEE). En su opinión, aunque los edificios son fundamentales, “se necesitan entornos adecuados y condiciones que permitan atraer docentes con estabilidad y calidad, además de los mínimos de bienestar”.
No es un asunto menor, pues, como indica Nancy Palacios, integrante del grupo de investigación Políticas Educativas y Vida Escolar de la Universidad de los Andes, en los procesos de retorno seguro a clases, como al que le está apostando el Gobierno, hay que tener presente que los maestros asumen roles que van más allá de enseñar. En estos procesos se convierten en líderes, protectores y acompañantes emocionales. Por eso, insiste que tanto el Ministerio como las Secretarías deben brindarles acompañamiento psicológico y medidas de seguridad. “La evidencia demuestra que cuidar a los maestros es cuidar el tejido comunitario de la escuela”, anota.
Hay otro par de elementos que están sobe la mesa, siempre que se habla de nuevos colegios: la garantía de la alimentación escolar y el transporte. Son dos asuntos que, en zonas como el Catatumbo, determinan si un niño ingresa a la escuela o no. Pero el ministro Rojas asegura que tienen claro que eso es vital en los nuevos colegios.
Por esa razón, ambos aspectos fueron incluidos en los decretos que su cartera expidió a comienzo de año para atender la emergencia. “Al final logramos reunir recursos cercanos a los COP 284.000 millones”, comenta, haciéndose referencia a una bolsa que irá para infraestructura, manutención de estudiantes, kits escolares, dotaciones y al fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
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En todo caso, la situación no es única del Catatumbo y requiere atención inmediata, pues las consecuencias de interrupción de clases significan muchas dificultades a futuro. Por solo poner un ejemplo, un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), publicado en 2024, midió el impacto del conflicto en los estudiantes de estas zonas.
Para hacer este estudio, los investigadores cruzaron los datos del Ministerio de Educación sobre deserción, repitencia y los resultados de las Pruebas Saber 11 del ICFES. Sus conclusiones son claras: en los siete departamentos con más estudiantes víctimas de desplazamiento, el puntaje global de las pruebas ha caído de manera sostenida desde 2017. También concluyeron que el deterioro del aprendizaje no solo respondía a la inasistencia, sino también a la falta de recursos y de docentes capacitados.
Desde UNICEF, Catalina Duarte hace una reflexión final y sugiere que más allá de construir aulas nuevas, hay que hacer escuelas seguras, “porque una vez que una institución educativa es usada por la guerra, deja de ser un espacio de confianza”.
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