A comienzos de octubre, la Contraloría declaró que todos los contratos en manos de las cuatro empresas que hacen parte de la unión temporal Centros Poblados eran de impacto nacional. La decisión implica que el ente de control revisará hasta la última coma de cada uno de esos negocios, que suman más de $1,1 billones desde 2014, porque considera que el patrimonio público está en riesgo. La determinación se tomó después de que se conociera que Centros Poblados presentó certificaciones bancarias falsas para quedarse con un millonario contrato del Ministerio de Tecnologías, que buscaba llevar internet a las zonas más apartadas de Colombia, lo que provocó que les caducaran el contrato.
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Los casos que son declarados de impacto nacional quedan bajo la lupa de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Controlaría. Esta interviene de forma inmediata y se encarga de adelantar auditorías especiales e investigaciones, debido al inminente riesgo de pérdida o afectación del patrimonio público. El propósito es establecer si los hechos ameritan declarar la responsabilidad fiscal, así como recaudar y asegurar las pruebas para adelantar procesos fiscales.
En los últimos cinco años, la Contraloría ha proferido 177 autos sobre casos de impacto nacional, de los cuales 67 han sido archivados, 22 terminaron con un fallo declarando la responsabilidad fiscal y 7 decidieron la no responsabilidad. Algunos de los escándalos de corrupción más sonados que fueron cobijados con esta figura son la Refinería de Cartagena (Reficar), la planta de etanol de Bioenergy en el Meta, Electricaribe, Saludcoop, el cartel de la hemofilia en Córdoba, Hidroituango, Medimás y, más recientemente, el de Centros Poblados.
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El pasado 1 de octubre, la Contraloría determinó que los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados habían suscrito 223 contratos con entidades del Estado entre 2014 y 2021, por un total de $1.173.483 millones. Se trata de Omega Buildings Constructora, Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e innovación, ICM Ingenieros e Intec de la Costa, compañía que acumula la mayoría de los negocios jurídicos, pues tiene en sus manos el 55.1% de ellos. Desde entonces, los investigadores del ente de control tienen los ojos puestos en esa contratación.
También han sido declarados de impacto nacional las irregularidades en la construcción de colegios en La Macarena (Meta), de hospitales en La Uribe (Meta), del centro recreacional Acuaparque en Buenaventura, de internados en Puerto Gaitán (Meta) y del estadio de fútbol de Neiva. Además de las presuntas irregularidades en un contrato con el que la Armada Nacional adquirió en 2018 unos helicópteros navales por USD 637.744.33, pero que terminaron siendo defectuosos; y otro contrato con el que el Ministerio de Defensa compró un helicóptero usado de búsqueda y rescate, que terminó sin poder utilizarse por mal funcionamiento e inconsistencias en la constitución de sus pólizas, lo que equivaldría a un daño de más de $20.000 millones.
De los casos más recientes que han culminado con un fallo de responsabilidad fiscal, por haber desangrado las finanzas del Estado, están Electricaribe e Hidroituango. En el primero, la Contraloría determinó que la electrificadora no entregó subsidios a usuarios de estratos 1 y 2, y estimó el daño en más de $211.000 millones. Los recursos del Fondo de Energía Social, que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía para los estratos más bajos de las zonas especiales de la Región Caribe, se usaron de forma indebida entre julio de 2011 y octubre de 2016.
“Al llevar a cabo dicha aplicación, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que por el contrario se favorecieron los ingresos de la empresa Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales”, señaló la Contraloría. Así mismo, en forma solidaria con Electricaribe, se falló en contra de la firma auditora y revisora PriceWaterhouseCoopers (PwC) y tres de sus colaboradores.
Por su parte, en Hidroituango, el ente de control calculó el daño en $4.3 billones y declaró responsables a 26 personas naturales y jurídicas por los retrasos en el inicio de la operación del proyecto hidroeléctrico, que debía iniciar en noviembre de 2018. Los desacuerdos, omisiones y malas decisiones de quienes controlaban la obra provocaron el taponamiento de ésta el 28 de abril de 2018, lo que generó el desplazamiento de comunidades asentadas cerca del río y pérdidas económicas, ya que, a junio de 2019, las inversiones excedían en 114.94 % “el valor inicialmente planeado”.
“La contingencia no obedeció exclusivamente a una causa externa, sino que la misma fue producto de defectos constructivos, problemas en el seguimiento y control de las obras, como consecuencia de la ejecución acelerada de las obras para intentar cumplir a toda costa con una fecha de entrada de generación de energía”, ratificó la Contraloría.
En el mismo listado de responsables fiscales de gran impacto nacional, están varios casos que han afectado particularmente a la Guajira. En uno de los expedientes, el exgobernador del departamento; José Ballesteros Valdivieso; su secretaria de educación; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar; y la Fundación Kabala fueron responsables de un daño de $641 millones, por irregularidades en el programa de alimentación escolar de 15 municipios, del que los niños y jóvenes dependían para comer en la mañana y a la hora del almuerzo. Quienes estaban a cargo de la contratación, elevaron los costos de cada ración sin justificación alguna. Los sobrecostos fueron avaluados en casi $5.000 millones.
Córdoba es otro de los departamentos más afectados por la corrupción en los últimos años. El expediente más mediático fue el de la hemofilia, que le costó al departamento más de $1.000 millones. La IPS San José de la Sabana recibió pagos millonarios por suministrar medicamentos a 14 personas presuntamente diagnosticadas con hemofilia, que en realidad no padecían dicha enfermedad y sin que contara con soporte de actas de Comité Técnico Científico o fallos de tutela, como sucede cuando hay un paciente de enfermedad huérfana, como era la hemofilia. Los documentos fueron expedidos por un supuesto médico internista hematólogo, quien durante la entrevista realizada por el equipo auditor informó que nunca había prestado sus servicios a la IPS San José de la Sabana, y aseguró que la firma que aparecía en los papeles no era la suya. Es decir, los soportes presentados eran falsos.
