La última vez que Kelly Ann Knight habló con su mamá le dijo que había pedido una pizza y que, cuando terminara de comer, la volvería a llamar. Conversaciones como esta hacían parte de su rutina, no solo porque las separaban más de 4.000 kilómetros de distancia, sino porque solían ocurrir después de que la joven peleaba con su pareja. Pero esa llamada nunca ocurrió. El 19 de julio de 2019, quien sí la llamó fue el esposo de su hija para decirle que la había encontrado muerta en el apartamento donde vivían en Medellín. Seis años después de la tragedia, los padres de Kelly Ann Knight, desde Estados Unidos, siguen haciéndose la misma pregunta: “¿Qué causó la muerte de su única hija en Colombia?”. Esa es la frase que resume una batalla que ya cruzó fronteras.
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El caso llegará este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con una demanda contra el Estado colombiano por no haber prevenido la violencia que ella denunció y por no haber esclarecido lo ocurrido. La petición, presentada por el abogado Ignacio J. Álvarez Martínez en representación de Raymond Allen Knight y Lee Goodpaster Knight, sostiene que Colombia incumplió en su deber de proteger a Kelly Ann Knight de un contexto de violencia de género que ya estaba documentado por las autoridades. También afirma que, a pesar de los antecedentes y de los hallazgos forenses, la investigación permanece en etapa preliminar, sin imputaciones ni acusaciones por su homicidio que, incluso, en su momento la Fiscalía pidió que se investigara como un feminicidio.
Para la familia, no se trata solo de un expediente estancado. Es la prolongación de un duelo atravesado por la incertidumbre. “¿Cómo puede alguien morir en condiciones abusivas, que las autoridades no esclarezcan los hechos y nadie haya sido procesado?”, preguntó Lee Goodpaster Knight, la mamá de Kelly Ann Knight, en entrevista con El Espectador. Ella misma es quien recuerda hechos claves previos a la muerte de su hija. El 17 de julio de 2019, dice, su hija viajó con su esposo a Doradal (Antioquia). En el hotel donde se hospedaron, empleados escucharon gritos durante la madrugada y llamaron a la Policía, según consta en la petición ante la CIDH. Pero nadie llegó. La pareja salió del hotel al día siguiente y la excusa que presentó el hombre es que su esposa “había tomado mucho alcohol”.
Luego del supuesto “altercado”, la pareja regresó a Medellín. Ella se quedó en el apartamento que compartían y él decidió pasar la noche en una finca a las afueras de la ciudad. El 19 de julio su esposo, Esteban Camilo Bedoya, halló sin vida a Kelly Ann Knight en su casa. Ella estaba sentada en su cama, con el torso sobre sus piernas y su cara ensangrentada. Las pruebas de Medicina Legal probaron luego que tenía contusiones, moretones en su cuerpo, y que, todavía con vida, había sido golpeada y arrastrada sobre el asfalto, dejándole múltiples lesiones en su espalda. En el cuarto donde la víctima fue encontrada muerta, también había sangre en el piso y, desde que la Policía llegó a comprobar si la mujer tenía signos vitales, la escena comenzó a acumular preguntas.
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El acta de inspección registró que el cuerpo fue movido y que no se pudo acordonar el lugar “por solicitud expresa” del esposo. La necropsia habló de “anoxia en estudio” como posible causa de muerte y describió diecinueve hematomas y signos defensivos. También dejó constancia de que había indicios de que el cuerpo había cambiado de posición tras el fallecimiento. Incluso, uno de los policías que atendió el llamado de urgencia, aseguró que vio heridas como de un rasguño en el cuello de Bedoya. Sin embargo, ninguna de las ampliaciones forenses posteriores estableció una causa definitiva de la muerte de Knight. Para la familia, ese vacío es el núcleo del reclamo: si hubo violencia documentada, si el cuerpo fue movido, si había sangre en varias superficies de la casa, ¿por qué seis años después no existe una explicación concluyente?
Los padres de Kelly recuerdan cómo recibieron la noticia. “Ya no tenemos vida”, dijo su madre en diálogo con este diario. “Vivimos preguntándonos cómo pudo pasar esto y que no haya justicia”. En su relato aparecen detalles que, aseguran, nunca fueron esclarecidos: la presencia de varias personas en el apartamento, las inconsistencias en los reportes iniciales y la ausencia de una línea clara de investigación. “No acordonaron la escena, no preguntaron quiénes eran todas esas personas dentro del apartamento”, agregaron. Para ellos, la falta de rigor en las primeras horas marcó el rumbo de todo el proceso y debilitó pruebas que pudieron ser determinantes. Aun así, con la fortaleza que dan los años y la experiencia, dedican su madurez a exigir justicia por la muerte de su única hija.
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Uno de los puntos y pruebas centrales de la petición es que, antes de su muerte, Kelly Ann Knight había denunciado dos veces violencia intrafamiliar. Una vez lo hizo en Francia, durante un viaje y luego de que Bedoya le fracturara una muñeca. En ese reporte quedó consignado, con sus propias palabras, que en junio de 2018, cuando ella estaba embarazada de seis meses y medio la golpeó “en la casa e hizo que perdiera a los dos gemelos que estaba gestando. Nunca denuncié los hechos porque estaba dolida y aterrorizada por él y porque vivía en Colombia”. Luego, en febrero de 2019, acudió a las autoridades tras una agresión por la que requirió transfusiones de sangre.
Según la petición ante la CIDH, durante meses no se adoptaron medidas efectivas de protección. Cuando la Fiscalía finalmente ordenó entrevistarla por esos hechos, la diligencia no se realizó porque ella ya había muerto. Para sus padres, ese es uno de los puntos más graves del caso: el Estado conocía antecedentes de violencia y no actuó con la diligencia necesaria. “¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo sin hacer nada?”, cuestionó su madre. La defensa del esposo sostuvo desde el inicio la hipótesis de un suicidio por ingesta de pastillas. Las pruebas toxicológicas practicadas meses después concluyeron que Knight tenía embriaguez de primer grado y presencia de sustancias psicoactivas, pero nunca determinaron que estas fueran la causa del fallecimiento. A pesar de ello, la causa de muerte sigue registrada como “anoxia en estudio”.
La familia afirma que, lejos de agotarse todas las hipótesis, el caso entró en una inercia procesal. “Lo único que pedimos es que revisen punto por punto cada elemento y cierren cada vacío”, dijo el padre de Kelly Ann Knight a El Espectador. Por su parte, Esteban Camilo Bedoya Restrepo fue condenado el 8 de enero de 2020 por violencia intrafamiliar, pero nunca fue esclarecida su presunta participación en el feminicidio de su esposa. El reclamo de la familia Knight ante la Comisión Interamericiana de Derechos Humanos señala que el Estado colombiano incumplió varias de sus obligaciones establecidas en la Convención de Belém do Pará y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente el deber reforzado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
La petición sostiene que la falta de resultados en las investigaciones, después de más de seis años, constituye una forma de impunidad que afecta no solo a la víctima, sino también a sus familiares. “No estamos acusando a nadie directamente”, aclaró el abogado Álvarez. “Estamos pidiendo una investigación adecuada que determine responsabilidades”. Esa distinción es clave en la estrategia internacional del caso. El expediente de Kelly Ann Knight se inscribe en un país donde la violencia feminicida no cede. Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 111 feminicidios y 297 tentativas, según cifras divulgadas por la Defensoría del Pueblo. En el mismo periodo se reportaron 13.832 delitos sexuales y 12.873 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres.
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En Antioquia, con corte al 5 de febrero de 2026, se contabilizaban 14 presuntos feminicidios, más que en el mismo periodo del año anterior. Organizaciones de mujeres han advertido que la impunidad y la falta de reacción oportuna del Estado siguen siendo factores que alimentan la repetición. Por esta cruda realidad es que el caso de Knight tiene un valor añadido, pues la CIDH podría tomar cartas en el asunto y revisar con lupa esta tragedia para las mujeres en Colombia. En la entrevista con El Espectador, la madre de Kelly fue directa: “¿Cómo puede un fiscal investigar sin intentar saber quién era la víctima?”. Dice que en los documentos encontró errores básicos y una falta de interés por reconstruir la vida de su hija, no solo por esos vacíos, sino porque en estos seis años la Fiscalía no le ha hecho ni una sola pregunta sobre el caso.
Kelly Ann Knight, relató su mamá, era una mujer que desde niña tuvo una especial habilidad para comunicarse. Nació en Starkville, una ciudad universitaria en el estado de Mississippi, y era licenciada en Español y Psicología de la Universidad de Wake Forest. Además, tenía una maestría en Enseñanza de Inglés como Segunda Lengua y otra en Tributación de la Universidad de Alabama. Su amor por el español la llevó a España y luego a Colombia, donde quedó “enamorada” de su clima, su gente y su cultura. Su mamá sabe mejor que nadie que Kelly Ann Knight había denunciado los episodios de violencia de su esposo. Por eso advierte que este no es un caso aislado ni una muerte sin antecedentes. Para la familia Knight, el dolor no radica solo en la pérdida, sino en la sensación de abandono institucional.
Ambos padres insisten en que no buscan venganza. Buscan respuestas. Por eso acudieron a la CIDH, convencidos de que la presión internacional puede obligar a reexaminar el caso con enfoque de género y debida diligencia. “No sabemos qué pasó”, dijo la madre. “Pero alguien tiene que investigarlo de verdad”. Esa frase es un reclamo que ya no es solo familiar. Es una pregunta sobre la capacidad del Estado colombiano para proteger y hacer justicia en un país donde la violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas.
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