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Una operación militar contra el Clan del Golfo en el oriente antioqueño terminó en una asonada masiva. Más de 400 personas rodearon a las tropas del Ejército Nacional en la vereda El Porvenir, corregimiento La Danta, en Sonsón (Antioquia), y lograron frustrar la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal, además de recuperar el cuerpo de otro que murió en combate.
Según informó el Comando de la Cuarta Brigada, adscrita a la Séptima División del Ejército, los hechos ocurrieron hacia las seis de la tarde del sábado 11 de octubre, cuando soldados del Gaula Militar Oriente desarrollaban una operación contra el grupo armado.
Durante el enfrentamiento fueron capturados tres presuntos miembros de esa organización y se produjo la muerte de otro, además de la incautación de material de guerra, elementos de intendencia y comunicaciones.
Tras el operativo, una multitud se enfrentó a los uniformados, bloqueó su avance y los obligó a entregar tanto a los detenidos como el material incautado y el cuerpo del fallecido. De acuerdo con el Ejército, los civiles afectaron “la seguridad de los mismos, constriñendo y obstruyendo el desarrollo de la operación”.
La institución calificó los hechos como una grave violación a la Constitución y advirtió que podrían configurar delitos como secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.
Aunque el Ejército anunció que interpondrá las denuncias ante las autoridades competentes y emprenderá las acciones judiciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido, expertos señalan que existen varios problemas para judicializar a la población civil que participa en estas asonadas.
En profundidad: Asonadas contra la fuerza pública: el difícil reto de judicializar a la población civil
En diálogo con El Espectador, Jorge Mantilla, investigador y experto en temas de seguridad y conflicto armado, señaló que procesar judicialmente este tipo de casos resulta complejo debido al principio de distinción establecido en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que obliga a diferenciar a los civiles de los combatientes en contextos de guerra.
“Las responsabilidades penales son de carácter individual e individualizar a determinadas personas, en el marco de estos contextos operacionales, es muy complejo, sobre todo teniendo en cuenta la disminución de las capacidades de la fuerza pública en materia de inteligencia. Es decir, tenemos unos despliegues operacionales en los cuales los uniformados realmente están a ciegas sobre lo que está pasando en territorio”, explicó Mantilla.
Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), coincidió en que el problema no recae exclusivamente sobre el Ejército, sino en la falta de articulación institucional. “Tiene que haber articulación con la Fiscalía, y desafortunadamente, el diseño nacional puede que sea articulado, pero en el territorio es muy complejo porque se tiene muy poca gente en esas entidades”, indicó.
Bonilla advirtió además que esta debilidad institucional genera demoras prolongadas en las investigaciones. “Al final, son cuellos de botella, pues en los territorios no hay suficientes funcionarios de la Policía, Fiscalía, jueces, etc. Entonces se vuelve como una torre de casos nunca resueltos”, concluyó.
Otros antecedentes
No es la primera vez en el año que civiles arrebatan de las manos del Ejército a presuntos criminales. El pasado 20 de septiembre, en medio de otra asonada, habitantes de La Macarena (Meta) impidieron la captura de alias “Chimbo de oro”, señalado como integrante de las disidencias de las Farc.
El operativo se desarrolló en la vereda La Samaria, donde, de acuerdo con las autoridades, se escondía el presunto coordinador logístico de la estructura Éver Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias bajo el mando de alias “Calarcá”.
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Hasta allí llegaron tropas de la Fuerza de Tarea Omega, agentes del CTI y funcionarios de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de la Fiscalía Seccional Villavicencio, en cumplimiento de una orden de allanamiento.
Las investigaciones señalan que alias “Chimbo de oro” sería responsable de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, cuando las autoridades intentaban concretar su captura, fueron rodeadas por miembros de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero y otros pobladores, quienes, según el Ejército, “impidieron el procedimiento judicial y la materialización de la captura, mediante asonada, quitándole el capturado a las tropas y obligándolas a salir del lugar”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
