La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a diez exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en contra de los pueblos indígenas Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw. Se trata de una decisión clave, porque reconoce la forma en la que comunidades de la Amazonía y la Orioquía estuvieron durante décadas en medio de la guerra de los grupos ilegales y las fuerzas del Estado, con graves consecuencias.
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El magistrado Juan José Cantillo Pushaina, quien tuvo a su cargo la ponencia de esta imputación, habló con El Espectador sobre los alcances de esta decisión que imputa también a tres exintegrantes del último secretariado de las Farc. Explicó cómo la guerra en la Amazonía y en la Orinoquía no solo cobró miles de vidas, sino que también afectó la sostenibilidad y autonomía de los pueblos indígenas y abrió una herida en el territorio y en la naturaleza que no se cerrará mientras la justicia no se haga efectiva.
En contexto: JEP imputa a exjefes de las Farc por crímenes contra cinco pueblos indígenas
La JEP imputó a diez exintegrantes de las Farc por crímenes contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía. ¿Por qué se trata de una decisión inédita en la justicia colombiana?
Por la imputación de crímenes como la persecución, el exterminio, los ataques a bienes civiles, los daños graves al medio ambiente y los ataques contra lugares de culto, todos analizados desde la realidad de los pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía. La decisión pone en el centro no solo a las personas, sino también al territorio, entendido como un ser vivo, y los lugares sagrados, cuya afectación rompió el equilibrio espiritual y la relación ancestral de estos pueblos con su entorno y la naturaleza.
La destrucción del entorno natural es un ataque directo a la vida espiritual de los pueblos Nükak Baká, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw, que representan una población de víctimas de 10.073 personas. El territorio sagrado es la víctima. La decisión determina que sembrar minas en lugares sagrados o de caza o derramar miles de barriles de crudo en los ríos no son “daños colaterales”.
La decisión determinó que la guerrilla entró en los territorios con lista en mano para asesinar sistemáticamente a caciques, médicos ancestrales y docentes. Era un ataque contra el gobierno propio y la identidad cultural de los pueblos indígenas. Por primera vez, la justicia reconoce que la guerra en la Amazonía y la Orinoquía buscaba el exterminio físico y cultural de estas civilizaciones.
Esta imputación muestra que no solo las personas fueron víctimas de graves manifestaciones violentas, sino que la propia naturaleza y los territorios fueron victimizados. ¿Cómo entender la importancia que tiene ese reconocimiento?
Para los pueblos indígenas, el territorio no es simplemente un espacio geográfico o un recurso natural: es un ser vivo, fuente de identidad, espiritualidad y supervivencia. Por eso, lugares como los salados para el pueblo Nükak o Pec Naún para el pueblo Hitnü pueden entenderse como espacios equivalentes a los lugares de culto más importantes de cualquier ciudad. Cuando las antiguas Farc acamparon en ellos, instalaron minas o afectaron esos espacios sagrados.
La Sala concluyó que no solo se estaba produciendo un daño ambiental o territorial, sino también un ataque a lugares de culto protegidos por el derecho internacional humanitario. Es, en últimas, una reafirmación profunda y muy concreta de la Constitución de 1991 y de su apuesta por el pluralismo jurídico y la diversidad cultural.
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Muchos de los crímenes cometidos por las Farc contra estos cinco pueblos buscaban doblegar los liderazgos sociales. ¿Qué opinión le merece el impacto de la guerra sobre la posibilidad de las comunidades de defender su autonomía?
La investigación permitió establecer que las antiguas Farc buscaron imponer su autoridad mediante amenazas, asesinatos, desplazamientos y otras formas de violencia contra líderes y autoridades indígenas. Estas conductas debilitaron sus gobiernos propios y limitaron su capacidad de decidir sobre sus territorios.
Atacar a una autoridad indígena no solamente afecta a una persona: también compromete la organización, la identidad y la vida colectiva de todo un pueblo. En ese sentido, muchos de estos crímenes tuvieron como efecto debilitar la capacidad de los pueblos para defender su autonomía y continuar reproduciendo sus formas propias de organización y cuidado del territorio.
Uno de los patrones criminales que identificó su despacho en la investigación está relacionado con los crímenes cometidos en el marco de las hostilidades. ¿Qué responsabilidad tuvieron las fuerzas del Estado en las violaciones de derechos humanos ocurridas en contextos como los de comunidades que estaban en medio del fuego cruzado?
Esta decisión se concentra en la responsabilidad atribuida a antiguos integrantes de las Farc, pero eso no significa que la investigación del caso 09 desconozca la complejidad de lo ocurrido en estos territorios. Precisamente, una de las lecciones más importantes que deja el macrocaso es que los pueblos indígenas quedaron atrapados entre múltiples formas de violencia y distintos proyectos de control territorial.
Las afectaciones que sufrieron no provinieron únicamente de la insurgencia, sino también de dinámicas asociadas a la militarización de los territorios, las economías extractivas, las disputas armadas y las formas desiguales de presencia estatal en estas regiones.
La instalación de minas hace parte de este patrón criminal. ¿Cómo comprender la herida que esa forma de guerra abrió en los territorios?
La instalación de minas antipersonal produjo una afectación particularmente profunda porque alteró la relación cotidiana y espiritual que los pueblos indígenas mantienen con sus territorios. El caso de Pec Naún, entre los Hitnü, es muy ilustrativo. La instalación de minas por parte de las antiguas Farc impidió el acceso a un lugar sagrado fundamental para este pueblo y produjo una ruptura en las relaciones de armonía que, según su cosmovisión, sostienen la vida territorial.
Algo similar ocurrió con la muerte de la sabedora ancestral Siona María Eloísa Yaiguaje, quien falleció al activar una mina antipersonal en su territorio ancestral. En ese sentido, dejaron heridas sobre los cuerpos, pero también sobre los territorios y las formas de vida de los pueblos.
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Hablemos sobre las mujeres y las niñas, víctimas de muchos de estos crímenes. ¿Por qué la guerra de las Farc se ensañó de forma particular con ellas?
La guerra afectó de manera diferenciada a las mujeres indígenas porque muchas de ellas desempeñan funciones esenciales para la transmisión de conocimientos, el cuidado comunitario, la medicina tradicional y la preservación de la memoria cultural de sus pueblos. El caso de María Eloísa Yaiguaje es especialmente ilustrativo porque su muerte no significó únicamente la pérdida de una persona, sino también de una sabedora ancestral que cumplía una función irremplazable dentro de su comunidad.
¿Cómo entender hoy el tamaño de la deuda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que tienen el Estado y la sociedad con comunidades como estas?
Estas regiones han experimentado durante décadas una presencia estatal fragmentada y desigual. Muchas veces el Estado llegó a través de instrumentos de control o de seguridad, pero no necesariamente a través de la garantía efectiva de derechos y de políticas públicas. Así, la deuda consiste en profundizar el reconocimiento de la diferencia étnica y cultural consagrada en la Constitución de 1991, fortalecer la autonomía de estos pueblos, proteger sus territorios y comprender que existen formas diversas de relacionarse con la naturaleza, la justicia y la vida colectiva.
La tradición jurídica colombiana se ha caracterizado por producir decisiones demasiado extensas y técnicas. ¿Cómo lograr que la justicia se haga realmente efectiva y que sea comprensible con un enfoque diferencial?
La justicia debe ser comprensible para quienes han sufrido los crímenes. Por ello, es fundamental comunicar las decisiones judiciales con pertinencia étnica y cultural, mediante un lenguaje claro y, cuando corresponda, en los idiomas de los pueblos indígenas. Esta comprensión debe construirse a través del diálogo intercultural, respetando sus autoridades tradicionales, sus saberes ancestrales y su relación espiritual con el territorio. Todo ello bajo el reconocimiento del derecho propio, la ley de origen y la autonomía de cada pueblo, en aplicación del principio del pluralismo jurídico, uno de los ejes centrales de esta decisión.
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Esta imputación se conoce justo en un momento de cuestionamientos a la JEP por sus avances en los casos relacionados con las antiguas Farc. ¿Ayuda esta decisión a contrarrestar la narrativa de que la justicia transicional ha sido condescendiente con la antigua guerrilla?
La narrativa de que la JEP ha sido condescendiente con las Farc se sostiene, en buena medida, en un desconocimiento del trabajo que ha realizado esta jurisdicción. ¿Se puede hablar de condescendencia cuando la JEP investigó, juzgó y sancionó más de 21.000 secuestros y otros crímenes cometidos contra personas en cautiverio en el caso 01? ¿Se puede hablar de condescendencia cuando decenas de antiguos integrantes de las Farc han sido imputados y han reconocido públicamente su responsabilidad? Yo creo que no.
Lo que ocurre es que, con frecuencia, en el debate público la justicia se equipara con la retribución o incluso con la venganza. La JEP, en cambio, fue diseñada para ofrecer una justicia restaurativa que pone en el centro a las víctimas, la verdad, la reparación, las garantías de no repetición y la construcción de paz. Es una justicia que busca que quienes cometieron los crímenes los reconozcan, expliquen lo ocurrido y contribuyan a reparar los daños causados. En esto retomo las palabras de la autoridad Koregüaje en la rueda de prensa sobre este auto: “No queremos venganza, queremos verdad para equilibrarnos. Queremos que el país sepa que seguimos vivos”.
En ese sentido, esta decisión aporta de manera muy importante al esclarecimiento de lo ocurrido en la Amazonía y la Orinoquía. La Sala imputó a diez antiguos integrantes de las Farc por crímenes como persecución, exterminio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, empleo de minas antipersonal y daños al medio ambiente y a los territorios indígenas. Además, se trata de comparecientes que no habían sido investigados por estos hechos en la justicia ordinaria.
Más que contradecir una narrativa, esta decisión muestra que la JEP continúa ampliando los espacios de verdad y responsabilidad. Lo hace además frente a algunos de los crímenes históricamente más invisibilizados del conflicto armado: aquellos cometidos contra pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía, cuyas voces durante décadas estuvieron prácticamente ausentes de la justicia colombiana.
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