Capturan a exgobernador de San Andrés, Everth Hawkins por extorsión agravada y secuestro

Según un comunicado de prensa del ente investigador, las pesquisas tienen que ver con un entramado en el que el exfuncionario habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como "Las Salsas Mexicanas" para intimidar a las víctimas y obtener dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

"La investigación ha permitido documentar dos afectados, ambos contratistas de la Gobernación, a quienes presuntamente les exigieron un total de COP 3.000 millones. En uno de los casos, la presión, al parecer, incluyó la retención de una familiar con el propósito de presionar el pago", se lee en el comunicado de la Fiscalía.

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Por estos hechos, Hawkins Sjorgreen será imputado por los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo, luego de que su captura sea legalizada por un juez de control de garantías.

Esta captura se da en medio de otras investigaciones en su contra. La más reciente tiene que ver con el caso conocido como Aremca. Según la Fiscalía, el exgobernador habría cometido varias irregularidades en el proyecto de mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, valorado en COP 11.125 millones, por los que ya fue acusado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

La investigación sostiene que Hawkins habría delegado en el entonces secretario de Infraestructura la firma de un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), suscrito el 19 de octubre de 2022. Esa entidad subcontrató la ejecución de la obra y la interventoría. El ente investigador señala que la asociación no tenía la experiencia técnica exigida para este tipo de intervenciones.

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Además, que el estudio de mercado habría sido insuficiente y que la iniciativa se presentó como una gerencia estratégica cuando en realidad era una obra. Asimismo, no figuraba en el banco de proyectos de la Gobernación, no contaba con las autorizaciones pertinentes y se tramitó por contratación directa, pese a que la ley exigía licitación pública.

Según la acusación en su contra, las labores de ese contraron comenzaron el 20 de abril de 2023 sin la licencia ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) ni los permisos de la Dirección General Marítima (Dimar). En el islote se construyeron una plataforma y varios kioscos turísticos, que están en riesgo de demolición por la falta de aval.

En cambio, no se levantó el muelle de acceso para turistas, uno de los principales componentes del proyecto. “Según los peritajes realizados por la Fiscalía, el presunto detrimento patrimonial asciende a COP 4.330 millones, cifra relacionada con sobrecostos, no devolución de sumas que dejaron de ejecutarse y la omisión de descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas, entre otros conceptos”, explicó la entidad.

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