En los pasillos de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP), una institución de educación superior privada de Cali que ofrece programas técnicos y tecnológicos, se vive un ambiente de incertidumbre. Aunque el semestre académico debió empezar el 4 de agosto, los estudiantes no han recibido la primera clase.
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Para arrancar el semestre, los estudiantes necesitan conocer la carga académica, inscribir materias y organizar sus horarios. Pero, hoy, los programas no tienen directores, coordinadores que guíen el proceso de inscripción ni profesores disponibles para dictar las clases. “Docentes para dar clases no hay, no están contratados”, cuenta Adriana Romero Mora, representante de los trabajadores de la institución. De los 16 que figuran en la planta, 10 hacen parte de la junta directiva y otros se ocupan de tareas administrativas.
Esta situación es el reflejo de la grave crisis por la que atraviesa la Fundación CECEP y que hoy la tiene en proceso de liquidación. A pesar de esto, asegura Juan Carlos Correa, representante del movimiento estudiantil, la institución habilitó el proceso de inscripciones desde mayo, los alumnos ya pagaron la matrícula de este semestre y, hasta ahora, no conocen un plan claro que les explique qué pasará con los estudiantes durante el proceso de liquidación. Los recursos de las matrículas, de acuerdo con Romero Mora, se destinaron al pago de tres meses de salarios atrasados y a la seguridad social de los empleados.
Con el objetivo de trazar la ruta para su liquidación, se estableció una mesa de diálogo en la que participan la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que está a cargo de la institución, el Ministerio de Educación y la comunidad educativa. Sin embargo, los mensajes son confusos, pues mientras el Mineducación pide tranquilidad, los representantes de estudiantes y trabajadores sostienen que no se han logrado acuerdos y que necesitan garantías para llevar a cabo el semestre.
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La crisis que llevó a la liquidación de la CECEP
La crisis financiera de la Fundación CECEP, aunque se agudizó en el último año, no es reciente. Para Romero Mora, los problemas empezaron a presentarse en 2007, cuando la institución fue incautada luego de que se comprobara que se fundó con dinero del narcotráfico, tras un proceso de extinción de dominio a Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias ‘Chupeta’.
Primero pasó a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y, posteriormente, a las de la SAE. Desde entonces, añade la representante de los trabajadores, las organizaciones sindicales han denunciado reiteradamente malos manejos de los recursos, lo que, en su opinión, ha hecho inviable el funcionamiento del plantel.
La crisis, sin embargo, no había cobrado relevancia hasta hace dos semanas. El domingo 10 de agosto, cuando se esperaba a cientos de jóvenes para presentar las pruebas del ICFES en las instalaciones de la Fundación, los estudiantes hicieron un plantón para impedir su ingreso. Un día después de esta manifestación, la SAE envió un comunicado al Ministerio de Educación alertando sobre la grave situación financiera y anunciando que entraría en proceso de liquidación.
De acuerdo con la SAE, al 31 de diciembre de 2023 la institución registraba un patrimonio neto negativo de $3.215 millones y acumulaba pérdidas por $10.463 millones. “El deterioro comenzó desde 2021 y se agravó en 2022 y 2023”, señala el documento, en el que también se advierte que las deudas de la institución ascienden a cerca de $7.000 millones. A esta bolsa de deudas se le suma la del pago del arriendo, pues la sede tiene un costo mensual de $129 millones y no se cancela desde el año pasado. Para enfrentar esta situación, la SAE les hizo un préstamo por $3.000 millones en 2023.
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Otro factor que ha acentuado la crisis es la reducción en las matrículas estudiantiles. Según la SAE, la inscripción ha caído a menos del 30 % de la capacidad histórica, sin un plan de recuperación viable. Mientras hace algunos años llegaban alrededor de 4.000 alumnos, actualmente no superan los 600. A los ojos de la entidad, los problemas estructurales se intensificaron, entre otras razones, por decisiones administrativas tomadas sin su autorización, como la apertura de matrículas sin solvencia financiera. Todo esto llevo a que se iniciara el proceso de liquidación.
Ante esta situación, Correa, representante del movimiento estudiantil, se pregunta por qué, si los directivos sabían que no era posible garantizar el inicio de clases, decidieron cobrar las matrículas. “No nos daban respuesta, ninguna entidad emitía un comunicado para aclarar si el semestre iba a cancelarse”, señala.
Las mesas de diálogo
Un día después de conocer estas cifras se llevó a cabo la primera mesa de diálogo para trazar la ruta de la liquidación. Allí participaron el Viceministerio de Educación Superior, directivas de la SAE y la comunidad académica de Fundación. En este espacio se fijaron algunos puntos prioritarios, como designar un nuevo depositario, quien cumple el rol de representante legal (firmar documentos o expedir certificados), cargo que está vacante desde junio.
Además, acordaron buscar alternativas para devolver el dinero a los estudiantes nuevos que se inscribieron este semestre y solucionar la situación de los 153 estudiantes que están habilitados para presentar el examen Saber TyT, uno de los requisitos para graduarse y que está programado para noviembre.
La comunidad de la CECEP también hizo otras peticiones en esa mesa de diálogo. Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, quien hizo parte del espacio, explica que solicitaron garantías para el proceso educativo de los 600 estudiantes que ya están inscritos, acordar la culminación de carrera de aquellos que se encuentran en los últimos semestres y realizar la ceremonia de graduación para quienes han cumplido con los requisitos de los planes de estudio. De acuerdo con el funcionario, “esto hace parte de un proceso de veeduría que se viene conformando por parte de los estudiantes, docentes y administrativos”.
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Durante la reunión también se pronunció Daniel Rojas, ministro de Educación. Afirmó que no está de acuerdo con el cierre del plantel y que evaluarán alternativas para evitarlo y garantizar los derechos de alumnos y empleados. Tras esas declaraciones se pactó una segunda mesa para el 20 de agosto.
No obstante, según Correa, del movimiento estudiantil, en ese encuentro no se logró ningún acuerdo. “Aunque ya tenían un depositario (figura de representante legal), lo trajeron sin un equipo de trabajo. No hay personal administrativo, financiero, un contador ni secretaria general. Tampoco se explicó qué va a pasar con los trabajadores ni con los estudiantes”, puntualiza.
Un proceso de liquidación poco claro
Entonces, ¿qué viene ahora para los estudiantes y los trabajadores de la Fundación CECEP? Correa considera que en la liquidación no les están dando “las mínimas garantías a ninguno” y que desde el Ministerio de Educación les han propuesto a los estudiantes homologar sus programas con los de otras instituciones e ingresar con matrícula cero, pero que no hay claridad en cómo se llevará a cabo este proceso.
En cuanto a los trabajadores, dice Romero Mora, “se les está vulnerando el derecho al trabajo. En la SAE pretenden que sigamos suministrando la información, haciendo todo el proceso de caracterización a los estudiantes para poderlos inscribir en los otros planteles, sin remuneración. Nos dicen que después de este proceso, podrán saber con cuánto dinero cuentan para pagarnos”.
El Espectador buscó a la SAE para conocer cómo será el proceso de disolución y liquidación. No obstante, Camilo López Acosta, responsable de este tema, indicó que la entidad solo se pronunciará a través de los comunicados oficiales que ya han publicado. En uno de esos documentos, la SAE asegura que, dado que la institución está vinculada a procesos de extinción de dominio, su papel se limita a la administración del inmueble y la institución como patrimonio. Es decir, que será el Ministerio de Educación el encargado de adoptar medidas que protejan los derechos de estudiantes y trabajadores en medio de ese proceso.
Pero, desde el Mineducación, Moreno asegura que es la SAE, como entidad que tiene el control sobre la Asamblea General de Fundadores y Miembros Eméritos del CECEP, la encargada de coordinar con las nuevas directivas y de poner en marcha los planes que permitan terminar el semestre de los estudiantes que ya están en curso o, en caso de ser necesario, trasladarlos a otras instituciones de educación superior.
Aunque la SAE no es una institución educativa, el viceministro resalta que su papel es clave porque tiene la administración del CECEP. Por eso, su participación será decisiva para asegurar que las clases y procesos académicos puedan continuar, aun si se confirma la liquidación.
Mientras este panorama se aclara, Moreno hace un llamado a la tranquilidad y dice que la cartera está adelantando un diagnóstico detallado sobre el estado académico de la institución y, además, en las mesas de trabajo ya se discute una alternativa para salvar el semestre con un nuevo calendario académico. Los estudiantes y trabajadores, por su parte, insisten en que necesitan claridad sobre el plan que se pondrá en marcha para enfrentar el proceso de liquidación.
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