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En la conmemoración del aniversario número 40 de la tragedia de Armero, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes anunció que las ruinas de la antigua ciudad fueron incluidas en la lista inicial de posibles bienes patrimoniales, lo que abre el camino para que más adelante puedan ser reconocidas como Bien de Interés Cultural.
La ministra Yannai Kadamani hizo el anuncio en el mismo territorio afectado por la erupción del Nevado del Ruiz en 1985: “Después de un trabajo de construir los expedientes para el Plan Especial de manejo y protección, un año trabajando y una inversión de casi 2000 millones de pesos entre los documentos, esto significa construir un plan de protección y sobre todo de no repetición. No queremos repetir nuestra historia de hace 40 años”, dijo. También señaló que las instituciones del Estado trabajan de manera articulada en Armero como parte de “la política del respeto, del cuidado, de la memoria, del trabajo intersectorial”.
El Ministerio presentará el 27 de noviembre ante el Consejo Nacional de Patrimonio el expediente técnico que sustenta el proceso. Ese informe recoge el trabajo realizado desde 2024 en investigación, estudios patrimoniales y diagnósticos del lugar, fase para la que se destinaron 1.323 COP millones entre 2024 y 2025.
Las decisiones que hoy orientan la protección de Armero se apoyan en normas adoptadas hace varios años. En 2013, la Ley 1632 fijó la responsabilidad del Estado de conservar y resguardar las ruinas. Y dos años después, el CONPES 3849 estableció cómo el país debía honrar la memoria de la antigua ciudad y de sus habitantes. Ese documento también reconoció la trascendencia que tuvo la historia de la niña Omaira Sánchez, cuyo caso es un ejemplo del dolor que dejó la tragedia.
El proceso de recuperación y protección de las ruinas se ha desarrollado por etapas: la primera avanzó en 2024 con los estudios base, que permitieron entender el estado del lugar y definir qué acciones eran prioritarias. Después, en 2025, comenzó la fase dedicada a diseñar el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), el instrumento que orientará cómo se preservará y gestionará el sitio en los próximos años. Esta tarea la lidera la Universidad del Valle mediante un convenio interadministrativo con una inversión de 688.000.000 COP.
Junto con este trabajo técnico, el Ministerio impulsa actividades comunitarias. Por ejemplo, el acompañamiento a los grupos de Vigías del Patrimonio Cultural, como el Semillero Fe y Alegría Armero Guayabal, que participa en iniciativas de reconocimiento del territorio y de transmisión de la historia de la antigua ciudad.
