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El Chocó, afligido por la temporada invernal en estos días y desde hace muchos años azotado por el conflicto armado que se recrudece hoy en la disputa entre las Agc y la guerrilla del Eln, es también escenario de escándalo. La evidencia la guardó en su celular el abogado Antonio García, intrigado por entender cómo se evaporan los recursos del Estado destinados a los proyectos de paz.
El 2 de marzo de 2022, a una semana de las elecciones parlamentarias, él cree que por su trabajo en los tiempos de Justicia y Paz, en los que tuvo contacto con algunos jefes de las autodefensas que se desmovilizaron en 2005, recibió mensajes del abogado y excongresista Édgar Eulises Torres Murillo, condenado a ocho años de prisión en 2011 por nexos con el paramilitarismo:
“Buenas tardes doctor Antonio, un saludo cordial. Después del proceso judicial tuve la oportunidad de hablar con el señor Freddy R. en dos oportunidades, en ambas me manifestó que contara con él si fuera necesario. Le hice referencia a la aspiración de mi hijo Eduar, me manifestó que por qué no lo había buscado, que él me hubiera podido ayudar. En esta ocasión mi hijo Eduar Torres, aspira a la Cámara de Representantes por el Chocó, con mucha opción de ganar. Necesito el apoyo que en dicho momento me ofreció (…) La ayuda es en carácter de préstamos, tengo varios proyectos en municipios PDTE para aprobación que los puedo ceder a cambio del préstamo. Su apoyo es determinante para ganar, solo necesito esa ayuda”.
Sorprendido por los mensajes que recibía por Whatsapp, Antonio García decidió seguirle la cuerda para entender cómo era “el negocio” con los recursos de la paz. “Yo tengo varios proyectos de pavimentación de vías, con viabilidad, tengo dos contratos ya listos en ejecución, por dos mil millones de pesos, y tengo listo para aprobación $20 mil millones en proyectos productivos, a través de municipios PDET. Esos proyectos los puedo negociar para que la persona que me colabore pueda ejecutarlos. De esa manera usted hace una obra de caridad, porque yo sé que con el apoyo suyo o de la persona que usted me diga ganamos la Cámara de Representantes (…) Son recursos de Ocad-Paz, de los recursos de los municipios PDET que fueron priorizados por el Acuerdo de Paz. Son recursos de la Dirección de Gestión del Riesgo y Desastres. Ya hay resolución de aprobación y está pendiente solamente para los giros y el proceso licitatorio. Hay un proyecto de pavimentación de cinco kilómetros en el Medio Baudó que estaba solamente para contratación”, precisó Torres y envío algunos audios más para explicar la movida:
El excongresista condenado le insistió a su interlocutor que lo recibiera para darle más información, pero Antonio García, hermano mayor del asesinado comandante paramilitar y exmilitar del Ejército Carlos Mauricio García, conocido en la guerra como Doble Cero, pero ajeno a sus vueltas, se negó al encuentro.
Aun así, Torres le envió contratos celebrados y una tabla con detalles de tres proyectos PDET, como respaldo de sus afirmaciones. Después recalcó la necesidad de su ayuda para “poder negociar (…) los proyectos y contratos que están a nombre de Andrés Torres, mi hijo, como representante legal de la empresa. Tengo el firme convencimiento de que si usted me ayuda a conseguir un inversionista ganamos las elecciones en el Chocó”.
Antonio García contestó: “Señor, en el momento he revisado la información que me envió y me sorprende que esté ofreciendo esos contratos fruto del proceso de paz como garantía de préstamos. Eso es corrupción. Usted como que no aprendió la lección. Por favor, no me vuelva a buscar para esos temas. No se robe los recursos de las comunidades más desprotegidas de Colombia. ¿No le da vergüenza?”.
La conversación terminó ahí. El 15 de marzo de 2022, los resultados a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Chocó dieron como ganadora nuevamente a Astrid Sánchez Montes de Oca. En cambio, Tito Torres, como se conoce en Chocó a Eduar Torres, uno de los tres hijos de Édgar Torres, fue derrotado en las urnas por tercera vez consecutiva. Alcanzó el 2 % de la votación, con apenas 2.949 votos. Al contrario de su padre Édgar Eulises Torres Murillo, que fue representante a la Cámara desde 1990 hasta 2009, Eduar no convenció al electorado. La diferencia puede ser lo que se lee en la condena a ocho años de prisión, dictada por la Corte Suprema de Justicia contra el controvertido excongresista chocoano. Según el exjefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, el Alemán, Édgar Torres recibió apoyo económico y logístico de la organización armada desde 1998 hasta su desmovilización en Unguía (Chocó) el 16 de agosto de 2006.
(En contexto: Se habría perdido en coimas plata de los municipios más golpeados por la guerra)
En la misma sentencia de la Corte Suprema de Justicia fue condenado también el exrepresentante a la Cámara Odín Sánchez Montes de Oca, familiar de la actual representante Astrid Sánchez Montes de Oca. La prueba reina fueron las declaraciones que precisamente aportó Freddy Rendón, quien llegó a ser comandante del bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y abocado a cumplir compromisos con la verdad ante la jurisdicción de Justicia y Paz, creada para el sometimiento del paramilitarismo, detalló la alianza con Torres Murillo y Sánchez Montes de Oca, entre otros.
Rendón dijo, por ejemplo, que en desarrollo del Proyecto Político del Darién se acordó que el candidato de las autodefensas para el período 2002-2006 sería Robert Mendoza Ballesteros (condenado por sus nexos con paramilitares) y después de un periplo con varios políticos por el departamento se decidió su inclusión en el tercer renglón de la lista a la Cámara de Torres Murillo. Un aliado de la organización al margen de la ley, cuyo imperio empezó a languidecer luego de la condena de la Corte, en 2011, y más adelante cuando la Procuraduría confirmó su destitución e inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos, en 2018. Fue entonces cuando la carrera política de su hijo, Eduar Torres, empezó a abrirse camino, sin mucho esplendor, en el ocaso de la de su padre.
El Espectador indagó en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el estado de los tres proyectos con los recursos de los Ocad-Paz, prometidos por el excongresista Édgar Torres, y encontró que dos de ellos siguen en etapa de “formulación”. Es decir, apenas fueron estructurados y presentados, falta su aprobación en las sesiones del DNP, entidad que preside el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad). El primero se trata de un proyecto productivo piscícola y avícola “para el mejoramiento de los ingresos de los habitantes de las comunidades indígenas Unión Wounaan Macedonia y la Comunidad Afro de Dipurdú del municipio Medio San Juan”, en Chocó, por un poco más de $12 mil millones. El otro es un proyecto de cacao para las comunidades de la zona rural de Nóvita, por casi $9 mil millones. El tercer proyecto va más avanzado. Fue catalogado como “viable” y suma un poco más de $19 mil millones para la pavimentación de la vía que conduce del pueblo de Nóvita al corregimiento de Torra, de ese municipio.
Con relación a los contratos, este diario constató que los documentos contractuales que Torres envió suman cerca de $2 mil millones. El primero se celebró el 9 de diciembre de 2021, entre el alcalde de Nóvita (Chocó), León Fabio Hurtado Mosquera, y Andrés David Torres Mosquera, uno de los familiares de Édgar Torres, representante legal de Ecoserving S.A.S., por $999.450.769. Se trató de una licitación pública cuyo objeto era el “mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en Nóvita”.
El segundo se firmó el 28 de enero de 2022, entre el alcalde de Medio Atrato (Chocó), Wilfrido Córdoba Moya, y también Andrés David Torres Mosquera, pero esta vez como representante legal de la Unión Temporal llamada Arqcco Soluciones Integrales S.A.S., cuyo representante legal y único accionista es Andrés David Torres Mosquera, desde el 8 de julio de 2020, según registro mercantil. El objeto del contrato de licitación pública era la construcción de 455 metros de placa huella y cuatro alcantarillas para “mejorar la vía Beté”, en el municipio de Medio Atrato (Chocó), por $999.658.972. Este diario buscó al excongresista Torres para conocer su versión de estos hechos, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Ambos son contratos legales y no existen los delitos de sangre, pero en sí mismos prueban cómo se mueven los recursos públicos entre las casas políticas del departamento, así en el pasado sus promotores se hayan visto manchados por evidencias judiciales. Con algunas causas ya abiertas en otros frentes investigativos, sigue creciendo la espuma del escándalo por corrupción en el uso de los dineros del Acuerdo de Paz. En pocos días el Congreso realizará un debate de control político al que está citado el exalto consejero para la Estabilización y Consolidación Emilio Archila; el exdirector del DNP, Luis Alberto Rodríguez; y otros empleados públicos y exfuncionarios.
El tema central es develar los entramados de la corrupción que se están quedando con los recursos de la paz que deberían asistir a las zonas más golpeadas por el conflicto armado, como Chocó, donde además de la pobreza, el atraso y la desigualdad se suma la avidez de la corrupción. Hace cuatro meses, en marzo de 2022, fue detenido el gobernador Ariel Palacios Calderón por irregularidades en la celebración de millonarios contratos durante la pandemia. Y hace menos de dos meses se conoció una conversación entre el imputado senador Mario Castaño y el condenado exsenador Juan Carlos Martínez, donde se jactan de apropiarse de dineros de la prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según sus cálculos, les dejaría utilidades anuales por $15.000 millones, durante 15 años.
Los audios y chats en poder de Antonio García, conocidos por El Espectador, además del tono desesperado pero temerario del excongresista Édgar Torres para promocionar la candidatura de su hijo, prometiendo recursos públicos, demuestran también que hay patrones políticos que subsisten y que siguen haciendo de las suyas en territorios golpeados por la violencia, la inasistencia estatal y los tentáculos de la corrupción.
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Por Natalia Herrera Durán
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