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De nuevo tuvo que ser aplazada la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior investigada por presuntamente haber entregado diplomas universitarios falsos en un proceso para llegar a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad del gobierno Petro. La diligencia estaba programada para las 9:00 de la mañana ante el juzgado 79 de control de garantías de Bogotá.
Guerrero será imputada por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Al parecer, habría presentado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) dos títulos falsos emitidos por la Fundación de Educación Superior San José, uno como tecnóloga y otro como contadora pública profesional.
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Además de Guerrero, quien ya no está vinculada laboralmente al gobierno, la Fiscalía imputará por los mismos delitos a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la mencionada institución universitaria. La audiencia había sido citada el pasado 27 de febrero; sin embargo, Guerrero no se presentó a la diligencia y Gutiérrez llegó sin abogado, por lo que fue aplazada.
Después de un retraso de más de una hora, sobre las 10:22 de la mañana de este martes, se instaló la audiencia de imputación ante el despacho de la jueza 79 de control de garantías. A esa togada le correspondió atender la diligencia que, inicialmente, estaba en el despacho de la jueza 25 de control de garantías, pero que a última hora tuvo que ser reasignada.
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De entrada, la fiscal del caso aclaró que el ente investigador finalmente desistió de la medida de aseguramiento que inicialmente se anunció que pedirían. En su concepto, “no se cumplían los presupuestos procesales” necesarios para hacer esa petición. Pese a la espera del despacho y de las otras partes de la audiencia, Guerrero nunca llegó.
La jueza expuso que, ya sobre el tiempo, la joven envió una carta solicitando por segunda vez el aplazamiento de la audiencia. Argumentó que no había podido conseguir aún un abogado de confianza que la representara en un caso de tal importancia, a pesar de que ya se le había asignado una defensora pública, la doctora Alba Rubiela Acosta, quien sí asistió a la audiencia virtual.
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“La presente solicitud se fundamenta en que, dada la connotación pública y nacional de los hechos por los cuales he sido citada en calidad de indiciada, me ha resultado materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza, que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica”, señaló Guerrero en su carta.
Aunque la jueza le dio a la Fiscalía la posibilidad de imputar solo a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación de Educación Superior San José y quien sí se conectó a la diligencia, la fiscal del caso prefirió hacer la imputación de las dos personas juntas, por la relación que existe, según la funcionaria del búnker, entre los delitos presuntamente cometidos por las dos personas.
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La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, dijo en su momento que los documentos para la contratación de Guerrero se hicieron públicos en agosto de 2025, pero habían sido expedidos el 1 de julio del mismo año, “sin el cumplimiento de los requisitos legales, teniendo en cuenta, de acuerdo con la investigación, que no asistió a sus clases y tampoco presentó las Pruebas Saber”.
Sobre el caso de Guerrero, la universidad ha dicho que, en ejercicio de su autonomía universitaria, detectó y denunció el fraude. En noviembre de 2025, el consejo directivo de la institución anuló los títulos que había otorgado a la joven, tras evidenciar que no existía registro de su actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual. Todo eso es parte de lo que la justicia tendrá que corroborar.
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