El empresario Ricardo Leyva Páez fue citado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia a una diligencia de traslado del escrito de acusación, dentro de la investigación por su presunta responsabilida en hechos de violencia intrafamiliar agravada ocurridos entre 2020 y 2025, contra su esposa Karen Santos. La cita fue programada para el próximo 9 de octubre de 2026, en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.
Fuentes de la Fiscalía consultadas por El Espectador explicaron que, con el traslado del escrito, el ente acusador omite la imputación y le comunica directamente al investigado que tiene los elementos para llevarlo a juicio. A partir de ahí, él deberá decidir si acepta cargos, busca una sentencia anticipada, concilia o va a juicio.
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En otras palabras, la Fiscalía usa una fórmula que le permite ir directamente a la audiencia en la que se conoce el escrito de acusación. En esa diligencia, Leyva podrá aceptar o negar los cargos. Si los niega, el hombre avanzaría directamente a juicio.
Desde diciembre de 2025, Leyva está en el foco de la opinión pública por las denuncias de maltrato de su esposa, Karen Santos. En videos quedó registrado cómo el empresario la perseguía con un cuchillo y la amenazaba con matarla. Además, ella denunció públicamente que habría sufrido violencia durante años por parte de su pareja.
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Hasta ahora, el caso no había tenido un avance significativo en la Fiscalía, hasta la diligencia de acusación anunciada este 7 de octubre.
En paralelo, Leyva denunció a Santos por supuesta extorsión. Según su versión ante el ente investigador, ella lo amenazaba con divulgar un video íntimo que podría destruir su reputación e imagen. En ese caso, la Fiscalía ordenó medidas de protección a favor del empresario.
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El caso quedó en manos del fiscal 175 de Medellín, Carlos Arturo Gómez Osorio, quien, el 5 de diciembre, en un oficio de tres páginas dirigido a la Policía, pidió esas medidas. Según el documento, publicado inicialmente por la revista Cambio, estas se solicitan “para el cese del riesgo, evitar afectaciones futuras en la vida, integridad y el derecho al trabajo de la mencionada víctima”.
El oficio de la Fiscalía establece que Karen Santos tiene una “prohibición absoluta” de contactar a Leyva o a su familia, salvo que exista una orden judicial. Si se presenta esa excepción, el documento precisa que el contacto debe limitarse a lo “estrictamente necesario para cumplir el mandato legal/judicial” y “canalizarse preferentemente por terceras personas neutrales”.
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Además, el texto señala que Leyva podrá recibir atención prioritaria en cualquier CAI del país si decide acudir a uno por asuntos relacionados con la denuncia que presentó contra su esposa. También ordena a la Policía informarle, en su calidad de víctima en el caso que presentó, “sobre los protocolos de protección y las rutas de atención especializadas (incluyendo Violencia Basada en Género (VBG) o violencia intrafamiliar)” y dejar “la debida constancia de su socialización y cumplimiento”.
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