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Mientras se esclarece el destino que tuvieron los $70.000 millones del anticipo entregado a la unión temporal Centros Poblados, la punta de lanza del escándalo que llevó a la renuncia de la exministra TIC Karen Abudinen, ahora se conoce que están en riesgo otros $7.000 millones de dinero público en el mismo proceso. Esa es la advertencia que se hace en documentos de la acción popular que se surte en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para establecer qué pasó con el millonario adelanto. La alarma la encendió una entidad del Estado que terminaría pagando las deudas de las compañías que conformaban la UT si no se toman medidas con urgencia.
Se trata del Fondo Nacional de Garantías (FNG), una entidad que desde los años ochenta respaldan a pequeñas y medianas empresas que tienen dificultades para acceder a créditos. Si las sociedades se atrasan en los pagos, el Estado responde. De las cuatro compañías que conformaban Centros Poblados, dos tienen créditos vigentes en los que el FNG es garante. Desde que en septiembre pasado el Tribunal de Cundinamarca congeló las cuentas de las empresas del escándalo del Mintic, los préstamos para los que el Fondo emitió garantías, superiores a $7.000 millones, se dejaron de pagar y ahora están en mora. Es decir, si los bancos comienzan a cobrar, podrían terminar pagándose esas deudas con recursos públicos.
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El Fondo, sin embargo, no quiere que eso ocurra. En documentos del Tribunal de Cundinamarca se evidencia que la entidad ya secundó la acción popular de la Procuraduría, demanda que llevó al embargo de hace casi dos meses. El FNG pide ser reconocido como parte y se suma al pedido de la Procuraduría: que sean los socios detrás de Centros Poblados quienes respondan por el anticipo de $70.000 millones. Y, a su vez, la entidad solicitó una medida cautelar adicional a la que ya se decretó: que se le ordene al Fondo mismo suspender los pagos a los bancos que les deben las dos compañías de Centros Poblados hasta que el Tribunal decida de fondo.
De lo contrario, dice el documento de 48 páginas, el FGN tendría que entrar a responder ante los bancos con recursos que saldrían del erario. En concreto, del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), creado para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19. Esa situación, agregó la entidad en la solicitud, sería como que el Estado asumiera el cuestionado manejo que le dieron Centros Poblados y sus directivos al dinero público, al punto que incumplieron el contrato que habían firmado con el Ministerio TIC para llevar conectividad a miles de escuelas de zonas rurales de Colombia y hasta presentaron una garantía falsa en la licitación.
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El 8 de septiembre, cuando radicó la acción popular, la Procuraduría dijo: “Ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados”. Para ese momento, ya se sabía que la garantía con la que Centros Poblados logró que el Mintic le adjudicara el contrato resultó falsa. Luego de que el Ministerio declarara la caducidad del contrato ante tremenda irregularidad, se supo que parte de ese dinero fue a parar a Delaware, en Estados Unidos.
Las dos compañías de Centros Poblados que tienen al FGN como garante en préstamos son: ICM Ingenieros (que debe $4.000 millones a BBVA y $1.966 millones al Banco de Bogotá) y Omega Buildings Constructora (que debe $3.000 millones a BBVA). El Fondo le aseguró al Tribunal de Cundinamarca que en una inspección halló que al menos $7.000 millones de esa deuda fueron solicitados por las empresas en el marco del contrato que tenían con el Mintic. Y esto es importante para el Fondo Nacional de Garantías por las dudas que hay sobre a dónde fue a parar el anticipo, interrogante que originó esta acción popular y que desató investigaciones en todos los frentes.
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Por ejemplo, según reveló Noticias Caracol, el testigo Juan Carlos Cáceres contó en la Fiscalía que se habían gastado $1.300 dólares del anticipo en un apartamento y que otros $500.000 dólares los prestó a una familia amiga. En otras palabras, ICM Ingenieros y Omega Buildings Constructora, como parte de Centros Poblados, pudieron haber utilizado el dinero que les prestaron los bancos para fines distintos a los que habían reportado al FNG cuando pidieron los créditos. Así, aunque sus obligaciones estén en mora, a juicio de la entidad no deberían pagarse con recursos del Estado, pues se causaría un daño irremediable al patrimonio público.
Así las cosas, el FNG le pidió al Tribunal de Cundinamarca que, preventivamente, le ordene suspender cualquier pago al Banco de Bogotá y BBVA por cuenta de los créditos en que fungió como garante de ICM Ingenieros y Omega Buildings. Esa medida cautelar tendría vigencia hasta que haya una sentencia. Además, la entidad pidió que se vincule al proceso a ambos bancos, pues el futuro de esta demanda puede afectarlos. Esta solicitud, así como la intervención futura del Fondo en el proceso aún deben ser estudiadas por la magistrada que tiene a su cargo el caso, Claudia Lozzi. Sin embargo, según supo este diario, la entidad ya cuenta con el espaldarazo de la Procuraduría.
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Mientras tanto, el levantamiento del velo corporativo a las sociedades de Centros Poblados ha permitido que el Ministerio Público avance en identificar quiénes estaban detrás de esas compañías, para que la justicia los llame a responder por el anticipo embolatado. Antes de renunciar, Abudinen dijo que se habían recuperado $40.000 de los $70.000 millones, pero para la Procuraduría los contratistas, además, deberían responder por $40.000 millones adicionales, pues el contrato tenía una cláusula penal. Aunque aún queda mucho trecho en el proceso, el llamado que hace el Fondo es a que, en pocas palabras, este entramado no lleve a que el Estado pierda aún más dinero.
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