El próximo 24 de agosto se realizará la audiencia preliminar en la que la Fiscalía formulará cargos dentro de la investigación por la muerte del menor Kevin Arley Acosta Pico, quien falleció el pasado 13 de febrero esperando un tratamiento médico para la hemofilia. El caso se investiga como un presunto homicidio culposo por posibles fallas en la atención médica y por la presunta omisión de quienes tenían la obligación de vigilar el caso del niño de siete años.
La imputación recaerá, en primer lugar, sobre el médico que atendió al niño el 27 de enero de 2026. Según el ente acusador, el profesional habría omitido ordenar el suministro inmediato del medicamento profiláctico Emicizumab, pese a que su aplicación era necesaria conforme a los protocolos médicos.
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A esa imputación se sumarán el exagente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, y el exauditor Nelson Ramírez Plaza, señalados por presuntas fallas en la gestión para garantizar la entrega del medicamento y en la designación de dicho auditor, respectivamente. También serán llamadas a rendir cuentas las exfuncionarias Jessika Pala Triana Sahastuy y Diana Macela Caballero Arias, quienes tenían a su cargo el seguimiento del paciente.
Esta decisión se suma a las conclusiones que la Procuraduría General de la Nación había presentado el pasado 17 de marzo, cuando determinó que la muerte de Kevin se debió a negligencia de la Nueva EPS. La investigación del Ministerio Público, contenida en un informe de ocho páginas conocido por El Espectador, dejó al descubierto las fallas en la prestación del servicio de una entidad que agrupa a más de 11 millones de afiliados en el país.
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Según el documento, el principal motivo del fallecimiento del menor fue que la EPS no garantizó la entrega oportuna del medicamento vital para tratar su hemofilia. El niño murió el 13 de febrero de 2026, días después de sufrir un accidente en bicicleta que le produjo una hemorragia incontrolable a causa de la enfermedad.
En un primer momento, el presidente Gustavo Petro había señalado a la madre del menor como responsable de lo ocurrido; sin embargo, la investigación de la Procuraduría estableció que Kevin no recibió a tiempo el medicamento Emicizumab, indispensable para controlar su trastorno de coagulación. El Ministerio Público reveló que el niño dejó de recibir su dosis durante dos meses, pese a que la prescripción médica ordenaba su suministro cada 28 días.
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Kevin estaba afiliado al régimen subsidiado a través de la Nueva EPS, entidad que tenía la obligación de garantizar la entrega mensual del medicamento. La última dosis que recibió fue el 14 de diciembre de 2025, aplicada por la IPS Medicarte, que había suspendido el suministro a sus pacientes por falta de pago de la EPS y terminó su relación contractual el 31 de diciembre de ese año.
Ante esa situación, se gestionó el traslado del menor a la IPS Integral Solutions a partir del 16 de enero de 2026, pero esta tampoco pudo asumir el tratamiento porque la Nueva EPS no le giraba los recursos ni le remitió la documentación clínica de los pacientes, entre ellos la de Kevin. La Procuraduría determinó que ni siquiera se formalizó ese traslado, por lo que durante enero y febrero la EPS no contó con un prestador activo que garantizara la continuidad del tratamiento del menor.
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El informe del Ministerio Público señaló que la Nueva EPS mantenía con Integral Solutions una deuda superior a los COP 8.383 millones, con más de 150 días en mora, sin que a la fecha se hubiera adelantado ningún trámite de pago o depuración de esa cartera. Según la Procuraduría, ese incumplimiento reiterado fue el que llevó a las dos IPS involucradas a suspender la atención de los pacientes de la entidad.
El organismo de control fue enfático al señalar que la interrupción del tratamiento de Kevin se prolongó hasta el día de su muerte, “pese a tratarse de un medicamento vital para la supervivencia del paciente ante su enfermedad”. Además, subrayó que el suministro inoportuno del medicamento estuvo directamente relacionado con la responsabilidad de la Nueva EPS como garante del aseguramiento en salud, al tratarse de un menor de edad, sujeto de especial protección constitucional y perteneciente a la población vulnerable del régimen subsidiado.
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La Procuraduría también cuestionó las decisiones médicas tomadas tras el accidente del menor. Kevin fue inicialmente atendido en una clínica de Huila, donde ocurrió el accidente, pero luego fue remitido por vía aérea hasta Bogotá, pese a que ese departamento contaba con prestadores de alta complejidad. El organismo calificó ese traslado como cuestionable, dados los riesgos clínicos asociados a su diagnóstico y las dificultades de la red de servicios derivadas del cierre de prestadores por la falta de pago de la Nueva EPS.
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