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La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pidió de manera urgente al juez 35 de control de garantías de Bogotá una audiencia preliminar para revisar la medida de aseguramiento dictada por ese despacho, que establecía que debía permanecer recluido en una guarnición militar. La solicitud de la defensa se da tras la orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella de trasladarlo a la cárcel La Picota.
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En el documento, el abogado José Moreno pidió el restablecimiento y la garantía del lugar de reclusión fijado por el despacho, así como la suspensión inmediata de la resolución del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), del 6 de octubre de 2026, que ordenó su traslado. La solicitud pidió “con carácter urgente, el decreto de una medida provisional y la programación inmediata de audiencia preliminar”.
Con ese mecanismo, la defensa busca que el traslado quede suspendido mientras el juez competente aclara o modifica la orden. Tanto López como Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, estaban recluidos en la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media Seguridad (Ejepo), ubicada en el Cantón Militar de Puente Aranda, en Bogotá, y ahora fueron trasladados a La Picota. La orden, firmada por el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del Inpec, contraría lo decidido por el juez John Mario Díaz.
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En audiencia pública del 31 de agosto de 2024, el juez explicó que los testigos corrían riesgo si eran recluidos en una cárcel de máxima seguridad. En esa diligencia, el juez señaló que, tras escuchar a la defensa técnica y revisar las pruebas, “encontró el despacho que, en efecto, la vida de estos ciudadanos se encuentra en riesgo, no solo porque estén ejerciendo ese acto de, entre comillas, (de ser) ‘sapos’, como lo refirieron algunos integrantes de la bancada de la defensa, sino por la dignidad y el poder que pueden ostentar algunos de los actores que integran esta presunta estructura criminal y que indiscutiblemente sí tienen un interés en que la verdad no salga a flote, en que la investigación no camine y en que las líneas de investigación que está adelantando la Fiscalía se entorpezcan”.
El abogado José Moreno afirmó que, mientras la orden del juez Díaz no sea aclarada o modificada “por el juez competente”, ejecutar el traslado podría configurar su incumplimiento y comprometer la responsabilidad de quienes lo autoricen o materialicen, asunto que deberán determinar las autoridades competentes. “Desde este momento, la defensa deja expresa constancia de que hace responsables a quienes ordenen, autoricen o ejecuten este traslado por cualquier afectación que pueda sufrir la vida o integridad personal de Olmedo López o de los miembros de su familia”, agregó.
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Por su parte, Gustavo Moreno, abogado de Pinilla, recordó que existe una orden judicial vigente que dispone que su representado permanezca en un centro de reclusión militar y que las decisiones de los jueces deben ser respetadas y cumplidas. “Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas”.
Y agregó: “No se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia”.
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López y Pinilla ya confesaron ante la justicia los detalles de lo que ha sido uno de los principales casos de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro, que hoy tiene a un exministro y a dos expresidentes del Congreso en la cárcel. Gracias a sus delaciones, las investigaciones han podido avanzar y, precisamente por su colaboración, un juez de control de garantías ordenó que ambos fueran recluidos en una guarnición militar.
El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al traslado en su cuenta de X, donde aseguró que él dio la orden de enviarlos a La Picota. “Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos. Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley”.
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