Fiscalía inspecciona Dirección de Bomberos por posible corrupción durante gobierno Petro

Según el ente investigador, el procedimiento tenía como objetivo “recopilar evidencia y elementos materiales probatorios” en el marco de una indagación por posibles irregularidades en contratos suscritos por la entidad para atender la emergencia ocasionada por la temporada de lluvias que afectó al país en febrero de este año.

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Puntualmente, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció el pasado 7 de octubre la radicación de un paquete de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Bomberos. Según el funcionario, los posibles sobrecostos ascenderían a COP 62.000 millones.

En su declaración, el jefe de cartera señaló que las presuntas irregularidades se habrían presentado al amparo de la emergencia invernal de febrero de este año, que provocó inundaciones en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según sus cifras, la emergencia dejó 250.000 personas afectadas.

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En un video publicado en la red social X, Lara explicó que, durante esa emergencia, la Dirección Nacional de Bomberos declaró una urgencia manifiesta: “¿Qué significa eso? Que podía contratar sin licitación; es decir, a dedo, porque supuestamente no había tiempo que perder para atender esa emergencia que fue una inundación”, aseguró.

El ministro señaló que, de los COP 42.000 millones contratados para atender la urgencia, solo COP 313 millones se habrían destinado a las inundaciones. Según afirmó, el dinero restante habría sido invertido en elementos que no estaban relacionados con la emergencia, como trajes para incendios, equipos de respiración y materiales peligrosos.

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“¿Qué hallazgos hemos observado y encontrado? La auditoría forense del Ministerio del Interior que ordenamos revisó el contrato 076, firmado con la empresa McKai Soluciones de Barranquilla. Ese contrato empezó a dedo con COP 16.000 millones y terminó en COP 24.000 millones”, alertó.

Asimismo, Lara aseguró que el contrato se firmó seis semanas después de declarada la urgencia, cuando esta ya había terminado, y que se estableció un plazo de 90 días para la entrega de los equipos.

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El ministro también afirmó que se habría pagado por más elementos de los que ingresaron al almacén. “En la primera factura se cobraron 744 equipos, pero al almacén entraron solamente 670”, señaló.

A esto se suma, según el funcionario, que el 20 de junio de 2026, en Barranquilla, “un funcionario de la Dirección de Bomberos acredita que recibe los cascos y los materiales, pero al mismo tiempo acredita que los deja en la bodega del vendedor”. Dos días después, agregó, el contratista facturó COP 5.600 millones, que fueron pagados. “A ese mismo contrato se le adicionaron COP 8.000 millones, casi hasta el tope que permite la ley”, afirmó Lara.

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Según el ministro, los contratos también habrían sido suscritos durante la vigencia de la Ley de Garantías. Entre los presuntos hallazgos mencionó cobros superiores a los bienes recibidos, pagos posteriores a las elecciones y elementos que, según dijo, permanecen en las bodegas del contratista sin haber sido entregados.

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