Sobre las 8:00 de la mañana de este viernes 4 de septiembre, Álvaro Uribe Vélez llegó al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, para rendir indagatoria en cuatro expedientes que la justicia tiene desde hace casi 30 años en sus manos y aún siguen sin resolverse. El expresidente tendrá que declarar sobre su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja (Ituango), la creación de un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia) y la supuesta participación en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Antes de llegar a su cita con la fiscal Gloria Marcela Abadía Cubillos, que es quien lleva el expediente en su contra, el líder natural del Centro Democrático entregó una declaración en la que defendió su inocencia y la de su hermano, Santiago Uribe Vélez, condenado por nexos con el paramilitarismo en Antioquia. Dijo también que los señalamientos en su contra provienen de sus adversarios políticos, incluido el expresidente Gustavo Petro.
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“Acudo a esta indagatoria con tristeza. Lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia. Esta acusación se suma a las muchas que he llevado, creadas por el comité de mis adversarios”, dijo Uribe. Aunque no se refirió puntualmente a los cuatro hechos por los cuales fue llamado a indagatoria, sí hizo una lista de señalamientos en su contra que, según expresó, carecen de fundamento. “Me han acusado de neoliberal porque creo que el Estado derrochador y gigante roba los recursos que la comunidad necesita”, dijo.
Se refirió también a los señalamientos sobre posibles relaciones con el paramilitarismo, que es justo uno de los ejes de su llamado a indagatoria. Así como a la política de seguridad durante su gobierno. “Me han acusado de relaciones con Pablo Escobar, quien varias veces mandó a asesinarme en represalia a mi cumplimiento del deber. Me han acusado de narcoparamilitar, no obstante nuestros resultados en disminución del narcotráfico y en desmonte del paramilitarismo”, dijo el expresidente.
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Agregó: “Me han acusado de violación de derechos humanos a pesar de la política de seguridad democrática que sirvió a todos los colombianos y al libre ejercicio de la democracia. El término de falsos positivos lo acuñó alguien de mi gobierno que mejor debió evitarlos o sancionarlos a tiempo”.
Esta investigación contra Uribe tiene relación también con el proceso en el cual fue condenado en primera instancia y absuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en 2025, por su posible responsabilidad en los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Puntualmente en lo relacionado con los testimonios de algunos paramilitares, que fueron testigos en el primer caso en su contra, cuestionados por poco creíbles en la decisión de segunda instancia y aparecer de nuevo en este otro expediente.
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“Me han acusado de sobornar testigos por la resuelta defensa de mi reputación. Ahora me acusan de petro-uribismo para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives, leal con la nación. Al gobierno Petro le combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”, dijo el expresidente. Además, dijo que parte de los señalamientos en su contra provienen de sus opositores políticos.
También que su interés es “contribuir a la robustez democrática y de las libertades para bien de las presentes y futuras generaciones, más allá del ciclo de mi vida”. Y agregó: “A pesar de que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mí reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente’ o del ‘ojo por ojo’”.
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Sobre su hermano, Santiago Uribe Vélez, y su participación en el caso conocido como Los 12 Apóstoles, expresó que se trata de una condena “injusta”. A pesar de que en junio de este año la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años y tres meses de prisión en su contra, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. “Acudo a esta acusación con el dolor de la injusta condena de mi hermano, un finquero básico, de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores, el mismo comité de mis adversarios políticos”, dijo Uribe.
Concluyó lamentando que, pese a haber tenido la mayor dignidad del Estado colombiano como presidente durante ocho años, hoy esté inmerso en un segundo proceso judicial, ahora relacionado directamente con las masacres perpetradas por los paramilitares entre junio de 1996 y octubre de 1997, así como el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, quien denunció esos hechos cuando Uribe era gobernador. “Creí que le había servido a la nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino. El dolor que me afecta no deteriora mi amor y mi lucha por Colombia, que permanece por encima de honores y dolores”, concluyó.
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