“No hay voluntad de la Fiscalía para identificar quién me amenaza”: Andrés Celis

El investigador de la Comisión de la Verdad que entrevistó a "Otoniel" tuvo que exiliarse para proteger su vida.

Foto: Archivo Particular

¿Cuándo comenzaron las amenazas?

La primera amenaza, y la más directa hasta ahora, la identifiqué cuando entraron a mi apartamento después de la entrevista con “Otoniel” y se robaron dos grabadoras con copias de los audios. Eso sucedió en la madrugada del sábado 19 de febrero de 2022. Ya llevábamos varias sesiones con Úsuga y teníamos otras programadas, pero tuvimos que parar luego del robo.

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¿Cuáles fueron las tensiones con el dispositivo de seguridad que custodiaba a “Otoniel”?

Todo el proceso de escucha con él estuvo muy interrumpido. En una de las sesiones, la DIJIN nos sacó del recinto y después la Fiscalía emitió un comunicado argumentando razones de seguridad nacional, porque supuestamente había un plan de fuga que se quería ejecutar justo ese mismo día. A la siguiente sesión, no nos dejaron entrar grabadoras ni esferos y tuvimos que explicar que necesitábamos tener registro de esas declaraciones. Finalmente pudimos entrar las grabadoras, pero la Policía insistía en que otras personas estuvieran presentes en la diligencia. Nosotros nos opusimos, y la Comisión y la JEP exigieron garantías para que pudiera hablar tranquilamente. Justo después de eso, entraron a mi apartamento.

¿De dónde salió la tesis de que a su apartamento entró un habitante de calle que vio la oportunidad?

Cuando llegó la Policía, me preguntaron si había tocado algo. Yo les dije que solo abrí la ventana y me respondieron que ya había alterado la escena de los hechos y no podían hacer levantamiento de huellas. Luego llegó el CTI, que hizo una inspección muy rápida y concluyó que el responsable fue un habitante de calle por como quedó la cocina. Yo pedí que registraran en el acta que me parecía una conclusión muy apresurada y luego me comuniqué con el padre Francisco de Roux, quien llamó a la vicefiscal Martha Mancera. Ella ordenó que el mismo equipo del CTI volviera a la escena, porque ya se había ido, e hiciera un levantamiento bien hecho.

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¿Por qué cree que fue una conclusión apresurada?

Poco después llegó Alberto Acevedo, director nacional del CTI, y él me recomendó que revisara la biblioteca para ver si faltaba algo. Ahí me di cuenta de que el supuesto “habitante de calle” se llevó varios libros relacionados con el conflicto armado. Se lo comenté al director Acevedo y le dije que por eso no creía en la tesis de la Fiscalía. Sin embargo, en una reunión que tuvimos el 2 de abril, un delegado de esa entidad mantuvo esa hipótesis y dijo que tenían el retrato hablado del habitante de calle y videos de cámaras de seguridad. En esos videos, se ve cómo la persona que sale de mi apartamento se sube a un taxi que lo estaba esperando. Después de denunciar todo esto en medios de comunicación, empecé a recibir amenazas por teléfono.

¿Cuántas denuncias ha presentado por estos hechos?

He presentado tres denuncias: una por el robo en mi apartamento, otra por las amenazas que siguieron, y la tercera por un atraco que sufrí en Santa Marta cuando tuve que irme de Bogotá. En ese atraco me quitaron dos celulares, uno de esos era propiedad de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, la Fiscalía le dio tratamiento de delincuencia común. Lo último que supe sobre esa investigación fue que la archivaron poco después de haber presentado la denuncia. Los argumentos para esa decisión son absurdos. La Fiscalía dice que no entregué información suficiente para identificar a mis atracadores y que intentaron comunicarse por teléfono pero no contesté. Eso no tiene sentido, pues la denuncia fue precisamente por el robo de mis dos teléfonos.

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¿Por qué cree que lo siguen amenazando?

Las dos veces que he hablado con la persona que me amenaza, me ha dicho que lo contrataron para asesinarme y me pide más dinero para evitarlo. En ambas ocasiones me ha mencionado que yo tengo información muy valiosa y que por eso me quieren matar. El comisionado Valencia y yo entrevistamos a muchas otras personas, como excombatientes o exagentes del Estado, que entregaron información muy importante. La de Dairo Antonio no fue la única entrevista, ni la más reveladora.

¿La Fiscalía lo ha contactado para hablar sobre estas nuevas amenazas?

Solamente llaman para pedirme que amplíe la denuncia cuando hay presión de los medios de comunicación. Pero no han presentado ningún avance. Estos nuevos mensajes me llegaron por correo y el fiscal me pidió las claves de acceso a mi cuenta, pero yo me negué porque no confío en la Fiscalía ni creo que tenga voluntad para encontrar a los responsables.

¿Cómo está su situación migratoria en el país de acogida?

Yo salí de Colombia con ayuda de la embajada del país que me acogió. No recibí apoyo del Gobierno. El tipo de visa que tengo no me permite trabajar y lo necesito. Sería importante que la Cancillería interviniera para ayudarme a resolver eso, pero no he recibido ninguna comunicación. Tengo que agradecer al excomisionado Carlos Beristain, que estuvo encargado del capítulo de exilio y me ha ayudado mucho a establecerme en este país. Para mí, esto ha sido vivir en carne propia lo que documentamos en la Comisión de la Verdad.

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