El exgobernador de Arauca (2012-2015 y 2020-2021), José Facundo Castillo Cisneros, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
El caso se remonta a 2014, durante la primera administración de Castillo Cisneros, cuando, según la Fiscalía, se habrían detectado irregularidades en un contrato suscrito el 26 de diciembre de ese año, cuyo objeto era la construcción de una vía de doble calzada en la glorieta del Coleo, en Arauca, por un valor superior a COP 16.000 millones.
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De acuerdo con la investigación, las irregularidades se habrían presentado desde la fase de planeación, ya que la licitación se abrió sin contar con estudios previos de conveniencia y necesidad del proyecto.
Asimismo, según el ente investigador, el 20 de agosto de 2015 se gestionó una adición presupuestal para subsanar omisiones del convenio, lo que elevó el valor total del contrato a más de COP 20.700 millones. De acuerdo con la Fiscalía, esto habría generado un detrimento patrimonial superior a COP 2.800 millones por la apropiación de recursos.
Además, durante la audiencia pública, la Sala también avaló la acreditación de la Gobernación de Arauca y la Contraloría General de la República como víctimas dentro del proceso contra Castillo Cisneros.
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Otros casos en los que está involucrado Castillo Cisneros
El 15 de mayo de 2025, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años y dos meses de prisión al hombre por hechos de corrupción en otro contrato cuando se desempeñó como gobernador de Arauca.
Según el alto tribunal, el exmandatario favoreció, conscientemente, al consorcio Educando Arauca, representado por Óscar Evelio Durán Rodríguez, en la contratación de dotación mobiliaria para colegios del departamento.
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Para los magistrados, la licitación pública fue construida con la única intención de que el convenio llegara a manos del consorcio. A este hecho se suma que en octubre de 2021, Castillo Cisneros fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, administración desleal y financiación del terrorismo.
El ente investigador determinó que el exgobernador, al parecer, entregó contratos a personas cercanas a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), todo a cambio de protección armada para sus campañas y apoyo político.
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