Ascensos en el Senado, prueba de fuego para el comandante del Ejército

El comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, se juega su reputación y su carrera militar este miércoles en el Congreso de la República. Este 5 de junio está citada la plenaria del Senado en la mañana para tomar decisiones sobre los ascensos de 13 oficiales de la Fuerza Pública, incluido el general Martínez, quien podría llegar a ser general de cuatro soles. Y aunque la ponencia del congresista liberal Jaime Durán le es favorable, el alto oficial tendrá que navegar entre aguas bastante agitadas.

Según la ponencia, el ascenso del general Martínez “permitirá generar más seguridad en el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y respeto a las instituciones, en especial de nuestra democracia”. Recientes revelaciones periodísticas, sin embargo, todas encabezadas por medios internacionales (The New York Times, Associated Press y, la más reciente, del diario El País de España) lo han ubicado como posible protagonista de una gravísima violación de derechos humanos cometida por el Ejército: los falsos positivos.

::El crudo informe de la Fiscalía sobre los falsos positivos::

Documentos previos

El documento señala que se aprobó el pago de $1 millón por “el pago de información en contra de terroristas de la cuadrilla 59 de las ONT [organización narcoterrorista] FARC” y de un grupo del ELN, “dando excelentes resultados con ambas informaciones”. En el caso de los guerrilleros de las Farc, se trataba del desarrollo de la misión táctica “Fortaleza”, realizada por el batallón La Popa, en la madrugada del 5 de febrero de 2005, en la cual habrían muerto en combate dos personas sin identificar.

Esas dos personas, sin embargo, sí estaban identificadas desde el inicio, según otros documentos que también conoció El Espectador. Por ejemplo, cuando Medicina Legal realizó la necropsia sobre el hombre que entregó el Ejército, esa entidad dejó registro de que el fallecido era Hermes Enrique Carrillo Arias. Además, el 12 de marzo de ese mismo año, el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar señaló que se abría indagación preliminar por la muerte de Nohemí Pacheco y de Hermes Enrique Carrillo Arias.

::“Hay que contar la verdad sin tapujos sobre los falsos positivos": general Rafael Colón::

Los detalles de la necropsia de Carrillo Arias ya arrojaban pistas de lo anómala que fue su muerte. Por ejemplo, se afirma que falleció “en circunstancias no descritas ni documentadas por la autoridad respectiva”. Las prendas de vestir con que llegó no estaban “embaladas ni rotuladas”, o sea que no se respetó la cadena de custodia. Y en ellas, además, se revelaba un dato esencial: el pantalón que vestía era talla XL, un tamaño demasiado grande para un hombre de contextura mediana que pesaba 65 kilos.

Carrillo Arias era kankuamo, y su necropsia dejó saber también cómo murió: a raíz de las heridas causadas por los cuatro disparos que recibió su cuerpo. Dos llegaron a su cabeza; uno lesionó su cuero cabelludo y otro quedó alojado en su lóbulo cerebral derecho. Los otros dos alcanzaron su pecho y su región lumbar. En ambos la trayectoria de la bala fue “de lo inferior a lo superior” (quien le disparó estaba abajo y él, probablemente, parado) y “de lo posterior a lo anterior” (por la espalda).

Su pareja, Nohemí Pacheco, tenía 13 años y era indígena wiwa. La muerte violenta de ambos prendió tales alarmas que hasta el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia de esa época, Michael Frühling, envió una carta al gobierno Uribe manifestando una gran preocupación por ese y otros casos similares. “La información allegada a la oficina indicaría que en estos casos los indígenas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, anotó Frühling.

::¿Está el Ejército buscando a las fuentes de "The New York Times"?::

Con base en esa comunicación, el ministro de la época de ese momento, Jorge Alberto Uribe, envió un memorando al que era inspector del Ejército, el general Jairo Duván Pineda, con copia al vicepresidente Francisco Santos, al procurador Edgardo Maya, al fiscal Luis Camilo Osorio, al comandante de las Fuerzas Militares Carlos Alberto Ospina y al comandante del Ejército, Reynaldo Castellanos. El memo se despacho el 23 de febrero de 2005 con el asunto “Denuncia asesinato de indígenas”.

En su oficio, el ministro Uribe le pidió al general Pineda, “con la mayor diligencia y celeridad, adelantar las investigaciones del caso, tomar las medidas preventivas y/o correctivas respectivas, e informar a este despacho sobre los resultados de las mismas”. Para esa época, todavía faltaban tres años para que este tema, a través del caso de los desaparecidos de Soacha, se convirtiera en un escándalo nacional que traduciría en más de 2.200 investigaciones penales y casi 4.000 víctimas directas.

Esos documentos (el memorando del ministro Uribe, el protocolo de necropsia de Carrillo Arias y el del juzgado militar) se emitieron antes de que se firmara el acta 057 de 2005, en la cual se dejó constancia de que la muerte de un “sujeto NN. sexo masculino” y una “sujeto NN. sexo femenino” eran una victoria castrense. El acta, a su vez, fue la base para que los entonces coroneles Nicacio de Jesús Martínez Espinel y Hernán Giraldo Restrepo aprobaran el pago a los informantes que permitieron esos supuestos golpes a la guerrilla.

Caso Carrillo-Pacheco en la justicia

Con base en el análisis de múltiples testimonios, la justicia concluyó que nunca hubo el enfrentamiento que los militares describían. Las familias de las víctimas contaron cómo a ellos los sacaron de su casa en la madrugada del 9 de febrero de 2005 hombres con prendas del Ejército. Los procesados, por su parte, declararon que “estaban cumpliendo con una misión asignada mediante orden de operaciones para procurar la protección de la integridad del territorio”. Sus inconsistencias, sin embargo, se hicieron evidentes.

::Víctimas de falsos positivos piden participar en versiones voluntarias de la JEP::

Los militares condenados por delitos como homicidio agravado (Omar Vaquiro Benítez, Alejandro Serna Mosquera y Deimer Cárdenas Martínez) declararon cosas distintas, por ejemplo, sobre si había o no un guía con ellos esa madrugada. Al final la justicia comprobó la participación del informante civil Analdo Fuentes Estrada y también lo condenó. “A Fuentes Estrada le pagaban comisiones en el Ejército a cambio de señalar a personas de la zona que pertenecerían a la guerrilla”, concluyó el Tribunal.

A pesar de que a todos les tomaron declaraciones con los hechos recién ocurridos, otras incongruencias salieron a flote. Una versión indicaba que Carrillo Arias vestía un pantalón, sin camisa ni zapatos. Otra, que tenía botas de caucho. Otra más, que tenía un uniforme de la Policía. Uno dijo que le vio un chaleco. Las descripciones de cómo fue el enfrentamiento tampoco coincidían. “Esas contradicciones solo se explican como mentira (…) pues quienes las declaran habrían estado en el mismo sitio al mismo tiempo”.

Las pruebas técnicas tampoco fortalecieron la versión castrense, pues se comprobó que ni Nohemí Pacheco ni Hermes Carrillo Arias dispararon un arma esa madrugada. La defensa de los militares refutó que el corregidor de Atánquez, Ricardo Romero, impregnó las manos de Carrillo Arias en alcohol y que eso alteró el resultado. La ciencia explicó que el alcohol no afectaba el proceso de establecer residuos de pólvora. Al final, el Tribunal pidió que Romero fuera investigado por cómo realizó el levantamiento de los cuerpos. 

En su momento, el Tribunal de Bogotá ordenó al Ejército y al Ministerio de Defensa publicar en sus páginas web la sentencia durante un año. Más importante aún: compulsó copias a la Fiscalía “para que se investigue la omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores de los aquí procesados”. Hasta ahora, no obstante, no se conocen avances al respecto.

Revelaciones periodísticas

Según AP, el destinatario de uno de esos pagos resultó ser un excomandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión. En al menos dos ocasiones, las operaciones militares se llevaron a cabo después de que el informante hubiera recibido ya su dinero. En ese momento, a través de un comunicado, el general Martínez expresó que tenía en su contra investigaciones penales ni disciplinarias, y aseguró que estaba atento y dispuesto a acudir ante las autoridades si así lo requerían.

Ayer, El País de España publicó otro artículo que también comprometía a Martínez. Se tituló “El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles”. En él se mencionan algunos de los 23 casos de ejecuciones extrajudiciales que habría cometido la Décima Brigada entre octubre de 2004 y enero de 2006, cuando Martínez era el segundo comandante y jefe del Estado Mayor. El alto oficial, por su parte, ha insistido que en ese periodo le tocó enfocarse en tareas administrativas no más.

“El comandante del Ejército no tiene investigación, sanción o impedimento alguno por parte de Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar ni Justicia Especial para la Paz por temas relacionados con derechos humanos que le impida ejercer cargos público”, reiteró la oficina de prensa del Ejército. El general Martínez, sin embargo, sí tiene una indagación preliminar en la Procuraduría desde el pasado 27 de mayo, “por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones”.

El Ministerio Público se refería a la génesis de esta tormenta que no amaina para el alto oficial: la publicación del artículo “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, en The New York Times, el pasado 18 de mayo. Ese reportaje hablaba específicamente de ciertas directrices impartidas por Martínez tras su llegada a la comandancia del Ejército, en diciembre de 2018, en las que exigía “doblar los resultados” contra los grupos criminales, incluidas las muertes.

Oficiales que hablaron el diario estadounidense señalaron que esa orden podía significar el regreso de los falsos positivos. El general Martínez rechazó tajantemente esa posibilidad, pero, asimismo, derogó la directriz cuestionada. Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, salió a respaldar al oficial y cuestionó la “visión tendenciosa” del Times, a través de una carta que envió al periódico extranjero firmada junto con el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.

::Duque aseguró que circular que suscitó artículo de NYT se prestaba para especulaciones::

El gobierno Duque, que le delegó al general Martínez la tarea de liderar el Ejército, ha salido a rodear al oficial desde que llegó el primer gran cuestionamiento de Human Rights Watch. En febrero de este año, la organización aseguró que “el gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos”. Uno de esos generales era Nicacio de Jesús Martínez Espinel.

“Creo en la presunción de inocencia de los generales”, respondió a Human Rights Watch el ministro Botero por medio de los micrófonos de Caracol Radio. “(A) todos los oficiales y especialmente los generales se les da una revisión completa de todas sus actuaciones, pasan diferentes filtros, sus hojas de vida son puestas a consideración del Congreso de la República. (…) Además estos oficiales han tenido un desempeño extraordinario”, agregó la cabeza de la cartera de Defensa. Declaraciones que el Gobierno, hoy, sigue sosteniendo.