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La guerra convirtió a millones de colombianos en cifras: muertos, desaparecidos, desplazados. Expedientes con número, pero sin rostro. Detrás de cada una de esas cifras hay una madre que buscó a su hijo durante años, un padre que esperó una explicación que nunca llegaba, una comunidad que perdió a sus líderes, un niño que creció sin entender por qué una silla quedaba vacía en la mesa familiar.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) nació para juzgar y sancionar a los máximos responsables del conflicto armado. Sin embargo, su aporte va más allá de lo judicial, pues convierte la verdad en una herramienta para ponerles rostro a esas cifras, restaurar la dignidad de las víctimas y fortalecer la democracia.
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Dimensionar el reto ayuda a entenderlo. Colombia registra más de 10 millones de víctimas y cerca de 14 millones de hechos. En cerca del 61 % de esos hechos ni siquiera se sabía quién era el responsable. Según información recopilada en la plataforma Jupiter, del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP, reconstruir esa verdad exigió cruzar más de 20 millones de datos y escuchar a cientos de los más de 15.000 comparecientes sometidos a esta jurisdicción. A la fecha, 214 de los imputados como máximos responsables ya han reconocido públicamente su responsabilidad ante las víctimas.
Y ese dolor no lo cargan solo padres y madres. Las esposas que quedaron a cargo de la familia, los hijos que crecieron sin una figura paterna o materna, los hermanos, sobrinos y nietos que nunca vivieron el hecho directamente, pero heredaron la ausencia de sus seres queridos: todos son víctimas. El dolor no se detiene en el círculo familiar más cercano, se transmite de generación en generación hasta llegar a quienes ni siquiera habían nacido cuando ocurrieron los hechos. La justicia restaurativa, al esclarecer la verdad, no solo repara a quien sufrió el crimen directamente, sino que también alcanza a esas generaciones que crecieron con preguntas sin respuestas, y las libera de cargar un dolor que no era suyo.
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Las audiencias de reconocimiento muestran, además, algo profundamente humano que la guerra había arrebatado. La deshumanización no fue exclusiva de quienes la sufrieron; también alcanzó a quienes la ejercieron. Los responsables eran vistos como criminales, no como personas. La justicia restaurativa invierte ese proceso al exigir que quien causó el daño reconozca, con sus propias palabras, con vergüenza, ante las víctimas y ante la sociedad, que sus decisiones destruyeron familias y comunidades. Y es justamente en ese momento que es posible volver a verlos en su condición humana.
Las víctimas, sin que nadie les exija perdonar, recuperan así la posibilidad de ser escuchadas y de que su historia haga parte de la memoria del país. Por eso, cada vez que una víctima aporta a la verdad y que un compareciente asume su responsabilidad, el Estado se fortalece.
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La JEP no solo aplica normas, hace realidad valores como la dignidad humana, la participación y la paz. Y cada vez que una comunidad encuentra en la jurisdicción un espacio para reconstruir su memoria, crece la confianza en que las instituciones pueden responder incluso frente a las heridas más profundas de la historia.
Como escribió Hannah Arendt en La condición humana, la acción tiene la capacidad de iniciar algo nuevo, y es el diálogo el que permite que las personas aparezcan ante los demás como seres únicos e irrepetibles. La guerra convirtió personas en cifras. La justicia restaurativa ha permitido que esas cifras vuelvan a tener un nombre, una historia y un lugar en la memoria de Colombia.
*Magistrada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra
