En los últimos días han salido varias noticias en algunos medios de comunicación donde se aseguraba que José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, demandaría a la institución por cerca de COP 2.000 millones. La razón principal, se leía en los artículos, se debía a que buscaba que se le reconocieran los salarios que dejó de recibir luego de que su nombramiento fuera tumbado por el Gobierno Petro.
Peña, en una serie de audios enviados a El Espectador, desmiente esta información y aclara que en la actualidad no existe una demanda de reparación directa presentada por él y que no ha tomado la decisión de presentar una. "No habrá alguna demanda de mi parte", sentencia.
Lo que existió, aclara, es un trámite de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, el cual comenzó como un mecanismo previo para explorar una eventual solución jurídica a una controversia, en este caso la designación de rector de la Universidad Nacional para el período 2024 – 2027.
La solicitud de la que habla Peña fue radicada el 4 de mayo de 2026 y fueron convocados la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional. La audiencia de conciliación fue el 17 de julio, pero, como cuenta Peña, no asistió. "Por ende, terminó sin acuerdo; eso no significa que exista una demanda ni que exista un reconocimiento de responsabilidad o de una obligación económica por parte de la universidad".
Esta medida de conciliación, aclara Peña, fue un mecanismo por el que optó con el objetivo de encontrar una reparación a lo que, a sus ojos, consideró que se habían ocasionado a su "buen nombre, a mi trayectoria, pero sobre todo las múltiples amenazas de muerte, las intimidaciones y agresiones a mi esposa y a mis hijas para que renunciara a la rectoría".
Esta decisión, aclara, no se trataba de exigirle dinero a la Universidad Nacional. Lo que buscaba era un "ejercicio de dignidad y memoria y no una decisión de disponer recursos de la universidad". Por eso, indica, su posición en la actualidad es clara: no busca demandar a la Universidad Nacional. "Lo correcto es decir que no existe una demanda presentada y no existe una decisión de presentarla", sentencia.
La puja por la rectoría de la Universidad Nacional
El complejo camino por la rectoría de la Universidad Nacional se remonta a marzo de 2024, cuando, tras más de nueve horas de deliberación, el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las universidades públicas, designó a José Ismael Peña para que ocupara este cargo.
Una vez se conoció la decisión, la comunidad educativa, por medio de protestas y movilizaciones, la rechazó. Le pidieron a la ministra de Educación de ese entonces, Aurora Vergara, que no firmara el acta donde quedó establecida la sesión del CSU y que es un documento clave para la posesión del rector.
Un par de semanas después, y luego de que cambiaran algunos de los integrantes del CSU, se citó a una sesión extraordinaria con un único punto en la agenda: definir la situación de la rectoría. Tras varias horas de reunión, designaron a Leopoldo Múnera como rector. Desde junio de 2024 y hasta noviembre de 2025, Múnera estuvo al frente de la institución.
El 24 de noviembre del año pasado, el CSU designó como rector encargado a Andrés Felipe Mora, tras conocer la segunda sentencia del Consejo de Estado. Y, el 17 de febrero de 2026, una sentencia de segunda instancia, proferida por las magistradas Luz Marina Ibañez, Elvia Bibiana Guarín y Claudia Angélica Martínez, de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó al CSU de la Universidad Nacional que, en menos de 48 horas, debería reincorporar a Peña en el cargo.
En la sentencia, el juzgado concluyó que no se habían vulnerado los derechos fundamentales invocados por Peña y negó la acción de tutela en la que pedía su restitución como rector de la Nacional.
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