En esta oportunidad los saludamos con el objetivo de desmenuzar uno de los temas que mayor controversia ha generado no solo en Colombia, sino en todo el mundo: Los Pandora Papers. Una nueva investigación periodística, en la que participaron cientos de periodistas de todo el planeta, y que revela secretos financieros guardados durante años por políticos, artistas, escritores, empresarios o deportistas en jurisdicciones con beneficios fiscales, algunas conocidas como “paraísos fiscales”.
Más de 600 reporteros, en 117 países, analizaron casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que se dedican a la creación de sociedades offshore y a su administración. Esos archivos fueron obtenidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ por sus siglas en inglés) y revisados en Colombia por la alianza periodística El Espectador – CONNECTAS.
Antes de empezar nos gustaría aclarar que tener una sociedad en una jurisdicción offshore o en un paraíso fiscal no es necesariamente un delito. Sin embargo, el alto nivel de secretismo y las atractivas ventajas tributarias en estos territorios han permitido a algunos clientes, muchos de ellos con millonarios ingresos, a evadir impuestos en sus países, lavar dinero o esconderlo. En esta investigación se observa que firmas de abogados sugirieron a ciertos clientes mover sus empresas a naciones con menos controles tributarios, cuando se enteraron de que tenían señalamientos por supuestas actividades ilegales. Otros clientes usaron figuras jurídicas para esconder sus nombres detrás de otras personas. Así lograron evitar que se conociera que eran los dueños reales de dichas sociedades.
En video: ¿Qué son los Pandora Papers? ABC de una de las mayores filtraciones de documentos
La evasión de impuestos es sin duda un tema delicado en todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta US$600.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año. Y aunque es imposible decirlo con certeza, según el ICIJ, se estima que hay entre US$5,6 billones y US$32 billones escondidos en sociedad offshore en todo el planeta.
Una de las grandes razones por las que la industria offshore sirve en ocasiones a fines ilegales es la facilidad que brinda para ocultar al verdadero dueño de una sociedad, el beneficiario final. Muchas veces, quien aparece en el papel como representante legal de la sociedad, no es el que realmente la controla y se lucra de ella. Como lo revelaron los Panama Papers, Mossack Fonseca no sabía quiénes eran los beneficiarios finales de más del 70 por ciento de las 28.500 sociedades que había gestionado.
¿En qué se diferencia Pandora Papers de filtraciones pasadas como los Panamá Papers? Un dato. Mientras Panama Papers contaba los secretos de una sola proveedora de empresas offshore, Pandora Papers revela cómo funcionan 14 firmas que operan en diferentes jurisdicciones, los intermediarios que intervienen y los clientes variopintos de todo el mundo con algo en común: la búsqueda del secretismo.
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Y ya que hablamos de Colombia. El capítulo de nuestro país, por ejemplo, involucra a personajes muy conocidos de la vida pública como César Gaviria, Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, Ángela María Orozco, Guillermo Botero, Gina Parody, Fernando Araujo Perdomo, Lisandro Junco, Luis Diego Monsalve, Isaac Yanovich, Enrique Peñalosa y el clan Char.
Los millonarios colombianos tampoco se escaparon de las filtraciones. Personajes como Luis Carlos Sarmiento Angulo, Alejandro Santo Domingo, Eduardo Pacheco Cortés o familias con tradición empresarial como los Echavarría (del grupo Corona), los Barberi (de Tecnoquímicas) y los Gilinsky (GNB Sudameris) también se vieron salpicados por las revelaciones del ICIJ en los Pandora Papers.
Una vez se conocieron las filtraciones, uno de los nombres que más impacto generó dentro del país fue el de Lisandro Junco, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), encargada del recaudo tributario en el país. Para los reporteros que participaron de la investigación resultaba paradójico que en esta filtración apareciera el nombre de la persona que, precisamente, debe ser quien vele por el pago de impuestos en el país.
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Junco aparece como beneficiario de la sociedad Cyber Security System Company, constituida en 2016 en Delaware, Estados Unidos. También figuran cobros al funcionario de parte de SFM, uno de los proveedores presentes en Pandora Papers, por la apertura de una cuenta bancaria en Chipre y una oficina virtual en Londres. Según registros públicos de Delaware, la sociedad se canceló por “falta de pago de impuestos”.
El director de la DIAN asegura que no conoce a SFM y su sociedad no tiene cuentas en Chipre ni oficinas en Londres. Asegura que Cyber Security System Company se trasladó a Florida a los pocos días de haber sido constituida, y solo tiene una cuenta bancaria en el Citibank de Miami con un poco más de 10 mil dólares. Fue constituida con el propósito de desarrollar un proyecto familiar que no se ha podido realizar, “y, por tal razón, la sociedad aún sigue activa, pero no opera, no tiene ingresos y su único activo es la cuenta bancaria. Los ingresos de constitución de la sociedad Cyber Security System Company Subsidiary L.L.C., los aportamos mi esposa y yo, de nuestros ahorros”, dijo Lisandro Junco.
Pero aunque el director de la DIAN insiste en que no ha cometido un delito, la aparición de su nombre en la filtración generó, como era de suponerse, un terremoto político. Solo días después de publicada la investigación, la oposición al gobierno de Iván Duque pidió la renuncia del funcionario. Según miembros de este grupo, como el congresista Jorge Enrique Robledo, “quien cobra los impuestos no puede tener negocios calculados para evadirlos”.
Mientras que por su parte, la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), anunció que iniciará investigaciones para determinar si existen presuntas faltas disciplinarias por parte del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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Los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana también tuvieron que aclarar su aparición en la filtración de los Pandora Papers. El primero aparece como director de la sociedad panameña MC2 Internacional S.A., a su vez, accionista de la reconocida empresa colombiana dedicada al transporte de gas MC2 S.A. S. ESP. Estos negocios en el sector de hidrocarburos se suman a otros que ha constituido, junto a familiares, en el mundo de los seguros, el arte y la consultoría.
Pastrana, por su parte, aparece como beneficiario de la sociedad Vanguard Investment Inc., registrada en Panamá y cuya accionista es, a su vez, la firma colombiana Salatina Puyana y Cía. S. en C., propiedad de Pastrana. Durante una década, el nombre de la empresa colombiana como accionista de la panameña se mantuvo en el anonimato, pues usaba la figura de las acciones al portador. Eso cambió en 2016, a raíz de modificaciones en la regulación, lo que obligó a poner el nombre real de la firma dueña de las acciones.
“El objetivo era hacer inversiones colombianas en el exterior, tal y como consta en los registros de inversión ante el Banco de la República. Es decir, se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio. A la fecha la sociedad Salatina Puyana y Cía. S. es la titular del 100 % de las acciones de Vanguard Investment Inc.”, explicó el expresidente.
Los miembros del actual gobierno tampoco salieron ilesos de las filtraciones. La vicepresidenta y actual canciller, Marta Lucía Ramírez, su esposo, Álvaro Rincón y su hija, María Alejandra Rincón aparecen en los Pandora Papers a través de la sociedad panameña Stulb Investment Corporation, con documentos que datan desde el 2005 en el que están relacionados como accionistas de la sociedad Global Securities Management Corporation, registrada en Islas Vírgenes Británicas y cuyo socio fundador fue el colombiano Gustavo Hernández Frieri, que resultó condenado en EE. UU. en 2021, en un caso de lavado de dinero saqueado de la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA.
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La vicepresidenta reconoció su participación en el negocio offshore en la sociedad de Hernández Frieri, pero aclaró que vendió su participación en noviembre de 2012, dos años antes de que el hoy condenado comenzara a lavar el dinero venezolano, y seis años antes de que fuera capturado en Italia con fines de extradición a Estados Unidos. “No se puede atribuir a nosotros ni tratar de implicarnos, en modo alguno, especialmente en lo ocurrido en 2018″, afirmó la canciller.
En este mismo negocio terminó salpicada Ángela María Orozco, ministra de Transporte, quien aparece como accionista de la sociedad Global Securities Management Corp. Orozco, como Ramírez, confirmó su participación en el negocio offshore y aclaró que cedió su participación en febrero de 2012, es decir, dos años antes de que Hernández Frieri comenzara a lavar el dinero venezolano. “No le vi problema, por cuanto donde fuera el domicilio, yo registraría la inversión en Colombia como de hecho fue desde el primer día”, aseguró la funcionaria.
Quien también tuvo que dar explicaciones fue el precandidato presidencial Enrique Peñalosa, dos veces alcalde de Bogotá. En Pandora Papers, aparece como beneficiario de dos sociedades panameñas que se fusionaron: Limetree Investments S. A. y Urban Vision & Strategy S.A., dedicadas a la consultoría en planeación urbana. Ambas se liquidaron. Dos exfuncionarios de sus alcaldías también figuraron, en distintos periodos, como directores de una de esas compañías.
Peñalosa explicó que el propósito fue adquirir una entidad dedicada a la “prestación de servicios de consultoría sobre desarrollo y planeación urbana a nivel internacional, actividad que durante los últimos 20 años ha sido mi actividad económica primordial”. Afirmó que resultaba más eficiente en términos fiscales prestar estos servicios desde una compañía por fuera de Colombia. “Por ejemplo, la deducibilidad de gastos de taxis en Karachi u hoteles en Chennai era más sencilla con una base en Panamá”.
Pero no son solo figuras políticas las que aparecen en las filtraciones. Como lo mencionamos unos párrafos arriba, también algunas de las familias más poderosas del país hacen parte de los Pandora Papers, como es el caso del clan Char, el quinto grupo familiar más rico de Colombia, según el ranking Forbes 2021, con una fortuna estimada de 432 millones de dólares. Su empresa Supertiendas y Almacenes Olímpica S.A. es la undécima sociedad más grande del país con ingresos por más de seis billones de pesos en 2020. También es uno de los principales grupos políticos de la región Caribe, con varios periodos en la Alcaldía de Barranquilla, en Gobernación del Atlántico y el Congreso de la República.
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La red offshore de los Char se construyó por medio de la empresa Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), reconocida firma de abogados panameña que tiene un consolidado negocio de abrir y gestionar sociedades offshore para extranjeros en lugares con beneficios fiscales, Islas Vírgenes Británicas, Delaware, Islas Caimán o la misma Panamá. Entre los documentos conocidos en las revelaciones de Pandora Papers, Fuad Char aparece inicialmente como uno de los principales clientes en Colombia de Alcogal.
En total, el grupo Char aparece relacionado con 13 sociedades offshore en Pandora Papers, principalmente registradas en Panamá y en Delaware (EE. UU.). Tan solo Fuad Char aparece como beneficiario final de 10 sociedades. En la respuesta para El Espectador-CONNECTAS, el empresario barranquillero solo reconoció tener relación con siete de estas sociedades y dijo que todas están declaradas ante la DIAN.
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¿Tienen algún efecto este tipo de revelaciones? La respuesta es sí, aunque a medias. La consecuencia más importante de las revelaciones periodísticas sobre el mundo de los paraísos fiscales y las sociedades offshore, como la de los Panama Papers, “sacó del closet” el tema de la evasión de impuestos e impulsó una lucha frontal contra la evasión a nivel global.
De hecho, la efectiva política implementada por el gobierno colombiano para impulsar la declaración y repatriación de grandes capitales que estaban en el extranjero le ha significado al país un recaudo adicional de impuestos superior a cuatro billones de pesos, es decir un trillón de dólares, desde el 2015.
Una mayor recaudación sería imposible sin la información sobre dónde se encuentran esos activos que algunos quieren esconder. Actualmente Colombia intercambia información con más de 110 jurisdicciones en el mundo. En el caso de Panamá, los cambios que llegaron con las investigaciones periodísticas motivaron a que ese país compartiera información de manera automática, sin tener que solicitarla.
Los Pandora Papers seguramente seguirán dando de que hablar no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Por eso seguiremos, desde la redacción Investigación, atentos a los nuevos desarrollos y se los contaremos en www.elespectador.com
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