Sigue la tensión por cuenta del bombardeo adelantado el pasado 10 de noviembre por las Fuerzas Militares contra las disidencias de “Iván Mordisco” en el municipio de Calamar (Guaviare). Una operación militar en la que murieron 20 presuntos integrantes de ese grupo al margen de la ley, siete de ellos menores de edad. La información, confirmada en la mañana del 15 de noviembre por Medicina Legal, generó reacciones de rechazo de organismos de derechos humanos, entes de control y comunidad internacional.
El bombardeo, en el que también fueron recuperados tres menores de edad y dos presuntos integrantes de la guerrilla se sometieron a la justicia, estuvo antecedido por una operación militar en tierra que inició el viernes 7 de noviembre. Ante la inminencia de un ataque a la tropa, según han explicado el Ministerio de Defensa y hasta el propio presidente Gustavo Petro, el jefe de Estado ordenó adelantar el bombardeo en contra del grupo ilegal.
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En principio, los resultados de la operación eran positivos a concepto de las Fuerzas Militares. En la tarde del martes 11 de noviembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, citó a una rueda de prensa junto a la cúpula militar y de Policía en la que entregaron detalles sobre el bombardeo. En ese momento dijeron que la cifra de personas muertas era de 19. Además de la incautación de cinco ametralladoras, 23 fusiles, tres morteros, 62 granadas, más de 59.000 cartuchos y 50 explosivos.
Sin embargo, con rapidez crecieron las preguntas por la posibilidad de que entre la cifra de personas muertas hubiera menores de edad. El ministro Sánchez Suárez le salió al paso a esos cuestionamientos en su momento, diciendo que solo Medicina Legal podía determinar las edades, sexos e identidades de las personas muertas. Además, que la operación militar se había adelantado en pleno apego a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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En la mañana del sábado 15 de noviembre, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento con el que encendió el ventilador sobre la cifra de menores muertos durante el bombardeo de Calamar: seis, según la entidad protectora de derechos humanos. “Este hecho, profundamente lamentable, exige reiterar que el DIH establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades”, señaló la entidad por medio de un comunicado.
El presidente Gustavo Petro no tardó en salirle al paso al pronunciamiento de la Defensoría y, por medio de su cuenta de X, respondió directamente el comunicado emitido por la entidad, respaldando al ministro de Defensa y la orden de bombardear que dio él mismo, como jefe de Estado. “Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, dijo el mandatario.
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Minutos después, el director de Medicina Legal, el doctor Ariel Cortés Martínez, salió ante la opinión pública para decir que de los 20 cuerpos que recibieron tras el bombardeo en sus sedes de Villavicencio (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare), en total siete correspondían a menores de edad: cuatro hombres y tres mujeres. Agregó que 16 de los cuerpos pudieron ser identificados mediante cotejos datiloscópicos (análisis de las huellas dactilares) y los cuatro restantes mediante carta dental.
Esa confirmación por parte de Medicina Legal dio pie a lo que han sido las últimas horas relacionadas con la operación militar contra las disidencias de Iván Mordisco. El ministro de Defensa se pronunció públicamente explicando las razones por las que se tomó la decisión de bombardear al grupo ilegal, la ONU rechazó la muerte de los menores de edad, desde el Congreso de la República anunciaron una moción de censura contra el alto funcionario y la Procuraduría dijo que investigará posibles faltas disciplinarias.
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Estos son los pronunciamientos del 16 de noviembre:
"Es obligación del Estado condenar esta violencia": vicepresidenta Francia Márquez
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, también sumó su voz a la que rechazaron y lamentaron la muerte de los siete menores de edad en el bombardeo a las disidencias de las Farc en Guaviare. La alta funcionaria emitió el pronunciamiento por medio de su cuenta de X: “Expreso mi más enérgico rechazo al reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en el conflicto: son crímenes inaceptables que claman justicia. Los grupos ilegales se los llevan con engaños y promesas falsas; es la obligación del Estado condenar esta violencia y protegerles”.
Agregó que es deber del Estado tomar las medidas necesarias para evitar que los menores de edad sigan siendo reclutados por grupos al margen de la ley y usados como escudos humanos en medio de las hostilidades. “Es nuestro deber redoblar esfuerzos para blindar a nuestra niñez frente a la barbarie, y garantizar que se haga justicia”, señaló la vicepresidenta Márquez.
“Hago un llamado a toda la sociedad colombiana para decir ¡No más! A la violencia que destruye a nuestros niños, niñas y jóvenes. ¡No más reclutamiento! ¡No más dolor! Debemos seguir trabajando de manera incansable para proteger a nuestra niñez y construir un futuro donde la paz y la dignidad sean posibles para todas las familias colombianas”, concluyó la alta funcionaria.
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La ONU expresa "profunda preocupación" por muerte de menores en el bombardeo
La Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia se sumó a las voces de rechazo y preocupación por la muerte de siete menores de edad durante el bombardeo a las disidencias de “Iván Mordisco” en Guaviare. El organismo internacional emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el uso de menores de edad como escudo humano por parte de grupos al margen de la ley.
“Con profunda preocupación recibimos la confirmación de la Defensoría y Medicina Legal del fallecimiento de tres niños y cuatro niñas en desarrollo de las hostilidades contra un objetivo militar legítimo, en Guaviare. Los siete niños fallecidos son víctimas de reclutamiento por parte de un grupo armado ilegal”, se lee en su pronunciamiento. A renglón seguido, señalaron que la exposición de menores de edad a hostilidades en el conflicto armado es responsabilidad de los grupos ilegales.
“Los grupos armados ilegales son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humano. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 2000 prohíbe explícitamente el reclutamiento de todos los niños y niñas menores de 18 años por parte de grupos armados ilegales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002 también refuerza la prohibición del reclutamiento de niñas y niños y considera como crimen de guerra el reclutamiento de menores”, concluyó el organismo internacional.
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En la lupa de la Procuraduría
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se sumó recientemente a los pronunciamientos sobre la muerte de los siete menores durante el bombardeo a las disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare. El jefe del Ministerio Público lamentó el hecho, rechazó la práctica del reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos al margen de la ley y, de paso, le dio un jalón de orejas a las Fuerzas Militares para que no pierdan de vista “observar y perfeccionar” sus prácticas en este tipo de operaciones.
“Los colombianos no toleramos que los criminales arrebaten de ese modo aleve la vida de nuestros hijos y nietos, ni aceptamos ninguna excusa para ese crimen horrendo, que no es jurídicamente amnistiable ni estamos socialmente dispuestos a perdonar”, señaló el Ministerio Público. Y agregó que el ente de control “reconoce la difícil labor y los sacrificios de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional y exhorta a continuar su misión dentro de los más altos estándares éticos y jurídicos, en armonía con la protección de la vida humana y la dignidad de las víctimas”.
Finalmente, anunció el inicio de las indagaciones necesarias para establecer si los funcionarios involucrados en esta operación militar incurrieron en alguna falta disciplinaria. “Bajo esa óptica, la Procuraduría cumplirá con su deber de investigar con serenidad, imparcialidad y rigor los hechos ocurridos e imponer, si fuere del caso, las sanciones disciplinarias correspondientes”, concluyó el pronunciamiento del Ministerio Público.
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"No es cierto que rompí el principio de distinción": presidente Petro
El presidente Gustavo Petro se pronunció por segunda vez sobre su orden de bombardear a las disidencias de las Farc en Guaviare. Una operación en la que murieron siete menores de edad. El jefe de Estado hizo una extensa publicación en su cuenta de X en la que argumentó por qué, en su concepto, la orden de adelantar esa operación no infringió el DIH. “No es cierto que rompí el principio de distinción. En la selva adentro donde se produjo el bombardeo era imposible romperlo: no había civiles en la zona”, escribió.
Indicó que los cuestionamientos a la operación militar se tratan de críticas políticas: “De la oposición de izquierda a mi gobierno ha surgido una fuerte crítica por el bombardeo en Guaviare”. Agregó que lo sucedido en Calamar no es comparable con la situación en Gaza, en el marco del conflicto entre Israel y Hamás, sobre el cual se pronuncia constantemente: “No es comparable con el bombardeo a las columnas de Mordisco, armadas y en plena ofensiva. En las columnas de Mordisco solo tenían combatientes, y no sabíamos de la presencia de menores”.
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Señaló que la práctica de los grupos al margen de la ley de reclutar forzosamente a menores de edad para blindarse de operaciones de alto impacto como los bombardeos “debe evaporarse”. Y agregó: “El bombardeo como opción letal mayor que disponemos como Estado, lo he usado 12 veces en los tres años de mi gobierno, no hay cambio de conducta, otra cosa es que la prensa no informe, siempre he tomado la decisión última, he buscado al máximo inteligencia que ubique la presencia de menores cuando esta es posible, siempre tomo la decisión cuando mandos/capos están presentes en el lugar y están en actitud ofensiva contra la sociedad y el Estado”.
Concluyó diciendo que, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, seguirá ordenando operativos como el adelantado en el departamento de Guaviare, a su concepto, enmarcado en el DIH. “Decisiones de bombardeo bajo estas características respetuosas del DIH, las seguiré tomando, cuando pueda salvar más vidas que las que se arriesgan (...). Esta vez protegimos soldados, siempre buscaré que se minimicen sus muertes, pero la lucha es por una Colombia Libre para todas y todos”, señaló.
“La operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al DIH": ministro Sánchez Suárez
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció públicamente sobre la polémica que generó la muerte de siete menores de edad durante un bombardeo a las disidencias de Iván Mordisco en Calamar (Guaviare). Al terminar una cumbre de seguridad nacional con Asocapitales, en la noche del sábado 15 de noviembre, el alto funcionario salió ante la opinión pública y explicó que “la operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al DIH”.
“En aplicación cuidadosa de los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar del DIH, se valoraron todos los métodos, medios y capacidades disponibles de la fuerza pública para neutralizar esta inminente y grave amenaza, compuesta por más de un centenar de personas armadas con alto poder de combate”, dijo el ministro Sánchez Suárez.
Además señaló, como ya lo había dicho esta semana el comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, que el bombardeo se hizo ante la inminencia de un ataque a las tropas del Ejército que desde el 7 de noviembre adelantaban operativos en tierra contra las disidencias de “Iván Mordisco”. Según Sánchez Suárez, al menos 20 uniformados estaban en “desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal”.
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