El más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que más de 2.198 centros educativos presentaron alguna afectación tras el terremoto de 7,4 de magnitud que se registró el pasado 10 de agosto en Colombia. En Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro, hay 796 escuelas afectadas; en Caldas, más de 400 sedes reportaron algún tipo de afectación. Mientras que en Calima El Darién y Yumbo, en el Valle del Cauca, seis estudiantes murieron por el colapso de la infraestructura educativa, de acuerdo con el Ministerio de Educación.
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Para Laura Arbeláez, investigadora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, aunque esta cifra es preliminar, ya nos habla de que este evento es el que “mayor impacto ha generado sobre la infraestructura educativa en el país”. De hecho, un informe publicado por el LEE en 2026 analizó precisamente las instituciones educativas que habían sido afectadas entre 2021 y 2025 por algún tipo de desastre natural. Los resultados señalaron que el promedio anual era de cerca de 400 planteles. “Si bien el año más crítico fue 2024, con 584, este terremoto, en menos de una semana, duplicó ese máximo”, anota.
Entre las razones que podrían explicar por qué los colegios serían uno de los espacios más vulnerables en estos desastres, dice Yezid Alvarado, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, está la antigüedad de varios de ellos. En Caldas, cuenta Luis Herney Vargas, secretario de Educación, hay algunas instituciones que se construyeron en predios que fueron donados. “Muchas veces no cuentan con un requerimiento de infraestructura reglamentado y se volvió algo cultural”, asegura y agrega que así quedaron los planteles en muchas partes del departamento.
Aunque Colombia ha tenido una evolución importante en su reglamentación sismorresistente y el Ministerio de Educación Nacional adoptó los lineamientos de la Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar y Educación en Emergencias (GIRE), la mayoría de colegios que fueron construidos hace 40 o 50 años no necesariamente cuentan con los reforzamientos que las normas actuales exigen. Entonces, anota Arbeláez, “muy pocas instituciones cumplen la norma sismorresistente” y agrega que esto no quiere decir que, porque sean antiguos, sean inseguros. “El problema no es solamente de la edificación, sino que los planes de ordenamiento no incluyen zonas de amenaza en las que no debería construirse”.
A la antigüedad se le suma otro factor: los colegios han ido cambiando con los años. “Se amplían salones, se adicionan pisos, se modifican muros, se cubren patios o cambian los usos y se incorporan nuevas instalaciones”, asegura el docente Alvarado y advierte que si esas intervenciones no tienen en cuenta cómo funciona estructuralmente todo el edificio, pueden generar nuevas vulnerabilidades.
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La discusión, a los ojos de Hernando Bayona, exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, va más allá de la norma, pues el problema está en qué tanto de ella logra convertirse en realidad en los territorios. “Mucha regulación está pensada para las grandes ciudades”, alerta, pues en las regiones, agrega, la falta de recursos económicos y técnicos dificulta su implementación. Esta brecha se ha hecho más visible durante esta emergencia.
En Caldas, por ejemplo, indica el secretario de Educación, el diagnóstico de las infraestructuras educativas no ha avanzado tan rápido como tenían planeado, pues están a la espera de que ingenieros puedan apoyar esta labor. Están trabajando en su mayor medida en Manizales, que es una de las ciudades más afectadas, pero, para el secretario, “el resto del departamento también ha tenido dificultades”.
En otras zonas rurales, cuenta Álvarez, del LEE, han encontrado que los colegios ni siquiera tienen la posibilidad de tener aulas alternativas o algún convenio con otras instituciones que no hayan sido afectadas para poder continuar con las actividades académicas. Este punto, en opinión de Nancy Palacios Mena, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, es importante, porque “cuando una escuela cierra después de una emergencia, también pueden interrumpirse rutinas, alimentación, vínculos, cuidado, protección y aprendizaje”
¿Cómo regresar a clases?
En el municipio de Belalcázar, en Caldas, la Institución Educativa El Águila quedó destruida tras el terremoto. En Pereira, el rector de la Escuela Normal Superior El Jardín Risaralda tendrá que buscar una nueva sede para sus estudiantes, porque es recomendable no usar más esa infraestructura; y la Institución Educativa Santa Marta, en El Águila, Valle del Cauca, quedó reducida a escombros. La pregunta, entonces, es: ¿cómo retornar clases con un panorama tan complejo?
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Alvarado asegura que lo primero que se debe tener en cuenta es la diferencia entre un daño estructural y uno que no lo es. “En un colegio pueden dañarse fachadas, cielos rasos, divisiones, vidrios, luminarias, estanterías o instalaciones sin que necesariamente esté comprometida la estructura principal”, explica. Estos elementos, aclara, también pueden representar un riesgo importante para los niños y niñas. Por eso, a juicio de Palacios, de los Andes, es fundamental evaluar antes de reabrir, pues “la urgencia por recuperar la presencialidad nunca puede estar por encima de la seguridad física de las comunidades”.
De hecho, en varias de las zonas más afectadas, como Cali, donde se han reportado hasta el momento 214 afectaciones en colegios, le apostarán a un modelo virtual desde el martes 18 de agosto. Hasta el 24 de agosto intentarán retomar las clases presenciales. En Caldas, por su parte, en las instituciones afectadas por el temblor, por medio de elementos pedagógicos, cartillas y conectividad, continuarán el proceso de aprendizaje.
Además de la evaluación de la infraestructura, Palacios, de los Andes, sugiere en este artículo que aquellos colegios donde fallecieron integrantes de la comunidad tengan un trato diferencial, pues, en su opinión, “requieren estrategias especiales de retorno y equipos interdisciplinarios de acompañamiento”. A esto, agrega Arbeláez, del LEE, se podría sumar que, después de completar el censo técnico de los daños que tuvo cada sede, articulen planes para habilitar espacios temporales de aprendizaje y activar algún tipo de apoyo psicosocial.
“Recuperar la educación después del terremoto no significa simplemente volver a abrir las puertas”, resume Palacios.
Mientras avanza el censo en las comunidades educativas y se elaboran estrategias para garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje, Arbeláez dice que quedan varias lecciones por aprender. Una de ellas es la de prevención, pues “existen metodologías de evaluación visual rápida que pueden ser un primer paso para identificar señales de alarma”. Otra recomendación, agrega Alvarado, gira en torno al “trabajo sobre los elementos no estructurales, como bibliotecas, estanterías, luminarias, cielos rasos, equipos o tanques”.
Pero poner en marcha estas medidas también requiere recursos. Por el momento, el secretario de Educación de Caldas le manda un mensaje al Gobierno: “Necesitamos un apoyo fuerte” y sostiene que en el departamento, antes del terremoto, ya tenían necesidades por COP 18.000 millones para poder prestar el servicio educativo. “Hoy seguramente es mucho más”.
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