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Cinco personas que estarían implicadas en las irregularidades detectadas en un contrato interadministrativo por más de COP 16.000 millones fueron acusadas por la Fiscalía General de la Nación. El convenio tenía como destino la recuperación e intervención de vías para el transporte público en Medellín (Antioquia).
Puntualmente, los procesados son el exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; el exsubsecretario técnico, Mauricio Alonso Zuleta Estrada; la exsubsecretaria Jurídica, Estefanya Cuervo Sánchez; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.
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Los hechos están relacionados con la celebración de un contrato entre el 28 y el 29 de junio de 2023 para ejecutar obras en la comuna 10 y en los sectores de Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal. Según explicó el ente investigador, el objeto contemplaba "diversas actividades como la demolición de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, construcción y adecuación de andenes y bahías, mantenimiento y reparación de pavimentos".
Las investigaciones de la Fiscalía dan cuenta de que las obras previstas fueron contratadas por la Secretaría de Movilidad, "entidad que no era competente para este fin porque es la encargada de asuntos como la semaforización y señalización vial". La actividad le correspondía realmente a la Secretaría de Infraestructura Física, con apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros.
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Además, el ente investigador detalló que quedaron en evidencia presuntas deficiencias en el análisis del sector y en los estudios previos, particularmente por la ausencia de una justificación suficiente sobre el presupuesto oficial o valor del contrato. También se conoció que la contratación fue realizada de manera directa durante la Ley de Garantías, pese a que debía convocarse a licitación pública.
"Torres Ojeda habría celebrado el contrato con conocimiento de las anomalías, Zuleta Estrada es señalado de intervenir en el trámite sin verificar el cumplimiento de requisitos legales esenciales, Cuervo Sánchez presuntamente otorgó la viabilidad jurídica al proceso, y López Giraldo y Ortega Mateos, al parecer, certificaron el cumplimiento de requerimientos cuando la realidad era otra", explicó la Fiscalía.
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Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Medellín acusó a estas cinco personas por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente, Torres Ojeda deberá responder en juicio por el delito de falsedad ideológica en documento público.
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