En la tarde de este 13 de marzo, la Defensoría del Pueblo, al mando de Iris Marín Ortiz, entregó un balance sobre el seguimiento a la situación de derechos humanos en el municipio de El Tarra (Norte de Santander), tras las intimidaciones de grupos armados contra las comunidades. En total, 161 familias se habrían desplazado.
La Defensoría señaló que, con base en la información suministrada por la comunidad y la Personería Municipal, el pasado 12 de marzo fueron reportados sobrevuelos de drones. Desde estos, mediante megáfonos instalados, presuntos integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, habrían emitido mensajes dirigidos a la población civil del corregimiento Filo Gringo, ordenando el desalojo del lugar.
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Después de esto, las mismas disidencias habrían enviado un mensaje “aclaratorio”, en el cual, según dio a conocer la Defensoría, “decían que su interés no era provocar el desplazamiento de la población civil, sino enviar un ultimátum a miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln)”.
A raíz de ello, la entidad tuvo conocimiento del desplazamiento forzado de 161 familias de Filo Gringo y otras zonas cercanas al casco urbano de El Tarra. “Actualmente, diez de ellas están alojadas en un albergue dispuesto en el Club de los Cacaos y otras tres están en el asentamiento humano 3 de Abril”, indicó la Defensoría. Las demás familias se encuentran en viviendas de familiares, conocidos y redes de apoyo.
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La Defensoría también señaló que se prevé que en las próximas horas arriben más personas provenientes de Filo Gringo. La entidad indicó que este desplazamiento constituye una infracción grave al derecho internacional humanitario, así como una vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Por ello, la Defensoría instó a los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud y Protección Social, a la Unidad para las Víctimas (UARIV), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como a otras entidades, a activar los planes de contingencia, el Comité Extraordinario de Justicia Transicional y las rutas de prevención y protección.
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La entidad señaló que la activación de estas instancias es fundamental para garantizar los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de las personas en riesgo, confinadas y desplazadas. La Defensoría aseguró que continuará con el monitoreo permanente de la situación en el territorio.
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