Los ataques de Estados Unidos a Venezuela en la madrugada del pasado 3 de enero y las capturas de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tienen tambaleando al régimen chavista. Además, pusieron sobre la mesa varios problemas de seguridad que afectan a buena parte de los 2.219 kilómetros de la frontera con Colombia. Uno de ellos, que según expertos podría tener importante influencia en la situación de conflicto que vive el país, es el tráfico de armas. Un jugoso negocio que no solo permite canjear cargamentos de cocaína por material bélico, sino que también sería una oportunidad para que grupos como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) fortalezcan su presencia en lugares como Catatumbo (Norte de Santander).
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El asunto no es nuevo. En los últimos años, el mercado negro de armas se ha movido de forma constante por la frontera colombo-venezolana. Si bien el país no tiene una base de datos robusta para tomarle la temperatura de manera permanente al tráfico de material bélico, cifras de inteligencia militar indican que solo entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2025, las autoridades incautaron 1.643 armas cortas y 718 armas largas ilegales en sitios como Cauca, Catatumbo, Putumayo, Sur de Bolívar y Nariño. Una cifra mayor a la registrada en el mismo período de 2024, cuando fueron decomisadas 1.505 armas cortas y 397 largas, según el mismo informe. En el caso de Catatumbo, el tráfico desde Venezuela y las decisiones del régimen de armar a civiles y crear milicias ha tenido un rol clave en ese negocio ilegal.
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Un problema de vieja data
El 23 de agosto de 2025, justo después de que el gobierno de los Estados Unidos anunciara la decisión de duplicar la recompensa por información que permitiera la captura de Nicolás Maduro y fijara un monto de USD 50 millones para tal fin, el presidente de Venezuela le salió al paso con la orden de armar a la ciudadanía. El líder del régimen venezolano lanzó una estrategia llamada “Plan Nacional de Soberanía y Paz” que, a grandes rasgos, ordenaba el alistamiento de los cuarteles militares, la creación de milicias y la entrega de fusiles y dotaciones a civiles y funcionarios públicos para responder ante posibles presiones o intervenciones por parte del gobierno norteamericano, como las adelantadas en el Caribe.
Tres meses después de ese anuncio de Maduro, hoy procesado ante una corte de Nueva York, el general Michell Leonardo Valladares Molina, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral Táchira, informó por los medios oficiales del régimen sobre la entrega de armas a civiles y funcionarios públicos en los 29 municipios de la frontera con Colombia, destinados, en sus palabras, “para la defensa del territorio”. Para el oficial venezolano, esa movida por orden del presidente “tiene una connotación especial por la desconcentración de las armas”. En otras palabras, extender el arsenal de uso exclusivo de las Fuerzas Militares en una zona en la que, incluso, hay presencia de grupos ilegales colombianos como el Eln, que podrían beneficiarse de él.
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La estrategia no se la inventó Maduro ante las presiones del presidente Donald Trump. Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, le dijo a El Espectador que la estrategia de armar a civiles está en el origen del chavismo. Se remonta al 2001, con los “Círculos Bolivarianos” que pretendían ser la base del poder popular y terminaron convertidos, según él, en la estrategia de defensa para Hugo Chávez en su llegada al poder en 2002. “Chávez creyó que si podía armar a las organizaciones civiles leales a él, que además lo defendieron en el golpe de Estado; ellas mismas iban a garantizar que su proyecto no iba a estar bajo amenaza. Después eso creció hacia una lógica paramilitar urbana”, explicó el investigador.
El experto también señaló que, con Chávez en el poder y el inicio de una reconfiguración del mando militar venezolano por las diferencias con muchos de los oficiales que estaban en la cúpula y no respaldaban su gobierno, las herramientas de uso exclusivo de las fuerzas armadas para proteger al Estado empezaron a caer en manos criminales. “Con ese cambio de mando militar empezaron a aparecer las dinámicas de comercio en las cuales el armamento que era exclusivo y reservado para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana terminaba en manos de actores criminales e incluso hacía parte de las redes y dinámicas de grupos criminales en Colombia”, señaló Rodríguez.
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Las pistas en Colombia
Los efectos en Colombia de esa dinámica empezaron a ser registrados por las autoridades. En 2017, la Policía capturó en Villa del Rosario (Norte de Santander) a un hombre identificado como Rubén Darío Morales Garnica y conocido como “Camilo Barrera”. Según las autoridades, el hombre sería integrante del antiguo Ejército Popular de Liberación (Epl), una organización ilegal que en la frontera con Venezuela es conocida también como Los Pelusos. Las investigaciones apuntaban a que este hombre era el encargado de comprar armas ilegales en Venezuela e ingresarlas a Colombia, en un momento en el que esa organización se disputaba el control del Catatumbo que habían sido dejadas por los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
En los sitios que Los Pelusos intentaron dominar, se desató luego una guerra entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Eln que, según han dicho las Fuerzas Militares, investigaciones de inteligencia y de organizaciones expertas, tiene especial protección del régimen venezolano en zonas fronterizas como el estado Táchira. A hoy, esa zona sigue siendo territorio de disputa entre grupos armados. La última escalada violenta en el Catatumbo, que inició el pasado 14 de diciembre, ha causado el desplazamiento forzado de cerca de mil familias. Y en enero de 2025 la crisis humanitaria desatada por la misma confrontación causó el desplazamiento de más de 78.000 personas, según la Defensoría del Pueblo.
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En 2019, los coletazos del tráfico de armas desde Venezuela a Colombia volvieron a sonar. El entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo el 30 de marzo de ese año, durante una rueda de prensa, que había relación entre la llegada al país de armas provenientes de Venezuela y el recrudecimiento de la violencia en el país. “Hemos encontrado munición de la Guardia Bolivariana de Venezuela en cuerpos de personas que han perdido la vida en Medellín”, expresó el entonces jefe del búnker. Agregó: “Eso nos muestra que hay un tráfico ilegal de munición y por eso el llamado franco para solicitar la cooperación de las autoridades de Venezuela y que esta actividad no se vuelva recurrente”.
Martínez explicó que el mercado negro de armas no solo tenía como potenciales clientes a las Farc, el Eln y el Epl, que buscaban armarse en sitios como Cesar, Norte de Santander y Arauca; también las bandas criminales de las ciudades capitales habrían entrado en esa dinámica. Ese año, también las autoridades señalaron que, mientras miles de personas seguían saliendo de Venezuela, estructuras ilegales estarían usando estrategias como ocultar armamento en camiones de acarreos, para entrar armas provenientes de Venezuela y llevarlas hasta sitios como Tumaco (Nariño), donde el frente Oliver Sinisterra, de las disidencias de las Farc, sería uno de sus clientes más importantes. Las denuncias, sin embargo, nunca tuvieron efecto.
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El remezón del fin de semana pasado en Venezuela, tras las capturas de Nicolás Maduro y de su esposa y el posible inicio de una transición democrática que aún no es del todo clara, puso de nuevo a sonar el asunto del tráfico de armas. La preocupación de expertos y analistas es que, tras las órdenes del régimen de armar a civiles y funcionarios públicos, parte de ese material bélico pueda caer en manos de grupos al margen de la ley. Puntualmente del Eln, por estar ubicado a lado y lado de la frontera y tener un dominio ilegal, a sangre y fuego, sobre zonas como Catatumbo. Incluso, que en medio de la coyuntura política que vive el país, advierten que podría haber una filtración de armas del Ejército Bolivariano a la guerrilla colombiana.
“Los generales llegan a acuerdos con las organizaciones criminales y pueden obtener recursos alquilando las armas a organizaciones como el Eln, más con la relación y el poder que tienen en Venezuela”, explicó Rodríguez. Y agregó: “No sorprendería que un general alquilara armas a las organizaciones criminales colombianas que hacen vida en Venezuela para ser utilizadas en territorio colombiano. Además, nunca van a entregar pruebas balísticas de esas armas que se utilizarían en territorio colombiano”. Su análisis es que, en medio de la crisis del Catatumbo y el cambio de orden en el vecino país, los grupos ilegales colombianos se podrían seguir fortaleciendo con armas venezolanas: “El territorio está dispuesto para que esa realidad se dé”, concluyó.
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Por Gustavo Montes Arias
