La Fiscalía de Cali cerró marzo de 2022 comunicando la imputación contra el ciudadano Andrés Escobar, quien el año pasado quedó fichado en videos atacando con un arma, al parecer traumática, a manifestantes durante el paro nacional. Los hechos datan del 28 de mayo de 2021, en el sector Ciudad Jardín de la capital del Valle. El ente investigador investigará formalmente a cinco civiles y a 12 policías, quienes tanto por acción como por omisión habrían actuado ilícitamente en el marco de las protestas.
En contexto: Fiscalía comunicó imputación a Andrés Escobar por ataques a manifestantes
El Espectador conoció la imputación que está a un paso de ser avalada por un juez de Garantías de Cali, quien ayer suspendió la diligencia a petición de Escobar, pues señaló que su abogado estaba enfermo. La Fiscalía tiene la hipótesis de que los civiles armados, quienes arremetieron por igual contra ciudadanos, vándalos y periodistas, tenían en su poder únicamente armas traumáticas. Es decir, menos letales. Además, que se habría configurado una alianza vecina para repeler los ataques y, a su vez, amedrentar a quienes presenciaban las marchas.
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Las cinco personas que menciona el fiscal del caso son Andrés Escobar, Diego León Quiroz, Andrés Felipe Chicaiza y los hermanos Antonio Córdoba y Francisco Córdoba. A todos se les comunicó la imputación por los delitos de usurpación en funciones públicas y empleo o lanzamiento de objetos peligrosos. En el caso de Andrés Escobar, a quien se le señala de amedrentar a un periodista que registraba los hechos, también le será endilgada la conducta de amenazas.
En contexto: Andrés Escobar será imputado por disparar contra manifestantes en el paro nacional
Antes de iniciar su imputación, el fiscal dio un contexto al juez de Garantías y a los presentes en la audiencia. Entre ellos estaba el denunciante, el abogado Sebastián Caballero, quien representa al músico Álvaro Herrera y otros ciudadanos. Este último es recordado por haber sido presuntamente golpeado por uniformados en una estación de la Policía de Cali, luego de que civiles lo hubiesen retenido, atribuyéndose las labores de seguridad y judicialización que le corresponden exclusivamente a la Fuerza Pública.
“En Colombia se presentaron hechos de gravedad que afectaron los derechos tanto de la ciudadanía que participaba activamente como de las personas que no lo hacían. La situación fue particularmente grave en Cali, en la cual de manera general los grupos más afectados fueron jóvenes, estudiantes, periodistas, indígenas, afrodescendientes y personas que no participaron en las manifestaciones”, agregó el fiscal.
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Luego de ello, el funcionario del ente investigar situó a los presentes en el 28 de mayo de 2021. En inmediaciones del CAI Ciudad Jardín, en la mañana, un grupo de manifestantes realizaba marchas en contra de la fallida reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Entonces, en complicidad con la Policía, aseguró el fiscal, los cinco imputables al parecer dispararon armas traumáticas. Se tiene conocimiento de pistolas, escopetas y fusiles. Incluso, el fiscal mencionó el serial de cada una de ellas y aseguró que, en su teoría del caso, no hay arma de fuego alguna.
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Luego de ello, el fiscal del caso entregó más detalles. Aseguró que existía un grupo por WhatsApp en el que vecinos de Ciudad Jardín prometieron defender su zona de afectaciones durante el paro nacional. En plena manifestación, los cinco imputables habrían acudido con chalecos antibalas. A los hermanos Francisco y Juan Antonio Córdoba se los señala de suministrar las armas de fogueo utilizadas durante la mañana de ese 28 de mayo. Chicaiza, por su parte, al igual que Escobar, quedó señalado por recibir la invitación por mensaje de texto y acudir a, presuntamente, usurpar funciones públicas.
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En dos oportunidades, Andrés Escobar alertó problemas de salud de su abogado. “Señor juez, qué pena, señor fiscal los interrumpo. Mi abogado está actuando bajo presión del juez. Él en este momento está sintiendo muchos dolores. Yo voy a relevarlo y necesito buscar un defensor en este mismo instante. Inmediatamente, voy a ponerme en eso”. Ante ello, en la siguiente intervención el juez de Garantías mencionó: “Señor Rafael, usted insiste en obstaculizar la realización de la audiencia. Lo está haciendo de manera indebida violando la ley”. Al final, las súplicas de Escobar fueron escuchadas y la audiencia de imputación continuará el próximo 16 de mayo.
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“Voy a solicitar medida de aseguramiento para todos. Espero que Escobar tenga un debido derecho a la defensa y que su abogado se mejore o encuentre otro. Faltan las consideraciones del juez y que declare la imputación. Yo pediré que se corrija la imputación y sea imputado el delito de concierto para delinquir. Sé que hubo un acuerdo entre las partes para cometer los actos”, agregó en entrevista el abogado Sebastián Caballero.
En un video público del año pasado, Escobar señaló que “el camino no son las armas. El camino no es una guerra civil. Mi intención no es hacer un llamado al odio ni al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada en el marco del paro nacional”, dijo. Durante el proceso investigativo solicitó a sus seguidores apoyarlo en un Vaki para financiar su defensa judicial. Entre tanto, participó activamente en sus redes sociales durante los últimos meses, apoyando las ideas que buscan el libre porte de armas en Colombia.
Inició el proceso contra policías
Por otra parte, la Fiscalía también se refirió a cuatro uniformados, quienes habrían retenido en condiciones ilegales y con excesiva violencia a los jóvenes Sebastián Mejía Belalcazar, José Velázquez, Noe Sebastián Muñoz Ríos, Julián Alexander Martínez Cortés y Álvaro Herrera. Todos eran manifestantes, quienes durante los meses del paro nacional denunciaron fuertes golpes y hasta tortura bajo custodia policial.
La Fiscalía aseguró que los policías habrían además puesto información falsa en los informes policiales sobre las razones por las que habían detenido a los jóvenes. Con documentos falsos presuntamente pretendían que una fiscal de Cali judicializara a los jóvenes manifestantes. No obstante, el ente investigador rectificó con videos en terreno que las víctimas eran inocentes y, en realidad, recibieron un maltrato injustificado.
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El ente investigador sostuvo que, aunque los detenidos sí se manifestaron, pero no cometieron actos de vandalismo, por lo “que la retención de algunos de ellos, como es el caso por ejemplo del señor Sebastián Mejía Belalcazar y Álvaro Herrera (músico), obedeció a que ellos estaban grabando con sus teléfonos celulares las omisiones de la Policía Nacional, al permitir que personas de civil dispararan en contra de los manifestantes”.
El ente acusador además sostuvo que a los uniformados se les imputa en calidad de autores el delito privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica en documento público agravado. Asimismo, se les imputó el delito de tortura agravada como autores, porque, al parecer, los uniformados “arremetieron contra esos jóvenes a la estación de policía La María los golpearon, los amenazaron, los amedrentaron y los obligaron a grabar un video autoconfesando la comisión de otros delitos”.