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El llamado caso Lili Pink, en el que se investiga el posible lavado de activos y contrabando al interior de la empresa textil, tuvo un nuevo avance. La Fiscalía amplió la investigación y adelantó medidas cautelares en contra de una empresa que habría servido de fachada para la comisión de los presuntos delitos.
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Se trata de Elephant Import & Export S.A.S., que, al parecer, era una de las principales proveedoras de Lili Pink y Joy. De acuerdo con las pesquisas, esa empresa “habría sido utilizada para soportar la importación y el abastecimiento de mercancía, pese a no contar con capacidad económica real”.
El ente investigador señala que la aparente fortaleza financiera de Elephant Import & Export “se sustentaba en un préstamo por COP 64.000 millones otorgado por otra sociedad que tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud”.
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También, se encontró que Fast Moda S.A.S., sociedad en la que operan Lili Pink y Joy, “registraba una deuda por COP 126.000 millones a favor de Elephant, situación que haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada”.
En las diligencias que adelantó el ente investigador, se identificaron 12 contenedores con mercancía de origen chino ingresada al país desde Panamá. También, se verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La investigación, además, arrojó que “parte de la mercancía ya contaba con etiquetas elaboradas para el mercado colombiano, pese a que correspondía a productos de origen chino”.
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Según la Fiscalía, esas operaciones buscan “impedir que esta sociedad continúe siendo utilizada en operaciones de presunto contrabando y lavado de activos”. El pasado 27 de abril, el ente investigador adelantó las primeras operaciones de extinción de dominio en más de 400 tiendas donde se comercializa esta marca bogotana.
Asimismo, realizó varias capturas. Entre las personas detenidas está el abogado Walter Martínez Martínez, a quien el ente investigador le imputó, el pasado 14 de mayo, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Sin embargo, el capturado, quien presentaba problemas de salud, no aceptó los cargos.
Para la Fiscalía, la presunta estructura estaría relacionada con operaciones de lavado de activos por más de COP 730.000 millones, un presunto enriquecimiento ilícito superior a COP 430.000 millones y hechos de contrabando que superarían los COP 75.000 millones.
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