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En la noche del viernes 30 de octubre, tras una reunión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, anunció que el contrato entre ese fondo y la Fiduprevisora S.A., que se había extendido por más de tres décadas, no se prorrogaría.
Según explicó el ministerio este domingo 1 de noviembre, cuando empezó el periodo de transición, la decisión se tomó luego de un análisis que permitió “identificar graves dificultades en la operación del Fondo, profundizadas con el modelo implementado por el Gobierno anterior, que han afectado el acceso de los maestros y sus familias a los servicios de salud y el reconocimiento oportuno de sus prestaciones económicas”.
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La salud de los maestros ha estado en manos de tres actores: El FOMAG, una gran bolsa de recursos que reúne los dineros de la pensión, cesantías y cotizaciones de los maestros; la Fiduprevisora S.A., de la cual el Estado es un socio mayoritario, administra esos recursos y abre una licitación para contratar operadores, que son el tercer actor.
A Martha Alfonso, integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, la decisión no la tomó por sorpresa, pues dice que solía ponerse sobre la mesa. “La discusión sobre terminar el contrato ha sido histórica. Varias veces se ha contemplado esa posibilidad porque ha habido una serie de hallazgos relacionados con irregularidades en el pago de prestaciones, pensiones y cesantías”, dice. De hecho, recuerda que durante el gobierno de Gustavo Petro esa posibilidad se contempló.
El exministro de Educación, Daniel Rojas, confirma que durante su período tomaron la decisión de no prorrogar el contrato, pues, señala ahora, es “una decisión necesaria para proteger la salud y las prestaciones del magisterio. Estoy de acuerdo con no prorrogarlo”.
Según Rojas, el 31 de julio del 2026 —una semana antes del cambio de gobierno— él le envió una comunicación a la Fiduprevisora en la que le informaba que la extensión del contrato sería únicamente hasta el 31 de agosto. “Señalé la necesidad de proceder con la liquidación y adelantar la selección de una entidad fiduciaria. El 6 de agosto impartí instrucciones escritas a los supervisores para impulsar el inicio formal de la liquidación y exigir el plan detallado de actividades”, recuerda.
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“Los incumplimientos, informes de supervisión y hallazgos de los órganos de control ya estaban documentados. También estaban previstos el plan detallado de actividades a cargo de Fiduprevisora y la continuidad de sus obligaciones para proteger la atención en salud y las prestaciones económicas y, sobre todo, el servicio médico de los maestros”.
En esa comunicación del 31 de julio, enviada por Rojas a El Espectador, efectivamente hay un listado detallado de problemas que muestran las dificultades que había con la Fiduprevisora. El exministro le señaló a Rosa Dory Chaparro, entonces presidenta de esa entidad, que había recibido varios informes que lo conducen a liquidar el contrato, que tendría una extensión por un mes más.
Por ejemplo, un memorando de la Subdirección Financiera “evidencia hallazgos no atendidos de la CGR (2024) y un riesgo financiero material en 2025 y 2026 derivado de la falta de depuración de cuentas por pagar antiguas, pagos parciales no estructurales, incertidumbre en la información financiera y riesgo de pagos indebidos”.
Otro informe indicaba que había “inconsistencias operativas que impiden el pago oportuno de prestaciones económicas, derivando en demandas judiciales con condena de intereses moratorios y costas”.
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Para esos días, como se lee en el documento, el Mineducación había detectado “constantes, graves y documentados incumplimientos de Fiduprevisora S.A. a sus obligaciones contractuales y legales”, como el represamiento del pago de pensiones a los maestros, con “más de cinco mil solicitudes pensionales vencidas y represadas, con plan de contingencia sin avance significativo en el reconocimiento y pago”.
También había observado que la Fiduprevisora tenía más de 30 mil procesos en contra a marzo del 2026. De esos procesos, 12.905 se debían al pago tardío de cesantías. Otros 4.900 tenían que ver con el pago de pensión.
A la hora de abordar los asuntos de salud, el Mineducación del gobierno Petro le recordaba a la Fiduprevisora, encargada de contratar los servicios con las clínicas y hospitales para los profesores, que esa red no estaba consolidada. “La prestación opera bajo acuerdos de voluntades transitorios, sin contratos formalizados; de 8.311 sedes inscritas, solo 1.719 cuentan con carta de aceptación y hay territorios sin cobertura”.
Añadía que había quejas de los docentes, interrupciones prolongadas en la atención en salud y “barreras de acceso masivas”: para esa época, entre el 92 % y el 96 % de las peticiones, quejas y reclamos mensuales corresponden a barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud.
Le recalcaba, además, que su cartera había radicado una queja disciplinaria ante la Procuraduría, una queja ante la Superintendencia Financiera y una solicitud fiscal ante la Contraloría.
Esta última entidad, inclusive, ya había emitido un detallado informe en junio de este año en el que presentó los resultados de una auditoría financiera al FOMAG que abordaba el 2025. Entre otras cosas, halló un “presunto daño patrimonial” de más de COP 133.000 millones (COP 133.255.138.888, para ser precisos) por el pago de servicios médico-asistenciales represados.
Además, notó un detrimento de COP 27.982.212.713 por pagos irregulares en la prima de mitad de año y advirtió que se pagaron de forma indebida COP 419.181.784 en mesadas pensionales a 32 docentes o beneficiarios fallecidos. También detalló que se generó un daño patrimonial por COP 369.199.183 el año pasado porque se pagaron valores mayores a (26) docentes por “concepto de pensión por invalidez y sanción mora”.
Precisamente, todas esas responsabilidades que se derivaron de la gestión de la Fiduprevisora son una de las cosas que más le inquieta a Martha Alfonso, miembro del Comité Ejecutivo de Fecode. “Nuestro temor es que al liquidar el contrato no haya responsables por todas esas denuncias”, advierte.
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Lo otro que le preocupa es que en esa búsqueda de una nueva entidad que administre la plata del FOMAG, no se garanticen los derechos prestacionales y pensionales ni se presten adecuadamente los servicios de salud a los maestros.
El exministro Rojas, por su parte, cuestiona que desde su comunicación hasta la decisión de la hoy ministra Ilva Myriam Hoyos hayan transcurrido 91 días, cuando esa “información fue remitida en los informes de gestión y empalme. Además, se impartieron instrucciones a los supervisores —el 6 de agosto, un día antes de salir del cargo— para impulsar las actuaciones correspondientes”.
Pese a esas inquietudes, tanto Rojas como miembros de Fecode y del actual gobierno coinciden en una cosa: no se podía prorrogar más el contrato con la Fiduprevisora.
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alenpe(67430)•Hace 1 horaLa fiducia no debe pasar a una entidad bancaria privada, los dineros de los aportes de los docentes debe manejarlos una entidad de carácter gubernamental. Sospecho que el presidente presione con el fin de que ese dinero quede en manos de uno de sus amigos de la banca privada; Aval por ejemplo.
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Ptolomeo(73769)•Hace 3 horasFiduprevisora un nido de ratas que desangro al fomag con el visto bueno de algunos directivos del mismo Fomag y alcahueteria de Fecode. Uno de sus últimos directivos de apellido Marin un corrupto descarado salio por la puerta de atrás y sin ser investigado ni responder por los malos manejos de Fiduprevidora. Compro un software que no servía para nada y con el cual había estafado igualmente a ferrocarriles al igual que creo una serie de Eps piratas para tumbar o estafar al Fomag. Nada le pasó
