Con 116 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobado la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que busca modificar la “fórmula” que se emplea para determinar el monto que año a año les debe destinar el Estado a las universidades públicas del país. “Un agradecimiento al Congreso que supo comprender y estiró la mano cuando dijimos que este proyecto de ley es un acuerdo fundamental sobre el derecho a la educación”, dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas, y luego rindió un homenaje a los estudiantes que han muerto durante las manifestaciones.
Ahora solo está a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro para que sea ley y el dinero de su implementación estará contemplada dentro del presupuesto de 2026.
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“Estudiar no es un privilegio, es un derecho. Hazlo valer”, fueron las pancartas que llevaron algunos líderes estudiantiles y profesorales, rectores e incluso otros actores clave de educación que se dieron cita en el Congreso. Andrés Mora, rector encargado de la Universidad Nacional, fue uno de ellos. Tras conocerse la noticia, aseguró que este proyecto, el 212 de 2024, “representa la oportunidad de que superemos los problemas de financiamiento estructural que hemos tenido después de 30 años”. También, dijo, es clave para financiar el “el cumplimiento adecuado de todas las funciones misionales de la institución, de investigación, de extensión y por supuesto de maestros”.
Helberth Augusto Choachí, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, fue otro de los actores que también celebró la noticia. La señaló como una oportunidad fundamental para el futuro de la educación pública superior en el país. A sus ojos, con esta nueva fórmula se podría superar el déficit estructural y acumulado que tienen las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas por más de 32 años, lo cual, en su opinión, se ha traducido en un “detrimento, marchitamiento de la financiación en el marco del funcionamiento de inversión”.
A los ojos de Jairo Torres, rector de la Universidad Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), lo que sucedió hoy en el Congreso es el resultado de una lucha y “una reivindicación en la última década por tratar de construir un modelo de financiamiento que responda al presente de las universidades”. Una opinión similar comparte Jampier Meneses Rivas, representante Estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad del Valle. Señaló que esta aprobación es una conquista de quienes están “activamente en el movimiento estudiantil, pero quienes también hicieron parte en su momento y lucharon por esta reforma”.
Durante el debate, después de que se diera la aprobación, Andrés Forero, representante del Centro Democrático, pidió que con esta reforma no se maltrate a la universidad privada y se comprometió, junto a su partido, a acompañar la implementación de este articulado. “Esperamos que sea sancionado y que se tengan en cuenta nuestras proposiciones”, indicó. Delcy Esperanza Isaza, del partido Conservador, también aseguró que su partido estará acompañando este proyecto.
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Antes de que Jaime Raúl Salamanca, representante de la Alianza Verde, pasara al atril a dar sus palabras, integrantes del movimiento estudiantil y profesoral empezaron a gritar “si se pudo, si se pudo”. Luego, la sala se fundió en un solo grito y Salamanca comenzó su discurso. “Por la vía democrática demostramos que si se pudo (...) es un honor ser upetecista, estudiar en una universidad pública de Boyacá y liderar este cambio”.
Como lo hemos contado en estas páginas, era clave que se modificaran estos artículos, pues como contó Sergio Lancheros, del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional, la regla que se fijó allí obliga al gobierno a ajustar todos los años el presupuesto únicamente con el valor de la inflación.
Sin embargo, esta fórmula no contempló otros factores de gastos que tienen anualmente las universidades, como la renovación de infraestructura física y tecnológica, salarios de docentes y administrativos o el avance en investigación. “Entonces, este modelo hace que las IES públicas reciban lo mismo que hace 30 años”, añadió.
El otro error que tenían estos artículos, en opinión de Lancheros, candidato a magíster en ciencias económicas de la Nacional, es que allí no se tuvo en cuenta a las Instituciones Técnicas y Tecnológicas y, al no hacerlo, explicó, genera que el dinero que se le asigna anualmente a las IES públicas disminuya. La principal consecuencia de la suma de estos factores es bastante conocida: la desfinanciación progresiva que han tenido las universidades, que se situaba en COP 18 billones.
¿Qué cambia con la reforma a la Ley 30?
Pero, ¿qué cambia con esta reforma? El principal cambio es el mecanismo de financiación de las IES, que ha sido el punto de discusión durante los últimos años. Incluso fue una de las peticiones del paro estudiantil de 2018 y el tema principal de varios proyectos de ley que se han “hundido” en el Congreso. El problema con esta fórmula, anotó Jennifer Pedraza, representante del partido Dignidad y Compromiso y una de las ponentes del proyecto, es que las “universidades gastan como si fuera 2025, pero la ley las financia como si fuera 1992. Esta reforma actualiza las reglas del juego”.
De acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE), los costos operativos de las universidades públicas crecen, en promedio, un 9 % cada año, mientras que el presupuesto base solo se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en los últimos años ha sido del 4 %. “Esto genera un déficit anual estructural de 5 puntos porcentuales. Los gastos doblan los índices de inflación (...) los compromisos y gastos no son los mismos de hace 30 años”, detalló el SUE en el proyecto de ley.
Para la elaboración de este proyecto de ley, la comisión del Ministerio de Educación tomó como base el Proyecto de Ley 84 de 2022 radicado el 27 de julio de 2022 en la Cámara de Representantes por los senadores Aida Avella, Jahel Quiroga, Ariel Ávila y Gabriel Becerra; y la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Para su elaboración, contó Pedraza, se plantearon unas audiencias públicas en varias universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de las regiones.
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Allí se determinó que la mejor estrategia para financiar las IES públicas, establecida en el artículo 86, era cambiar el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Este índice refleja de manera precisa la variación de los costos que enfrentan las IES públicas, incluyendo matrículas, salarios, funcionamiento e inversión, corrigiendo el desfase que actualmente existe con el IPC.
En el caso del artículo 87, la reforma busca que los aportes adicionales de la Nación se incrementen en un porcentaje no inferior al 70 % del crecimiento real del PIB, frente al 30 % vigente. Con este cambio, comentó Pedraza, espera que se aumente “la participación del sector educativo en la riqueza nacional y crear un “mecanismo anticíclico” que protege los recursos en caso de recesión”.
Otro de los cambios importantes es la inclusión de las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias - ITTU. Según establece el documento, el gobierno asignará recursos equivalentes al 0.05 % del PIB del año anterior para constituir una base presupuestal permanente para todas las ITTU públicas.
Para llevar a cabo esta reforma, los recursos provendrán del Marco Fiscal de Mediano Plazo y estarán atados al crecimiento económico, no a la creación de impuestos nuevos. “El impacto fiscal de la reforma podría ascender a COP 22,1 billones entre 2027 y 2040”, explica uno de los apartados del proyecto, cuyo objetivo es que, a 2040, cuatro de cada cinco jóvenes accedan al sistema de educación superior.
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Esto será posible, como explica Torres, del SUE y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), es porque con estos recursos las universidades podrán mirar hacia adelante. “Tendemos una planificación institucional, nos proyectamos y nos fortalecemos con base en esos recursos que nos manda la nación”, agregó.
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