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Después de tres aplazamientos, en la tarde de este 10 de septiembre la Fiscalía General de la Nación avanzó en la imputación de cargos en contra de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. El hombre es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos porque, al parecer, habría intervenido de forma irregular en la asignación de millonarios contratos.
El caso está relacionado con el posible entramado de corrupción que, según el ente investigador, se habría tejido al interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre los años 2020 y 2023, cuando Daniel Quintero era alcalde. La Fiscalía sostiene que Miguel Quintero, aunque no tenía ningún cargo en la administración de Medellín ni en el AMVA, habría direccionado millones en contratos para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
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Según la Fiscalía, para lograr intervenir en contrataciones sin firmar ningún documento y quedándose con cuantiosas comisiones, Miguel Quintero habría actuado a través de tres funcionarios del AMVA: el director, Juan David Palacio; el subdirector administrativo y financiero, Álvaro Alonso Villada García; y Vanessa Álvarez Restrepo, una contratista que trabajaba para la Subdirección Ambiental de la entidad. En el expediente también aparece Misael Alberto Cadavid, jefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
Los funcionarios del búnker señalan que en junio de 2020 Miguel Quintero se habría reunido con Misael Alberto Cadavid y Álvaro Alonso Villada García en las instalaciones del AMVA, en Medellín, para negociar los términos de un trato ilegal en el cual buscaban direccionar seis contratos por COP 17.656. El objetivo era entregar kits de bioseguridad en medio de la pandemia de covid-19, pero habrían sido entregados a dedo por indicación del hermano del alcalde.
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«Existía un acuerdo destinado a obtener una contraprestación económica ilícita del 15 % del valor total de los contratos, como requisito para que fuesen adjudicados al Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Utilizaron la estructura administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para lograr este resultado», señaló la fiscal durante la imputación. Agregó que inicialmente la coima era del 20 %, pero en la reunión de junio de 2020 lograron reducirla.
El ente investigador señala que la contratista Vanessa Álvarez Restrepo, al parecer, habría elaborado los estudios previos de esas licitaciones a pesar de que no estaba dentro de sus funciones. Esos documentos habrían sido claves para lograr el presunto direccionamiento irregular de los contratos. El vínculo entre los implicados, según la Fiscalía, se reflejaría en un chat de WhatsApp creado en 2020. Primero lo llamaron «Alternativos» y luego lo cambiaron a «Amigos».
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La Fiscalía sostiene que la información recuperada de esos chats daría cuenta de la forma en la que Miguel Quintero actuaba desde un rol de liderazgo para impartir órdenes en el marco del presunto entramado de corrupción. Según la Fiscalía, de las coimas del 15 % de los contratos, el hermano del hoy exalcalde se habría apropiado del 10 % y el exsubdirector Álvaro Alonso Villada García se habría quedado con el 5 %. Los pagos, además, se habrían hecho en efectivo.
“Una vez ingresaba cada pago del área metropolitana al Cuerpo de Bomberos, el monto equivalente al 15% se extraía en efectivo mediante cheques girados por cifras cerradas. En gran porcentaje por un valor de COP 50 millones, a nombre de varias personas. Dentro de estas, el señor Germán Osorio, quien era conductor y prestaba logística de varios servicios al cuerpo humano voluntario de Itagüí», indicó la fiscal del caso durante la audiencia de imputación.
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Agregó que Germán Osorio, al parecer, cobraba los cheques producto del ilícito en dinero en efectivo. «El dinero así obtenido era entregado al tesorero del Cuerpo de Bomberos, señor Juan Alberto Cardona Henao, quien ya fue imputado, o al propio representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Cadavid», expuso la funcionaria del búnker. De ese modo, al parecer, se habrían desviado COP 2.481 millones entre los años 2020 y 2023.
Según la Fiscalía, Miguel Quintero se habría apropiado de COP 1.387 millones y Juan David Palacio habría recibido alrededor de COP 600 millones. También fue mencionado Sebastián Ortega, hijo de una política del municipio de Bello, quien se habría quedado con COP 600 millones. Aunque los cargos fueron leídos por la Fiscalía, el juez suspendió la audiencia de imputación y se reanudará el próximo 14 de septiembre, a las 3:30 de la tarde, para saber si aceptan o no los delitos.
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