Agencias de EE. UU., claves en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez
En algunos de los casos más importantes, la administración del saliente fiscal recibió apoyo de agencias de EE.UU. para avanzar en las investigaciones. En el caso "Santrich", por el que Martínez presentó su renuncia, la JEP compulsó copias para que se investigue el manejo de las pruebas por parte de la DEA.
Redacción Judicial
Al anunciar su renuncia, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar al exjefe guerrillero Jesús Santrich hacía "trizas la cooperación judicial internacional”, pues la mayoría de las pruebas aportadas por la Fiscalía en el caso fueron recolectadas por la DEA (Drug Enforcement Agency, en inglés) de Estados Unidos. Más allá del debate que sigue abierto por este controversial expediente, si algo quedó claro a lo largo de su administración es que el fiscal general ha sido un asiduo promotor de la cooperación judicial.
Con respecto a la decisión que le devuelve la libertad a Santrich, la JEP también compulsa copias para que se investigue a funcionarios de la Fiscalía. Según comunicó la JEP, "las leyes internacionales establecen que, cuando autoridades extranjeras van a practicar pruebas en otro país, deben contar con la debida asistencia judicial, que es el permiso para recaudar las pruebas. En este caso la asistencia judicial la debió realizar la Fiscalía General de la Nación, y la Sección de Revisión de la JEP pudo establecer que el ente acusador no realizó esta diligencia".
Santrich no fue el único caso en el que Néstor Humberto Martínez recurrió a los estadounidenses. Estos son algunos otros casos en los que el fiscal acudió a la cooperación con entidades de Estados Unidos para investigar.
Bermeo y el Tuerto Gil
El más sonado probablemente es el caso del exfiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, y el exsenador y fundador del partido Opción Ciudadana, Luis Alberto Gil. En marzo de este año fueron capturados en el norte de Bogotá junto a Ana Cristina Solarte, Luis Orlando Villamizar y Yamit Prieto Acero, mientras supuestamente negociaban un soborno para que Bermeo incidiera en el expediente por la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich. En el curso de esta investigación Martínez Neira hizo explícita una y otra vez la participación de la DEA.De acuerdo con datos preliminares que están aún por probarse ante un juez, Bermeo habría aceptado recibir US$40.000 y los otros detenidos US$460.000 (casi $1.500 millones), aunque la cifra total pactada sería de US$2 millones. La defensa de los procesados -todos se declararon inocentes-, alegó que se usó un agente para provocar el delito. La Fiscalía, sin embargo, explicó ampliamente que la información inicial había llegado a través de funcionarios estadounidenses y que el uso de agentes infiltrados fue para poder hacer capturas en flagrancia, tal cual ocurrió. El trabajo de los agentes infiltrados permitió, por ejemplo, grabar a Bermeo recibiendo fajos de dinero por debajo de la mesa y guardándolos.
Cartel de la toga
La colaboración de agencias de Estados Unidos fue fundamental para develar el cartel de la toga, nombre que recibió el esquema de corrupción liderado aparentemente por Luis Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Pinilla y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia como Gustavo Malo (quien ayer fue enviado a la cárcel mientras el proceso en su contra sigue) o José Leonidas Bustos (cuyo caso estudia la Comisión de Acusación para decidir si lo llama a juicio). Los exmagistrados, incluido también Francisco Ricaurte, se han declarado inocentes.Por un lado, con grabaciones e interceptaciones hechas por la DEA se demostró ante la justicia de Estados Unidos que Moreno y Pinilla pidieron un soborno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para dilatar las investigaciones que cursaban en contra por corrupción. “Al día siguiente (de la oferta de que Pinilla le ofreciera ese 'negocio') las autoridades de las fuerzas del orden prepararon fondos oficiales por $10.000 dólares de los Estados Unidos que Lyons Muskus le entregó a Moreno Rivera en presencia de Pinilla Gómez”, se lee en la sentencia norteamericana.
>>Los audios de la DEA en el caso del cartel de la toga que han causado polémica
Estas conversaciones las presentó ante la Corte Suprema de Justicia el fiscal Martínez Neira. En la acusación radicada el pasado martes 14 de mayo en el Congreso en contra del exmagistrado José Leonidas Bustos, en la que se aseguró que el magistrado sería el “cerebro” detrás de esta red de sobornos, se lee que el fiscal general allegó a la Sala Penal del alto tribunal evidencia que “parece indicar la posible comisión de actos de corrupción judicial que involucran al Dr. José Leonidas Bustos Martínez, exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y al Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura”. Esa evidencia tenía como origen el trabajo de los estadounidenses.
Minería ilegal
Uno de los frentes de batalla que abrió Martínez Neira desde la dirección de la Fiscalía fue el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al comercio de oro extraído de manera ilegal. Firmas como CIJ Gutiérrez y CI Metales, según determinó el ente investigador, habrían utilizado facturas con empresas fantasmas para lavar el oro que extraían en zonas gravemente afectadas por el conflicto y hacerlo figurar como que todos los papeles estaban en regla. Además, para pasar aún más desapercibidos, estas organizaciones vendían el oro en Estados Unidos, aseguró el organismo.>>Oro de minería ilegal, el nuevo frente de batalla para la Fiscalía
Tras anunciar la modalidad de lavado de dinero de estos carteles, el jefe del ente investigador solicitó a su homólogo en Estados Unidos, William Barr, que “su país regule el ingreso de oro al territorio aduanero como si fuera un instrumento monetario para que así se hagan reportes a las autoridades aduaneras al ingreso del oro a ese país”. Además, dijo que se reunió con el vicefiscal norteamericano, Rod Rosenstein, segundo al mando del Departamento de Justicia, quien le aseguró que se encuentran trabajando en mecanismos para atender el requerimiento.
Asesinato de Yuliana Samboní
Con cooperación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) la Fiscalía logró interceptar las comunicaciones entre los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera el 4 de diciembre de 2016, día en que su hermano Rafael secuestró, violó y asesinó a Yuliana Samboní, una niña de 7 años. Esos chats son hoy evidencia clave para el juicio que se desarrolla en contra de Francisco y Catalina Uribe, acusados de haber tratado de ayudar a su hermano para exculparlo de su responsabilidad en el atroz crimen. Ellos rechazan la acusación.>>Chats de los hermanos Uribe Noguera el día del asesinato de Yuliana Samboní
El ente investigador llamó a juicio a los hermanos Uribe Noguera al creer que habrían ayudado a ocultar información. Para intentar probar esta relación, la Fiscalía llevó, en calidad de testigo, al ingeniero Eduardo Bautista, quien presentó el informe realizado por la Agencia ICE (de Estados Unidos) sobre las llamadas que salieron del celular de los acusados ese día. De acuerdo con la información, los hermanos sí habrían borrado los mensajes que se enviaron ese día.
En la reunión de despedida que organizó Martínez Neira en el búnker de la Fiscalía, para decirle adiós a sus funcionarios, se refirió, de nuevo a la cooperación judicial. Para el fiscal, con la decisión de la JEP, “ha quedado herida de muerte la extradición, que es el mecanismo de cooperación judicial que más ha acompañado a esta sociedad y a esta nación para poder enfrentar a los criminales que nos han venido acechando y que nos han venido asediando”.
En medio de la tormenta desatada tras la decisión de la JEP, que negó la extradición de Santrich argumentando que faltaban pruebas para determinar si los hechos en cuestión ocurrieron antes o después de la firma del Acuerdo de Paz, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá destacó el trabajo de Martínez Neira y de su segunda a bordo, la vicefiscal María Paulina Riveros -quien también renunció-. Ese trabajo, dijo la Embajada en sus redes sociales, "ha tenido un impacto duradero y es apreciado por Estados Unidos".
Al anunciar su renuncia, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar al exjefe guerrillero Jesús Santrich hacía "trizas la cooperación judicial internacional”, pues la mayoría de las pruebas aportadas por la Fiscalía en el caso fueron recolectadas por la DEA (Drug Enforcement Agency, en inglés) de Estados Unidos. Más allá del debate que sigue abierto por este controversial expediente, si algo quedó claro a lo largo de su administración es que el fiscal general ha sido un asiduo promotor de la cooperación judicial.
Con respecto a la decisión que le devuelve la libertad a Santrich, la JEP también compulsa copias para que se investigue a funcionarios de la Fiscalía. Según comunicó la JEP, "las leyes internacionales establecen que, cuando autoridades extranjeras van a practicar pruebas en otro país, deben contar con la debida asistencia judicial, que es el permiso para recaudar las pruebas. En este caso la asistencia judicial la debió realizar la Fiscalía General de la Nación, y la Sección de Revisión de la JEP pudo establecer que el ente acusador no realizó esta diligencia".
Santrich no fue el único caso en el que Néstor Humberto Martínez recurrió a los estadounidenses. Estos son algunos otros casos en los que el fiscal acudió a la cooperación con entidades de Estados Unidos para investigar.
Bermeo y el Tuerto Gil
El más sonado probablemente es el caso del exfiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, y el exsenador y fundador del partido Opción Ciudadana, Luis Alberto Gil. En marzo de este año fueron capturados en el norte de Bogotá junto a Ana Cristina Solarte, Luis Orlando Villamizar y Yamit Prieto Acero, mientras supuestamente negociaban un soborno para que Bermeo incidiera en el expediente por la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich. En el curso de esta investigación Martínez Neira hizo explícita una y otra vez la participación de la DEA.De acuerdo con datos preliminares que están aún por probarse ante un juez, Bermeo habría aceptado recibir US$40.000 y los otros detenidos US$460.000 (casi $1.500 millones), aunque la cifra total pactada sería de US$2 millones. La defensa de los procesados -todos se declararon inocentes-, alegó que se usó un agente para provocar el delito. La Fiscalía, sin embargo, explicó ampliamente que la información inicial había llegado a través de funcionarios estadounidenses y que el uso de agentes infiltrados fue para poder hacer capturas en flagrancia, tal cual ocurrió. El trabajo de los agentes infiltrados permitió, por ejemplo, grabar a Bermeo recibiendo fajos de dinero por debajo de la mesa y guardándolos.
Cartel de la toga
La colaboración de agencias de Estados Unidos fue fundamental para develar el cartel de la toga, nombre que recibió el esquema de corrupción liderado aparentemente por Luis Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Pinilla y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia como Gustavo Malo (quien ayer fue enviado a la cárcel mientras el proceso en su contra sigue) o José Leonidas Bustos (cuyo caso estudia la Comisión de Acusación para decidir si lo llama a juicio). Los exmagistrados, incluido también Francisco Ricaurte, se han declarado inocentes.Por un lado, con grabaciones e interceptaciones hechas por la DEA se demostró ante la justicia de Estados Unidos que Moreno y Pinilla pidieron un soborno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para dilatar las investigaciones que cursaban en contra por corrupción. “Al día siguiente (de la oferta de que Pinilla le ofreciera ese 'negocio') las autoridades de las fuerzas del orden prepararon fondos oficiales por $10.000 dólares de los Estados Unidos que Lyons Muskus le entregó a Moreno Rivera en presencia de Pinilla Gómez”, se lee en la sentencia norteamericana.
>>Los audios de la DEA en el caso del cartel de la toga que han causado polémica
Estas conversaciones las presentó ante la Corte Suprema de Justicia el fiscal Martínez Neira. En la acusación radicada el pasado martes 14 de mayo en el Congreso en contra del exmagistrado José Leonidas Bustos, en la que se aseguró que el magistrado sería el “cerebro” detrás de esta red de sobornos, se lee que el fiscal general allegó a la Sala Penal del alto tribunal evidencia que “parece indicar la posible comisión de actos de corrupción judicial que involucran al Dr. José Leonidas Bustos Martínez, exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y al Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura”. Esa evidencia tenía como origen el trabajo de los estadounidenses.
Minería ilegal
Uno de los frentes de batalla que abrió Martínez Neira desde la dirección de la Fiscalía fue el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al comercio de oro extraído de manera ilegal. Firmas como CIJ Gutiérrez y CI Metales, según determinó el ente investigador, habrían utilizado facturas con empresas fantasmas para lavar el oro que extraían en zonas gravemente afectadas por el conflicto y hacerlo figurar como que todos los papeles estaban en regla. Además, para pasar aún más desapercibidos, estas organizaciones vendían el oro en Estados Unidos, aseguró el organismo.>>Oro de minería ilegal, el nuevo frente de batalla para la Fiscalía
Tras anunciar la modalidad de lavado de dinero de estos carteles, el jefe del ente investigador solicitó a su homólogo en Estados Unidos, William Barr, que “su país regule el ingreso de oro al territorio aduanero como si fuera un instrumento monetario para que así se hagan reportes a las autoridades aduaneras al ingreso del oro a ese país”. Además, dijo que se reunió con el vicefiscal norteamericano, Rod Rosenstein, segundo al mando del Departamento de Justicia, quien le aseguró que se encuentran trabajando en mecanismos para atender el requerimiento.
Asesinato de Yuliana Samboní
Con cooperación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) la Fiscalía logró interceptar las comunicaciones entre los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera el 4 de diciembre de 2016, día en que su hermano Rafael secuestró, violó y asesinó a Yuliana Samboní, una niña de 7 años. Esos chats son hoy evidencia clave para el juicio que se desarrolla en contra de Francisco y Catalina Uribe, acusados de haber tratado de ayudar a su hermano para exculparlo de su responsabilidad en el atroz crimen. Ellos rechazan la acusación.>>Chats de los hermanos Uribe Noguera el día del asesinato de Yuliana Samboní
El ente investigador llamó a juicio a los hermanos Uribe Noguera al creer que habrían ayudado a ocultar información. Para intentar probar esta relación, la Fiscalía llevó, en calidad de testigo, al ingeniero Eduardo Bautista, quien presentó el informe realizado por la Agencia ICE (de Estados Unidos) sobre las llamadas que salieron del celular de los acusados ese día. De acuerdo con la información, los hermanos sí habrían borrado los mensajes que se enviaron ese día.
En la reunión de despedida que organizó Martínez Neira en el búnker de la Fiscalía, para decirle adiós a sus funcionarios, se refirió, de nuevo a la cooperación judicial. Para el fiscal, con la decisión de la JEP, “ha quedado herida de muerte la extradición, que es el mecanismo de cooperación judicial que más ha acompañado a esta sociedad y a esta nación para poder enfrentar a los criminales que nos han venido acechando y que nos han venido asediando”.
En medio de la tormenta desatada tras la decisión de la JEP, que negó la extradición de Santrich argumentando que faltaban pruebas para determinar si los hechos en cuestión ocurrieron antes o después de la firma del Acuerdo de Paz, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá destacó el trabajo de Martínez Neira y de su segunda a bordo, la vicefiscal María Paulina Riveros -quien también renunció-. Ese trabajo, dijo la Embajada en sus redes sociales, "ha tenido un impacto duradero y es apreciado por Estados Unidos".