A la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), llegará el caso por desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde en 1984 por miembros de la Fuerza Pública. Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable por el hecho al Estado colombiano, no se han cumplido las órdenes del organismo y, por eso, el caso será revisado por el tribunal internacional.
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La misma CIDH le presentó a la Corte el caso del estudiante de sociología, militante del Partido Comunista e integrante del Ejército Popular de Liberación (EPL) desaparecido el mismo año que se iba a graduar. Según testigos, Luis Fernando Lalinde fue arrestado arbitrariamente el 3 de octubre en la vereda Verdún, en Jardín (Antioquia) por militares del Batallón Ayacucho, quienes fueron responsables de su desaparición.
Tras declarar al Estado colombiano como responsable de los hechos, la CIDH le pidió al Estado realizar “una exhaustiva investigación sobre los hechos denunciados, a fin de identificar a los responsables y someterlos a la justicia, (…) y adoptar las medidas necesarias para impedir que hechos de tal gravedad puedan volver a ocurrir”. Con eso, en 1988, el caso marcó un precedente, porque fue la primera condena del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por desaparición forzada contra Colombia.
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En noviembre de 1999, se alegó que el Estado no estaba garantizando el acceso de los familiares de Luis Fernando Lalinde “a un recurso adecuado y efectivo que permitiera investigar, juzgar y sancionar a los culpables de su detención y homicidio”. La Comisión Colombiana de Juristas, que han acompañado a la familia Lalinde durante el proceso, alegó que “después del pronunciamiento de la Comisión Interamericana en el que declaró la responsabilidad de Colombia, el Estado ha violado los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial”.
De acuerdo con la CCJ, “la respuesta judicial en instancias nacionales desde 1988 hasta el presente ha sido deficiente y ha implicado una lucha más dolorosa para la familia de Luis Fernando, en especial para Fabiola Lalinde, su madre, quien falleció en marzo de 2022″. Además, señala la organización, la Jurisdicción Penal Militar “no constituyó un fuero idóneo para investigar las violaciones cometidas contra este joven”.
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Ahora que el caso llega al tribunal internacional, las pretensiones son que “se condene al Estado colombiano y determine su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos a la integridad personal y a las garantías y protección judiciales, y que se ordene una reparación integral que responda a las particularidades de su caso y a la estigmatización y persecución que sufrieron las y los familiares en el proceso de búsqueda de su ser querido”.
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