Nueve personas capturadas. Dos exgobernadores investigados. Más de COP 3.200 millones desviados de 101 contratos. Y siete departamentos comprometidos. Los datos resumen parte de lo que la Fiscalía ha venido destapando durante los últimos meses sobre la presunta red de corrupción en la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), la organización que se habría apropiado de millonarios recursos a través de contratos por COP 496.000 millones entre 2022 y 2023. Un entramado para desviar dineros del Sistema General de Regalías que, según la investigación, habría sido liderado por una persona: Gustavo Bolaños Pastrana, hoy preso en La Picota en Bogotá.
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El Espectador tuvo acceso a la más reciente audiencia relacionada con este caso, en la que la Fiscalía amplió la imputación en contra de Bolaños Pastrana por 23 contratos en los que se habrían presentado irregularidades. La diligencia, que duró poco más de tres horas, se realizó el pasado 14 de octubre ante el despacho de la jueza 49 penal con función de control de garantías de Bogotá, Ángela Viviana Buitrago Herrera, y puso sobre la mesa la forma en la que habría operado esa red de corrupción. La investigación señala que Bolaños Pastrana, exrepresentante legal de Aremca, sería el cerebro de la organización de la que han sido capturadas otras ocho personas.
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Según el registro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Aremca fue creada en 2003 bajo una figura llamada esquema asociativo territorial y cuyo objetivo era trabajar para el apoyo y gestión de proyectos en municipios del Caribe colombiano. Sin embargo, lo que encontró la Fiscalía es que esta asociación habría aprovechado su autonomía legal para hacerse con millonarios proyectos financiados con regalías. Al parecer, usaban su propio manual de contratación para seleccionar a dedo y sin abrir licitaciones públicas a quienes ejecutarían esos recursos; ponían y quitaban a su gusto a los supervisores encargados de vigilar la ejecución de los dineros públicos y habrían desviado a sus bolsillos al menos COP 3.200 millones.
Se trata, según la Fiscalía, de uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años. La Contraloría General y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ya habían alertado desde 2024 sobre lo que luego sostuvo en la imputación el fiscal del caso, Andrés Felipe Vásquez: que Aremca se habría hecho a contratos de obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación que no tenían la capacidad para desarrollar. “Las iniciativas habrían sido ejecutadas mediante órdenes de servicio y subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y otras personas relacionadas con la organización, en contravía de las disposiciones que regulan la contratación pública”, señaló el fiscal.
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El ente investigador inicialmente imputó a Gustavo Bolaños Pastrana por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado. Esos cargos están relacionados con los 101 proyectos que Aremca manejó entre 2022 y 2023 en Arauca, Bolívar, Caldas, Casanare, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Santander. Sin embargo, a Bolaños Pastrana solo le imputaron el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales respecto de 78 convenios celebrados cuando era representante legal de la asociación, rol en el que fue reemplazado por Emilia Álvarez Guerrero, su exdirectora ejecutiva.
Sin embargo, la ampliación de imputación señala que, aunque la representación legal de Aremca pasó a manos de Emilia Álvarez Guerrero, hay pruebas suficientes para demostrar que Gustavo Bolaños Pastrana habría seguido moviendo los hilos de las contrataciones de Aremca. Explicó que, para subcontratar a quién ejecutaría los 101 proyectos financiados, la asociación no se acogía a la ley 80 de 1993, sobre lineamientos para la contratación pública, sino que usarían su propio manual de contratación, alejado de los parámetros de la norma; invitaban a oferentes de un banco de información ficticio, convocaban “a los oferentes que querían (…) con una falsa apariencia”, y a uno de ellos, que ya estaba preestablecido, “le entregaban a dedo los contratos”.
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El fiscal del caso señaló que en los 101 proyectos, incluidos los 23 últimos por los cuales le endilgaron también el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el exrepresentante legal habría tenido un rol determinante. “Es el autor mediato del aparato organizado, porque regenta como jefe de la organización delictiva, con posición de mando sobre los demás coimputados. Existe una estructura criminal y usted tiene dominio sobre ella”, dijo el fiscal Andrés Felipe Vásquez. El funcionario del búnker agregó que la forma en la que operó Aremca partió de un “acuerdo de voluntades” entre Gustavo Bolaños Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero y los otros investigados que hacían parte de la asociación.
Se trata de los demás imputados en abril pasado: los coordinadores Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar; Dayana Ramos Guerrero y Luis Alfredo Soto Caraballo. El fiscal agregó que hubo “un plan con distribución de roles y de aportes” que habría permitido que de los proyectos entregados a dedo a subcontratistas y empresas de papel, que los ejecutaban sin mayor supervisión, presuntamente se apropiaran de COP 3.200 millones. “Dirigió el andamiaje criminal a través de un grupo de delincuencia organizado que está conformado y controlado por usted. Conformó el equipo de trabajo de Aremca, distribuyó roles y tareas”, dijo el fiscal Andrés Felipe Vásquez en la audiencia conocida por este diario.
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Sobre cómo se habría rotado en la dirección ejecutiva a Emilia Álvarez Guerrero y a Dayana Ramos Guerrero, así como a los otros seis implicados en roles de supervisión, el fiscal señaló: “Usted crea una estructura en la que reemplaza a las personas según su interés y la actividad que quiere encomendarles (…) a su capricho y a su acomodo. Alternaba a los miembros de la organización, impartía órdenes e instrucciones acerca de todo el funcionamiento de Aremca, así como de la forma en que se debían establecer y adelantar los procesos contractuales”. Y agregó: “Instrumentalizó a Aremca para el direccionamiento sistemático de contratos estatales. Todos los miembros de la estructura criminal lo reconocen como el líder, como quien manda”.
Durante la diligencia, la defensa de Gustavo Bolaños Pastrana cuestionó que la imputación lo relacionara como la cabeza de un “aparato organizado de poder”. Sostuvo que esa figura aplica a los grupos al margen de la ley y dijo que es una decisión “atípica”. El exrepresentante legal de Aremca no aceptó el delito imputado. Ahora lo que seguirá es que la Fiscalía lo acuse para llevarlo a juicio, tal y como lo hizo este 15 de octubre con Everth Julio Hawkins Sjögren, exgobernador de San Andrés e investigado por presuntamente haber celebrado un contrato irregular con Aremca por COP 11.125 millones para obras de infraestructura que quedaron inconclusas. Pero el asunto de los mandatarios regionales merece un capítulo aparte.
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