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La Fiscalía General de la Nación adelantó actividades investigativas que permitieron la captura de 12 personas en Ipiales (Nariño), señaladas de hacer parte de una red autodenominada “Los Mata Siete”, quienes se dedicaban a extorsionar a migrantes de diferentes nacionalidades para, supuestamente, legalizar su tránsito o permitirles su permanencia en el país a cambio de dinero.
Estas personas, entre las que se encuentran cinco miembros de la Policía Nacional, fueron presentadas ante un juez de control de garantías e imputadas por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada, simulación de investidura o cargo, uso de sello oficialmente regulado, fraude procesal y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio.
Los capturados fueron identificados como Wilmer Narciso Hernández, William y Jairo Ceballos Mampuezan, Iván y Juan Gabriel Melo Vásquez, Iván Danilo Peña Cerón y Jhon Jairo Romero Zamora; y los integrantes de la Policía Nacional identificados como Iván Darío Guapucal Jurado, Roberth Chamorro Quistanchala, Jeffer Palacios, Jhon Castro Vallecilla y Horacio Gerlando Guachavez.
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¿Cómo operaban?
Según las evidencias recogidas por las autoridades, estas personas se las habrían ingeniado para contactar a extranjeros que cruzaban irregularmente el Puente Internacional de Rumichaca, en zona fronteriza con Ecuador, o que llegaban al aeropuerto de Pasto (Nariño), y les ofrecían servicio de transporte.
Luego, funcionarios de la Policía interceptaban los vehículos en los que eran transportados los migrantes, con el pretexto de hacer una revisión de documentos. Al parecer, los uniformados les exigían dinero para sellarles los pasaportes y darles tarjetas andinas de migración que, decían, les permitiría continuar su camino hacia Centroamérica y Estados Unidos.
En otras ocasiones, las víctimas alcanzaban a llegar a puntos específicos en Ipiales, donde eran abordados por falsos integrantes de la Policía y de Migración Colombia, que también les planteaban la posibilidad de acceder a sellos y permisos para moverse sin problemas por el país.
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En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que la organización delincuencial pedía entre 100 y 1.500 dólares a cada persona, a cambio de las autorizaciones de tránsito y sellos falsos. Todo esto ocurría en medio de intimidaciones y amenazas.
Por disposición de un juez de control de garantías, siete de los presuntos implicados, entre ellos tres uniformados, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los demás continuarán vinculados a la investigación en libertad.
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