En la mañana de este viernes 5 de diciembre, la jueza 18 penal de circuito de Bogotá avaló un preacuerdo al que llegaron la Fiscalía General de la Nación y la excongresista Aida Merlano Rebolledo, tras aceptar su responsabilidad en el delito de fuga de presos. La mujer pagará una condena de 42 meses y un día de prisión —tres años y medio—, por el sonado caso de su fuga de prisión durante una visita a un consultorio odontológico, el 1 de octubre de 2019.
Desde el pasado 6 de noviembre se supo por parte de la defensa de la excongresista Merlano que la mujer había llegado a un preacuerdo con el ente investigador. Al mismo tiempo, se pidió la suspensión temporal de la ejecución de la pena y la posibilidad de pagar la nueva condena en prisión domiciliaria, en Barranquilla. Sin embargo, ambas solicitudes fueron negadas por parte de la jueza del caso.
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La defensa de Aida Merlano señaló que había argumentos suficientes para acreditar su arraigo en el departamento de Atlántico e intentaron exponerlo por medio de documentos que sustentarían el sitio en el que cumpliría la pena de prisión domiciliaria. Sin embargo, para la jueza 18 penal del circuito de Bogotá, la fuga de la excongresista en 2019 y su posterior traslado a Venezuela dan cuenta de la poca intención de la mujer de cumplir con la pena.
“Esta funcionaria judicial considera que establecer un arraigo no es solo establecer una dirección, sino la vocación de una persona de mantener en determinado lugar. Las actitudes que ha presentado la señora Aida Merlano Rebolledo son indicativas de que no le interesa estar en determinado lugar”, dijo la jueza. Agregó: “Los hechos hablan por sí solos en el sentido de que esta persona tiene la posibilidad de abandonar el país y que no le importa abandonar el arraigo familiar”.
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Contra Aida Merlano pesaban ya dos condenas previas por su relación con compra de votos y movidas electorales ilegales en el departamento de Atlántico. En 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó por su responsabilidad en los delitos de corrupción al sufragante agravado, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. Ordenó para ella una pena de 15 años de prisión, que fue burlada cuando se fugó de la cárcel.
Luego, el 2 de noviembre de 2022, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le impuso una segunda condena por el delito de violación de topes de campaña. Se le ordenó una pena de cinco años y seis meses de prisión, además de una multa de COP 3.430 millones. Esa sentencia fue confirmada el 6 de noviembre de 2024, por la Sala de Casación Penal del alto tribunal.
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El 1 de octubre de 2019, después de que Aida Merlano recibió su primera condena, la excongresista obtuvo un permiso para salir de la cárcel El Buen Pastor al Centro Médico La Sabana, en la localidad de Usaquén (Bogotá), para asistir a una cita de un tratamiento odontológico. Aprovechó la diligencia para lanzarse desde el consultorio médico, ayudada por una cuerda que le permitió bajar desde el tercer piso del edificio en el que estaba, hasta la calle.
Allí la esperaba otra persona en una motocicleta. Tras el golpe de Aida Merlano contra el suelo y obviando a las personas que, sin saber que se trataba de una fuga, intentaron ayudarle, como quedó registrado en cámaras de seguridad, abordó la motocicleta y huyó. Las autoridades le perdieron el rastro, hasta que se supo que se había fugado a Venezuela, de donde regresó deportada, el 10 de marzo de 2023.
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Fue esa fuga calificada por muchos como “cinematográfica” por la que hoy la jueza 18 penal de Bogotá envió a la cárcel, por otros tres años y medio, a la excongresista. Sus procesos ante la justicia no solo la han afectado a ella, sino también a su hija Aida Victoria Merlano, quien resultó condenada por haber apoyado la fuga de su madre.
También ha salpicado a importantes políticos de Atlántico y el Caribe, como Arturo Char, exsenador de Cambio Radical, a quien el pasado 4 de diciembre la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio por su supuesta participación en uno de los escándalos de compra de votos más sonados de esa región, conocido como el caso “Casa Blanca”. El expediente involucra la campaña de Aida Merlano al Senado y fue, en parte, el origen de las tres condenas que la mantienen hoy tras las rejas.
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