Un sargento viceprimero del Ejército Nacional fue enviado a un centro carcelario, luego de que el Juzgado 1716 Penal Militar y Policial de Control de Garantías le dictara medida de aseguramiento. El suboficial es investigado por, presuntamente, haber permitido que terceros se apropiaran de municiones y material de guerra pertenecientes al Estado.
Las autoridades señalan que estos elementos habrían terminado en manos de grupos armados que operan en la región. Por estos hechos, el uniformado fue imputado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, cargos que no fueron aceptados.
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De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía Penal Militar, el presunto robo del armamento ocurrió en 2024, cuando el uniformado se desempeñaba como almacenista de armamento del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 23 (BASPC23), con sede en el Cantón Militar Boyacá, en Pasto (Nariño).
Según explicó el ente acusador, el entramado de irregularidades no se limitó al extravío o la entrega no autorizada de material de guerra, sino que habría estado acompañado de un esfuerzo sistemático por encubrir esas salidas manipulando la documentación oficial del batallón.
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Entre los soportes presuntamente alterados se encuentran comprobantes de gasto, certificados de consumo, actas de reintegro, balances contables, planillas de control y registros de polígonos, documentos que, en condiciones normales, permiten hacer trazabilidad de cada munición asignada, disparada o dada de baja dentro de la unidad militar.
De acuerdo con la Fiscalía, estos documentos habrían sido modificados o elaborados con información que no correspondía a la realidad operativa del batallón, con el propósito de legalizar salidas, consumos o bajas de munición que carecían de cualquier tipo de respaldo o justificación técnica.
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La investigación reveló, además, la existencia de documentos que contenían firmas atribuidas a otros oficiales y suboficiales de la unidad, quienes, al ser consultados en el marco del proceso, aseguraron no haber firmado dichos soportes. Este hallazgo llevó a los investigadores a concluir que también se habría incurrido en la falsificación de firmas ajenas, con el fin de otorgar mayor credibilidad y respaldo institucional a la documentación irregular.
Para esclarecer estos hechos y reconstruir la ruta que habría seguido el material de guerra sustraído, el proceso contó con el acompañamiento técnico del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, entidad especializada en labores de verificación y análisis dentro de las Fuerzas Militares.
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Aunque las autoridades no han señalado qué grupo armado pudo recibir el armamento por parte del suboficial, en Nariño hacen presencia el Estado Mayor Central (EMC), liderado por “Iván Mordisco”, así como estructuras del Clan del Golfo y el Eln, con las células Comuneros del Sur y Autodefensas Unidas de Nariño, además de disidencias de las antiguas Farc, como el frente Óliver Sinisterra, entre otras organizaciones que se disputan corredores del narcotráfico y el control territorial en municipios como Tumaco, Samaniego, Barbacoas y El Charco.
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